MOSCU – Activistas denuncian una campaña del gobierno de Uzbekistán para silenciar las críticas a la represión de musulmanes y otros opositores, aunque las autoridades afirman que sólo se trata de medidas para preservar la estabilidad política.
"El gobierno uzbeko no puede ser más radical de lo que es ahora", declaró Abdufattah Mannapov, subdirector del comité asiático del Centro de Derechos Humanos, con sede en Moscú.
La activista Mahbuba Kasymova fue sentenciada el día 14 a cinco años de prisión por considerarse ilegal a su grupo, la Organización Independiente de Derechos Humanos de Uzbekistán (OIDHU).
"La condena a Kasymova es una farsa. El objetivo de las autoridades consiste en silenciar a todos los activistas independientes", acusó Holly Cartner, directora de la división europea y centroasiática de la organización Human Rights Watch.
La sentencia de Kasymova siguió a la muerte en custodia el 19 de junio del miembro de OIDHU Ajmadjon Turajonov, a la detención y posterior golpiza el 25 de junio de su presidente, Mijail Ardzinov, y al arresto el día 12 del activista Ismail Adylov. —-
