El Ejército de Ecuador impidió que un grupo de ambientalistas ingresara a una aldea en la provincia de Pastaza para verificar la existencia de un derrame de petróleo causado por una compañía estadounidense en la selva amazónica.
El grupo de ocho personas, que incluía a la enviada de IPS, representantes de dos organizaciones que defienden los derechos de los indígenas y del grupo Acción Ecológica, con sede en Quito, había sido invitado el día 17 a visitar la aldea de San Virgilio por la comunidad aborigen local.
Miembros de la comunidad aseguraron que un nuevo ducto de 40 kilómetros construido por Arco Oriente está derramando crudo desde hace un mes, próximo a su aldea.
A pesar de la oposición de organizaciones indígenas de la zona, Arco Oriente, subsidiaria de la estadounidense Atlantic Richfield Company (ARCO), y la ecuatoriana Agip Petroleum extraen petróleo de la selva tropical del este del país.
A fines de este año, las compañías esperan extraer más de 30.000 barriles diarios del lugar en el yacimiento petrolífero de Villano.
El oleoducto transporta crudo de los sitios de extracción fuera de la ciudad de Puyo, donde es procesado y enviado al ducto transecuatoriano y de allí a las refinerías costeras para su exportación.
Los militares tienen una fuerte presencia en la zona de 40 kilómetros del oleoducto, contiguo a la comunidad indígena quechua de San Virgilio.
Cuando los ambientalistas intentaron ingresar en el camino que conduce a la aldea, efectivos del Ejército de Pastaza les informaron que la propiedad es privada y que nadie, con excepción de los aldeanos, puede pasar para impedir ataques contra el oleoducto.
"Lo siento, pero tenemos órdenes rigurosas de la compañía de impedir el ingreso a las personas que no sean de la comunidad", dijo a IPS el coronel Alfredo Valladares, comandante del ejército provincial en Pastaza.
Cuando se le dijo que el ejército federal había ofrecido su colaboración al mismo grupo ese mismo día y propuesto llevarlo por helicóptero al sitio del presunto derrame, Valladares confirmó su negativa.
"No importa lo que ocurra en Quito o lo que diga el ejército federal, deben tratar con nosotros que tenemos órdenes estrictas de la compañía", respondió.
Además de impedir el ingreso de los ecologistas al territorio, el ejército de Pastaza se negó a permitir el retorno de los ecologistas a Puyo, desde donde habían partido. Se les dijo que las autoridades militares provinciales no habían recibido la autorización para dejarlos partir.
El grupo, que incluía a un niño de nueve años, se vio obligado a pernoctar en una casa cercana, bajo la guardia de varios soldados armados, hasta que se les permitió volver a Puyo en la mañana siguiente.
El incidente irritó a miembros de la comunidad de San Virgilio que habían acompañado al grupo.
"Este es el territorio de mis ancestros y la compañía nos impide usar un camino que usaba mi abuelo", dijo Flavio Santi, que tiene familia en San Virgilio y es coordinador de comunicaciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae).
Santi denunció la militarización del territorio indígena en la provincia y lo calificó de violación de los derechos humanos de los grupos aborígenes quechua, shuar y achuar, todos de Pastaza.
"No tenían derecho a detenernos sin la documentación que les diera la autoridad para proceder de esta manera", afirmó Cristina Gualinga, profesora de la zona que enseña en español y quechua.
El portavoz de las oficinas de ARCO en Quito, Herb Vickers, dijo que aunque la compañía no dio órdenes al ejército de Pastaza, las tropas provinciales están allí para proteger a la firma.
"Hemos recibido amenazas directas contra el oleoducto y por tanto no tuvimos otra opción que militarizar la zona. Nos convertimos en un objetivo y los militares sólo adoptan las precauciones debidas", declaró.
Vickers negó con firmeza que el oleoducto tenga derrames, aseguró que fue construido con el mayor respeto por las normas ambientales y que se supervisa a diario.
"Francamente, no veo por qué los ambientalistas deben supervisar el oleoducto", comentó.
Pero Simón Santi, quien vive en San Virgilio y trabajó para Arco Oriente durante ocho meses como supervisor ambiental, dijo que él vio personalmente cuatro grandes derrames en el oleoducto.
"Cuando informé a la compañía de los derrames me ordenaron que no los incluyera en mis informes o que los limpiarían. Pero nunca los arreglaron y siguen contaminando la tierra", dijo.
En una zona se formó un derrame de petróleo de cinco metros cuadrados sobre la tierra, aseguró. La lluvia traslada el crudo directamente al cercano río Likino, donde pesca la población indígena.
"El derrame de petróleo se encuentra a no más de 50 metros de San Virgilio", advirtió. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/aq/en/99
