En los cuatro países del Mercado Común del Sur (Mercosur) comienza a instalarse un debate público sobre los organismos genéticamente modificados, pero las actitudes de los respectivos gobiernos varían de un extremo al otro.
Brasil ha avanzado hacia la limitación o la prohibición de los cultivos transgénicos, mientras en Argentina rige el criterio totalmente opuesto, al tiempo que Paraguay y Uruguay se mantienen en una posición expectante.
El juez federal brasileño Antonio Prudente prohibió en mayo la producción en todo el país de la soja transgénica, fallando a favor de una demanda presentada por el Instituto de Defensa del Consumidor (IDEC) y la filial brasileña de la organización ambientalista internacional Greenpeace.
Ambas instituciones habían solicitado la suspensión de la autorización gubernamental para la siembra comercial de soja transgénica.
Aducían que la empresa local Monsoy, filial de la compañía estadounidense Monsanto, no había presentado los obligatorios estudios e informes sobre el impacto ambiental que tendrían estos cultivos.
El juez advirtió, además, a los ministerios de Agricultura, de Medio Ambiente y de Salud que a partir de su decisión cualquier cultivo de esas semillas será considerado ilegal.
Esas dependencias gubernamentales habían dado su aprobación a la cinco variedades de soja transgénica de Monsoy, resistentes al agrotóxico Roundup.
Tras la resolución judicial, el ministro de Medio Ambiente, Sarney Filho, reclamó que se suspendieran los cultivos y la comercialización en Brasil de productos transgénicos hasta tanto no se efectúen estudios de impacto ambiental.
La abogada Flavia Lefevre Guimaraes, coordinadora del departamento jurídico del IDEC, señaló que "por fin se consiguió el reconocimiento de que liberar estas semillas en esas condiciones era un acto irresponsable".
"Será muy difícil para Monsanto revertir la decisión del juez", agregó
A su vez, el director de Reglamentación y Biotecnología de la empresa transnacional, Luiz Abramides, afirmó que "el asunto está a estudio del departamento jurídico" e indicó que no deseaba "adelantar ninguna opinión hasta que esa dependencia no se pronuncie".
El fallo de Prudente estuvo precedido por una decisión del estado de Paraná de prohibir el cultivo de productos transgénicos en todo su territorio, atendiendo la amenaza de los importadores europeos de suspender completamente sus compras de granos en el estado.
El gobernador de Río Grande del Sur, Olivio Dutra, del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), se pronunció también a favor de declarar a ese estado "totalmente libre de transgénicos".
Dutra emitió un decreto estableciendo severas restricciones para el desarrollo de sembrados experimentales con semillas transgénicas en todo el territorio estadual.
Una de las exigencias planteadas en el decreto es la presentación previa por parte de las empresas responsables de un estudio de impacto ambiental, así como evaluaciones técnicas que autoricen la experiencia y avalen que ellas respetan las normas establecidas por la Comisión Técnica Nacional de Biotecnología.
El diputado del PT Elvino Bohn Gass presentó en el Congreso de Río Grande del Sur un proyecto de ley que prohibe "el cultivo comercial y la venta de productos genéticamente modificados destinados a la alimentación humana o animal".
El legislador fundamentó su proyecto en "el desfasaje existente entre la complejidad de estos nuevos seres vivos y el escaso nivel de profundidad alcanzado por los científicos".
Según Bohn Gass, "los 'inventores' de estos productos han estudiado apenas el 0,2 por ciento de todo lo que hay para saber acerca de los genomas que aprendieron a trasladar a otras especies".
Ello indica que con la manipulación genética "se puede estar modificando otras características del organismo original, con consecuencias irreversibles para la naturaleza".
En ámbitos políticos de Brasil se estima que la ley tiene muchas posibilidades de ser aprobada, en especial por razones económicas.
Río Grande del Sur produce 22 por ciento de toda la soja brasileña, y en la actualidad obtiene en Europa y Japón, donde exporta casi la totalidad de su producción, un precio 50 por ciento superior a la transgénica, justamente, por su calidad "natural".
Por otra parte, el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, que reúne a centenares de miles de campesinos que luchan por una reforma agraria en Brasil, amenazó con destruir los cultivos clandestinos de transgénicos en Río Grande del Sur.
Grupos de agricultores armados con guadañas invadieron y destruyeron tres de esos cultivos experimentales en los municipios de Teotonia, Palmeiras das Missoes y Cruzeiro do Sul.
La situación es completamente distinta en Argentina, el segundo mayor país del Mercosur.
Esa nación es la segunda productora del mundo de organismos transgénicos, detrás de Estados Unidos, con más de cuatro millones de hectáreas dedicadas a esos cultivos, en especial de soja, previéndose para este año el inicio de la producción de maíz, girasol, alfalfa y hortalizas genéticamente modificados.
En Argentina operan con total libertad las empresas biotecnológicas transnacionales Novartis, Agrevo y Monsanto, y los empresarios nucleados en la Asociación de Semilleros Argentinos reclaman al gobierno mayor velocidad para la liberación de estos cultivos.
La Comisión Nacional de Biotecnología Agropecuaria aprobó a su vez la solicitud de la empresa Agrevo para experimentar con dos tipos de arroz transgénicos, tolerantes al pesticida glufosinato de amonio, fabricado por la propia compañía trasnacional.
El diario argentino Ambito Financiero anunció que la cosecha de uva 1999-2000 en la provincia de San Juan, al noroeste del país, mediante la adopción de nuevas técnicas de riego y la implantación de cepas transgénicas, llegará a 100 millones de kilos.
Con ello, esa provincia se ubicará en el segundo lugar en el mundo entre los exportadores de uva, detrás de Chile.
En Argentina no se exige etiquetado de los productos transgénicos, y el gobierno se ha alineado detrás de las posiciones de Estados Unidos y las grandes empresas transnacionales de biotecnología.
En Uruguay, entre tanto, el gobierno mantiene una actitud ambigua.
El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca autorizó este año la realización de varias siembras experimentales, pero aún no liberó el cultivo de productos transgénicos.
El Comité de Análisis de Riesgo de Materiales Transgénicos, integrado por varias instituciones estatales uruguayas y encargado de recibir las solicitudes de las empresas, se rige hasta ahora por los criterios aplicados "en otros países".
En realidad, se exige a estos productos los mismos requisitos que a cualquier otro, es decir dos años de siembra experimental.
El Comité autorizó un ensayo con eucaliptos transgénicos, cuya característica es que generan ciertas toxinas que repelen a las hormigas.
En Paraguay, empresas estadounidenses y argentinas han solicitado permiso para introducir semillas transgénicas de soja y maíz, pero el gobierno aún no se expidió al respecto y creó una Comisión de Bioseguridad que integran instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales.
Víctor Benítez, miembro de la Comisión de Bioseguridad en representación de una organización no gubernamental, manifestó que en su país "se está generando un amplio debate sobre los transgénicos".
"Hay muchas personas en el gobierno que tienen dudas razonables sobre los riesgos ambientales y sociales de estos cultivos", indicó. (FIN/IPS/dg/dm/en/99
