Perú se rehusará en adelante a aceptar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en rechazo a la anulación por parte de este tribunal de la condena a cadena perpetua por terrorismo de cuatro chilenos.
El gobierno de Perú, que tiene varios casos en su contra pendientes ante la CIDH, no denunciará, sin embargo, la Convención de Derechos Humanos o Pacto de San José, cuyos postulados seguirá respetando, según decidió el parlamento por 64 votos contra 33 y una abstención.
Hernán Salgado, presidente de la CIDH, declaró en la noche del miércoles en San José para los noticieros de televisión de Lima que el retiro de Perú de la jurisdicción de la corte y la permanencia en el Pacto de San José "no es jurídicamente viable".
Esta posibilidad "no figura dentro del espíritu y la letra de la Convención Americana de Derechos Humanos", dijo Salgado.
En consecuencia, anunció que la CIDH, con sede en la capital de Costa Rica, proseguirá analizando y fallando sobre los casos pendientes y los que sean presentados en el futuro mientras Perú continúe adhiriendo a la Convención, y recordó que la denuncia requiere un plazo mínimo de 12 meses.
La CIDH fue creada como instrumento para aplicar la Convención y como instancia supranacional a la que pueden acudir personas e instituciones de los países signatarios que consideren que sus derechos civiles han sido lesionados por los gobiernos.
El último fallo de la CIDH contra Perú declaró nula la sentencia a los cuatro chilenos del guerrillero Movimiento Revolucionario Tupac Amaru porque fue emitida por un tribunal militar.
El fallo también reclama a Perú la reforma de los dispositivos legales que encargan a tribunales militares el juzgamiento de civiles acusados de terrorismo y de traición a la patria.
Esta recomendación fue declarada "inaceptable" por Fujimori, quien recordó que los tribunales militares fueron creados porque los jueces civiles y sus familiares eran amenazados de muerte por organizaciones terroristas.
"El propio Abimael Guzman, así como otros dirigentes del criminal partido maoísta Sendero Luminoso fueron declarados inocentes por falta de pruebas por jueces asustados. Para detener la violencia política que costó 30.000 muertos y desaparecidos necesitamos tribunales enérgicos", afirmó Fujimori.
Pero la acción de los tribunales militares, compuestos por jueces enmascarados para evitar que sean identificados, violó las garantías del debido proceso, según organizaciones defensoras de los derechos humanos y la CIDH.
La ruptura con la CIDH es respaldada por del 64,7 por ciento del electorado, más del doble que el apoyo a Fujimori, mientras solo 23,7 por ciento consideran que se debe acatar el fallo, según la firma encuestadora Apoyo, Opinión y Mercado.
"El electorado se muestra descontento con los resultados económicos de la gestión de Fujimori, especialmente con el alto desempleo, pero sigue considerando que uno de sus mayores méritos es su política antiterrorista", explicó Alfredo Torres, de la empresa encuestadora.
Pero parlamentarios opositores afirman que el terrorismo ya ha sido prácticamente liquidado, aunque admiten que subsisten focos en áreas selváticas, y acusaron a Fujimori de magnificar su rebrote con informaciones alarmistas en las últimas semanas.
La intención del mandatario es asustar a la población y favorecer sus proyectos reeleccionistas, agregaron.
Los opositores afirman también que la ruptura con la CIDH tiene el propósito de abrir paso a la ilegal intención de Fujimori de postularse para un tercer período presidencial consecutivo en las elecciones del 2000.
La CIDH se aprestaba a ordenar la restitución en sus cargos de los miembros del Tribunal Constitucional destituidos por oponerse a la reelección, afirmaron los legisladores de la oposición en el debate de más de 12 horas.
Los portavoces del gobernante partido Cambio 90 no replicaron esa acusación, y se limitaron a sostener que rechazan a la CIDH porque su fallo revela incapacidad política para entender las medidas extraordinarias que Fujimori debió adoptar para derrotar a la subversión.
El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, Oscar Medelius, sostuvo que acatar el fallo de la CIDH motivaría a los 1.800 presos acusados de terrorismo a acogerse al mismo dispositivo.
Medelius pronosticó que, en ese caso, "los jueces civiles serían nuevamente intimidados y muchos de ellos ordenarían la libertad de los subversivos".
Javier Alva Orlandini, líder del centrista y opositor partido Acción Popular, sostuvo que "la salida de la jurisdicción de la Corte de San José dejará a 24 millones de peruanos desamparados frente a un gobierno pertinaz violador de derechos humanos y civiles".
Edgar Nuñez, del socialdemócrata Partido Aprista Peruano, agregó Fujimori tiene otros motivos para esta decisión. "El gobierno quiere apartar a Perú de la CIDH para atentar impunemente contra la libertad de prensa y no devolver su canal de televisión al ciudadano Baruch Ivcher", dijo.
El gobierno de Perú despojó de su ciudadanía a Ivcher, propietario de una televisora crítica del gobierno nacido en Israel, de su nacionalidad.
La única sanción que puede disponer la CIDH ante el incumplimiento de sus fallos es una comunicación a la Organización de Estados Americanos, recordó en el debate el parlamentario opositor Fernando Olivera.
Eso ya ocurrió. Perú fue condenado indemnizar a los familiares de los 300 presos políticos muertos al aplastarse la rebelión de militantes de Sendero Luminoso en cuatro cárceles de Lima y Callao en junio de 1986, cuando el aprista Alan García, hoy en el exilio, era presidente, dijo Olivera.
García fue acusado por sus adversarios de haber ordenado en persona el exterminio de los amotinados. Muchos senderistas presos recibieron disparos en la cabeza luego de rendirse.
La oposición sostiene que el retiro de la CIDH acarreará a Perú desprestigio internacional, reducción del apoyo financiero externo y retracción de las inversiones extranjeras.
Algunos dirigentes empresariales, como Carlos Bruce, presidente de la Asociación de Exportadores, y Roque Benavides, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, expresaron hoy su inquietud al respecto. (FIN/IPS/al/mj/ip hd/99
