Cuba acusó a los exiliados de extrema derecha en Miami de alentar la emigración ilegal hacia Estados Unidos en aras de provocar una crisis migratoria que conduciría a un serio conflicto bilateral.
La intención a corto plazo sería la liquidación de los acuerdos migratorios vigentes entre La Habana y Washington, afirmó un editorial publicado el viernes por el diario Granma, órgano oficial del gobiernante Partido Comunista de Cuba (PCC).
El fin del entendimiento, unido a la Ley de Ajuste Cubano de Estados Unidos y el bloqueo económico, "daría lugar a impulsos migratorios tales que originarían un inevitable conflicto entre Estados Unidos y Cuba", aseguró Granma.
La Ley de Ajuste Cubano, aprobada el 2 de noviembre de 1962, considera como perseguido político a cualquier persona procedente de Cuba que llegue a Estados Unidos de forma ilegal y establece su estatus como residente al año y un día de su arribo.
Refiriéndose a lo que el gobierno de Fidel Castro llama "la mafia cubana de Miami", Granma aseguró que estas personas "sueñan, deliran, pensando gozosos en que Cuba se convierta en una especie de Serbia".
"No cesan de acariciar la idea de ver a nuestro país bloqueado militarmente o atacado con miles de bombas y misiles que aniquilen los medios y servicios vitales de nuestro pueblo", añadió el editorial.
La lógica oficial parte de que un nuevo éxodo masivo de cubanos a Estados Unidos sería interpretado como una amenaza a la seguridad nacional de ese país vecino y justificaría una intervención militar en la isla.
En agosto de 1994 más de 30.000 personas emigraron de Cuba en lo que se conoció como "la crisis de los balseros", que condujo a los acuerdos migratorios rubricados en septiembre de ese año y mayo de 1995 y aún vigentes.
Antes de eso, se habían producido otras dos grandes oleadas migratorias a Estados Unidos. La primera fue de unas 5.000 personas en 1965 y la segunda fue de más de 125.000 personas que salieron en 1980 por el puerto del Mariel, en las afueras de La Habana.
Por lo general, se repite el mismo esquema. Cuando aumentan las salidas ilegales, Estados Unidos toma medidas contra el gobierno de Castro y Cuba responde con la apertura de fronteras que pone punto final a cualquier acuerdo existente.
"No existe ni la más remota posibilidad de que la Revolución autorice o permita ningún tipo de éxodo masivo", subrayó Granma, al tiempo que reconoció el estricto cumplimiento de los acuerdos por parte del gobierno estadounidense.
El órgano del PCC advirtió que Cuba responderá enérgicamente a cualquier tendencia dirigida a estimular a emigración ilegal y que "el peso de las medidas caerá fundamentalmente sobre los que ostenten las responsabilidades principales".
Los acuerdos migratorios vigentes entre La Habana y Washington estipulan la entrega de al menos 20.000 visas a cubanos que deseen establecerse definitivamente en Estados Unidos, cuota que se ha cumplido año tras año.
Unas 100.000 personas, entre ellas familias completas, han emigrado legalmente desde entonces a Estados Unidos, según fuentes oficiales cubanas.
Se acordó, además, la repatriación de toda persona sorprendida en el intento de llegar ilegalmente a territorio estadounidense o que ingrese en la Base Naval de Guantánamo, enclave militar del país norteamericano a 971 kilómetros de La Habana.
Por su parte, Cuba se comprometió a cuidar sus fronteras para evitar el éxodo ilegal y a no tomar represalias de ningún tipo contra los repatriados por el delito de salida ilegal del país.
Pero autoridades de ambos países reconocieron el pasado año que el aumento del control en el estrecho de Florida favoreció el florecimiento del negocio del tráfico ilegal de inmigrantes desde Cuba.
Los emigrantes cubanos en Estados Unidos pagan hasta 8.000 dólares a los traficantes ilegales por cada familiar que transporten a ese país, por lo general personas que no cumplen los requisitos para obtener una visa legal.
El editorial de Granma sucedió al anuncio oficial este miércoles de que serán juzgados en la isla Joel Dorta García y David García Capote, dos traficantes de emigrantes procedentes de Estados Unidos.
Dorta y García tripulaban una lancha rápida que zozobró en las cercanías de la costa norte cubana el día 3 con otras 14 personas a bordo. Durante el incidente murió una persona y el resto, entre ellos cinco menores, fueron rescatados por los guardafronteras cubanos.
Los encartados en el tráfico ilegal de inmigrantes podrían ser condenados a cadena perpetua, de acuerdo con las últimas modificaciones realizadas al Código Penal en febrero pasado.
Granma aseguró que en los últimos meses han sido detenidos 35 traficantes, 26 de ellos antes de la reforma legal y 9 después del endurecimiento de las sanciones.
Para las autoridades de la isla el "juego" del ala más anticastrista del exilio consiste en alentar la emigración ilegal, provocar a los guardacostas estadounidenses para evitar las repatriaciones y difundir la idea de que Cuba está tolerando las salidas ilegales.
Por ese camino, aseguró Granma, estas personas claman "por un bloqueo total de combustible a Cuba para que no ocurra una sola salida ilegal de las que ellos mismos tratan de incitar por todos los medios". (FIN/IPS/da/mj/ip hd/99
