Miles de pequeños y medianos agricultores y ganaderos argentinos se movilizaron hoy en protesta por la crisis del sector, causada por la caída de precios internacionales, las altas cargas fiscales y el endeudamiento.
La Secretaría de Agricultura admitió que este año la cosecha caerá de 67 a 56,6 millones de toneladas, y por lo tanto, los ingresos por este rubro disminuirán cerca de 3.000 millones de dólares.
Los productores rurales llegaron en caravanas formadas por camiones y otros vehículos desde distintos puntos del interior del país hasta la Plaza de Mayo, un tradicional paseo público situado frente a la sede del gobierno nacional.
"Estamos fundidos (arruinados)", gritaba un granjero a quien quisiera oirlo, tras sortear los obstáculos impuestos por un operativo policial de más de 300 efectivos. Los agentes impidieron a los agricultores llegar con tractores y cosechadoras a la Plaza de Mayo y les incautaron frutas que llevaban para repartir en las calles.
La protesta fue convocada por tres asociaciones de pequeños y medianos agricultores y ganaderos: la Federación Agraria Argentina, Coninagro y Confederaciones Rurales Argentinas. En cambio, no participó la Sociedad Rural, que nuclea a los grandes productores rurales.
Los pequeños y medianos constituyen 99 por ciento del total de productores. Según los organizadores, algunos miembros de la Sociedad Rural se plegaron a la protesta, aún cuando sus dirigentes siguen confiando en la negociación con el gobierno,
Los organizadores de la marcha hacia la Plaza de Mayo representan a 300.000 productores que tienen un pasivo estimado en 7.000 millones de dólares y unas 12 millones de hectáreas hipotecadas. Ese total de campos endeudados equivale a cerca de 40 por ciento de la superficie sembrada.
Más de 50 por ciento de las exportaciones de Argentina dependen de la producción agropecuaria, que se obtiene sin subsidios. En los últimos 10 años, en los que gobernó Carlos Menem, la cosecha creció de 27,4 a 66 millones de toneladas, pero para este año se prevé una caída de más de 15 por ciento.
"No queremos irnos a las ciudades a engrosar las 'villas miseria' como desocupados", dijo Jorge Ruiz, un productor de la norteña provincia del Chaco con un campo de 100 hectáreas, refiriéndose a los barrios de emergencia de los suburbios, que no tienen agua corriente ni saneamiento.
La crisis surgió de una coincidencia de factores, algunos externos y otros de orden interno. Entre los primeros se cuenta la caída de precios de los productos agropecuarios, que comenzó con el colapso económico del sudeste asiático.
El precio del girasol disminuyó 40 por ciento respecto del promedio del período 1993-1998, tratándose del trigo, la reducción fue de 30 por ciento, el maíz perdió 32 por ciento y la soja, 36 por ciento.
Otra causa externa de la crisis es la persistencia de los subsidios a la producción y a las exportaciones agrícolas en la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, un estímulo que perjudica a productores eficientes que no cuentan con ayuda del Estado.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Eduardo Duhalde, candidato a la presidencia por el gobernante Partido Justicialista, pidió este miércoles el apoyo del papa Juan Pablo II a la demanda por la eliminación de los subsidios agrícolas.
"Conversé con el Papa sobre el gravísimo problema de los subsidios", que afecta a "los latinoamericanos", dijo Duahlde tras ser recibido por el Papa en el Vaticano.
"Se trata de unos 300.000 millones de dólares que se gastan al año derrumbando los precios de nuestros productos, que (de otro modo) tendrían ventajas comparativas", agregó.
Pero los productores argentinos señalan que en el orden interno hay mucho por hacer. El presidente de la Federación Agraria, René Boneto, sostuvo que, frente a la caída de precios internacionales, los costos internos permanecieron estables y algunos aumentaron.
Nuevos tributos, como el que se aplica a la renta presunta y a los intereses, promulgados por necesidades fiscales del gobierno, son una amenaza adicional para miles de productores del campo, que reclaman su derogación.
Los dos nuevos impuestos representan unos 500 millones de dólares, que los agricultores decidieron no pagar.
Para frenar la medida de fuerza, el secretario de Agricultura Ricardo Novo prometió una rebaja del peaje para el transporte de granos. Pero la decisión comenzó a aplicarse cuando ya se había levantado y transportado prácticamente toda la cosecha.
Los productores ya habían realizado un paro de tres días en abril, al que adhirió también la poderosa Sociedad Rural, y los pequeños y medianos lanzaron una segunda protesta un mes después, debido a la falta de respuestas. (FIN/IPS/mv/ff/dv/99
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