/REPETICION/ CUBA: Quejas por corrupción salen a la luz

La corrupción llegó a Cuba, a pesar de los esfuerzos del gobierno de Cuba por preservar a este país socialista del fenómeno, según un informe sobre las quejas de la población publicado hoy por el diario oficialista Granma.

Las quejas sobre "desvíos y uso indebido de recursos estatales o presunta malversación" ocuparon el primer lugar entre los planteamientos de ciudadanos que dieron origen a procesos de investigación del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC) el pasado año.

A las 439 causas iniciadas por este motivo se sumaron 247 por "descontrol económico e irregularidades y falta de exigencia administrativa" y 66 por "entrega indebida de viviendas, alteración de precios y otros problemas laborales".

Las investigaciones también incluyeron violaciones de la política de empleo, maltratos a la población, inconformidades con medidas disciplinarias, falta de prestigio de funcionarios públicos y conducta social impropia de militantes comunistas.

De 73.045 planteamientos recibidos por el PCC en todos sus niveles de dirección, 21.823 representaron denuncias, de las cuales el PCC decidió emprender la investigación de 1.156 por "la envergadura de los hechos planteados".

"En 77 por ciento de los procesos concluidos quienes habían formulado la queja o la denuncia tenían razón total o en parte", afirmó el informe publicado este miércoles por el diario Granma, órgano oficial del PCC.

El periódico aseguró que las investigaciones generaron "un importante número de severas sanciones políticas y administrativas" y el inicio de procesos penales por robo, desvío de recursos, malversación y otras violaciones.

En Cuba, con más de 11 millones de habitantes, las quejas de la población son una prioridad del PCC, reflejan la confianza popular en la organización partidista y las ineficiencias en la atención a la población del aparato administrativo, según Granma.

De acuerdo con la publicación, entre los cuestionados figuraban 1.456 militantes del Partido Comunista, en su mayoría con responsabilidades en niveles de base.

La información coincide con una ola de rumores sobre sustitución de funcionarios públicos en varios sectores de la economía cubana que se mantiene ausente de las páginas de la prensa controlada por el Estado.

El portavoz de la Cancillería cubana, Alejandro González, confirmó a la prensa extranjera el día 10 la aplicación de "medidas puntuales" (concretas) contra varios funcionarios de la empresa turística Rumbos que "han cometido algunas indisciplinas".

González aseguró que "los errores no se vinculan a hechos de corrupción" y que "no existe ninguna situación traumática o caótica en el sector del turismo", al tiempo que negó algún tipo de campaña oficial anticorrupción en curso.

El caso de Rumbos "explotó" por la asociación de esa empresa estatal con la operadora turística mexicana Cubamor, que trasladaba a la isla unos 17.000 visitantes cada año.

Cubamor colocó un anuncio en Internet que entre sus opciones en la isla incluía el turismo sexual.

Fuentes cercanas al sector aseguran que el Comité Central del PCC envió una carta a directivos de las empresas generadoras de divisas en la cual calificó a los funcionarios de Rumbos de personas de "mentes débiles, de poco carácter y mala administración".

La misiva exhorta a evitar conductas antisociales que lesionen la economía y expresa preocupación por casos de corrupción en áreas estratégicas, según esas fuentes.

Más allá del caso Rumbos, varias versiones aseguran que han sido removidos de sus cargos altos funcionarios de la mayor empresa turística de la isla, Cubanacán, de la cadena hotelera Horizontes y de la firma Publicitur.

De ser cierto, la "purga" alcanza otras entidades que operan con divisas extranjeras, la industria biotecnológica y a militares que habrían autorizado venta de vehículos sin los permisos correspondientes y traficado con dólares.

El gobierno de Cuba intentó evitar la corrupción entre los funcionarios públicos con la aprobación en 1996 de un Código de Etica que fue firmado por los dirigentes de todos los niveles, empezando por el propio presidente Fidel Castro.

El vicepresidente Carlos Lage afirmó el 18 de julio de ese año, tras la presentación del documento, que la dirección del país tiene el deber de trabajar para evitar "a cualquier precio" que aparezca la corrupción.

El gobierno aspira a mantenerse alejado de fenómenos como éste y, al mismo tiempo, seguir su proceso de apertura al capital extranjero y relacionarse con un mundo donde "los vicios y la corrupción no son excepciones", dijo Lage.

"Quienes asuman la administración estatal no deben beneficiarse ni beneficiar a otros por razón de parentesco o amistad, o a cambio de recibir otros favores", señala el código que fue complementado por un acuerdo para su reglamentación.

La reforma de 1997 al Código Penal incluyó sanciones de ocho a 20 años de prisión a los hallados culpables del delito básico de corrupción administrativa tipificado como "cohecho".

La legislación contempla también sanciones contra el tráfico de influencias, la malversación y el desvío de recursos como formas de incumplimiento del deber de preservar los bienes del Estado.

Una nueva reforma aprobada a inicios de este año estableció la pena de muerte para funcionarios públicos que aparecieran involucrados en acciones de narcotráfico.

Uno de los casos más conocidos de corrupción entre altos dirigentes es el que involucró al ex presidente del Instituto Cubano de Aeronaútica Civil Luis Orlando Domínguez, condenado a prisión en 1987 por llevar un nivel de vida excesivamente alto.

A mediados de 1989, el proceso a un grupo de militares acusados de corrupción y narcotráfico culminó con la pena de muerte para el general Arnaldo Ochoa, el coronel Antonio de la Guardia, el capitán Jorge Martínez y el mayor Amado Padrón.

En 1992, Carlos Aldana, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, fue destituido y enviado a trabajar fuera de la capital de Cuba por uso indebido de su cargo para beneficio personal.

Granma advirtió este miércoles que "no hay no habrá impunidad para quienes violen la legalidad, pervientan su función pública y dejen de ser acreedores de las cualidades de un militante comunista". (FIN/IPS/da/mj/ip//99

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