BRASIL: La seguridad en Río de Janeiro depende de policía privada

Las empresas privadas de seguridad en esta ciudad, considerada la más violenta de Brasil, concentran un plantel de agentes cinco veces más numeroso que el personal activo de la policía estatal.

Un estudio del periódico O DIA señala que en Río de Janeiro, con unos 5,5 millones de habitantes, existen cerca de 150.000 personas trabajando para compañías privadas de vigilancia, mientras el total de policías públicos involucrados de manera directa en tareas de seguridad ciudadana no supera los 30.000.

Este caso es considerado el más sintomático de Brasl, ya que casi la mitad de los agentes de seguridad estatales trabajan también en organismos privados.

Sao Paulo, en cambio, tiene 48.000 policías públicos en las calles, y supera en cantidad a los vigilantes privados, para cuidar a casi 9,5 millones de habitantes.

La investigación también revela que casi 40 por ciento de las empresas privadas de seguridad no tienen autorización legal para operar.

Los llamados "chalecos negros", por la vestimenta que suelen usar los policias privados, pueden ser vistos en condominios de viviendas, centros comerciales, supermercados, restaurantes y edificios de departamentos.

Pero hasta las empresas registradas legalmente actúan al margen de la ley, porque utilizan los llamados "contractos de boca", acuerdos sin documentar por el cual un policía gana un suplemento en su sueldo para trabajar sin los derechos laborales correspondientes.

Un policía estatal puede ganar en su tiempo libre en ciudades como Río de Janeiro y Sao Paulo, las más grandes del país, hasta una vez y media el valor de su sueldo regular.

Un agente poco calificado recibe del gobierno el equivalente a 270 dólares mensuales en las principales ciudades de Brasil, y para centros urbanos menos pobladas el sueldo baja a 180 dólares.

"La policía privada es un recurso tolerado por los organismos oficiales de seguridad pública porque funciona como una especie de compensación por los bajos sueldos de la policía", dice Ruben Fernández, director del Instituto de Estudios de la Religión y experto en temas de seguridad.

Pero, si por un lado la policía informal neutraliza u oculta demandas de orden económica como las que provocaron las protestas de 1997, por otro crea una relación muy compleja entre la población y los agentes privados.

Un mes atrás un grupo de habitantes de barrio de clase media en Río de Janeiro presentó una demanda legal contra una empresa privada de seguridad, que aumentó 15 por ciento el precio de sus servicios.

Fue una actitud desesperada de los moradores, que denunciaron un intento de chantaje por parte de los policías privados. "Quedamos como rehenes", afirmó uno de los residentes a IPS.

Unos 360.000 policías militares están en actividad, mientras 130.000 son jubilados, en los 26 estados brasileños. Esa información divulgada hace dos ands por el Consejo Nacional de Comandantes de Policias Militares no contempla a los policías civiles, encargados de la investigación de delitos.

Las policías de Río de Janeiro y Sao Paulo componen casi 40 por ciento del total de efectivos de todo el país, pero atienden la seguridad de sólo 32 por ciento de la población brasileña. (FIN/IPS/cc/dm/dv/99