Activistas de Mozambique consiguieron detener un controvertido proyecto financiado por Dinamarca para quemar pesticidas caducos en una fábrica de cemento de Matola, a 15 kilómetros de la capital.
Los críticos, integrantes de organizaciones comunitarias y ambientalistas, alegaron que la incineración de residuos tóxicos es rechazada en los países industrializados porque, incluso en óptimas condiciones de seguridad, se liberan sustancias cancerígenas como las dioxinas y los furanos.
Esas sustancias contaminan el aire y las cadenas alimentarias, y representan una amenaza para los obreros encargados de la incineración.
El proyecto fue patrocinado por Danida, la agencia internacional de asistencia al desarrollo del gobierno de Dinamarca.
Danida aseguró que ayudaría a Mozambique a crear un sistema nacional de eliminación de residuos tóxicos, y que se encargaría de unas 500 toneladas de pesticidas caducos recolectados a lo largo del país, que incluyen 42 toneladas de productos prohibidos a nivel mundial por su peligrosidad.
La agencia se propone pagar a la compañía danesa Monberg y Thorsen para que instale una estación de tratamiento de residuos en Matola. El estudio de impacto ambiental fue encargado a MGF, otra firma danesa. En total, el costo del proyecto es de 8,8 millones de dólares.
Cuando las noticias sobre el proyecto aparecieron en la prensa local, se formó de inmediato un grupo de presión para combatirlo, integrado por ambientalistas y miembros de organizaciones comunitarias. Su nombre es Livaningo, que significa "la luz protectora" en lenguaje shangaan.
Livaningo exigió un estudio independiente de impacto ambiental, que fue llevado a cabo a principios de este año por la consultora Impacto, la empresa británica Administración de Recursos Ambientales y el Consejo para Estudios Científicos e Industriales, con sede en Sudáfrica.
En las conclusiones de ese estudio se criticó a Danida por no haber considerado opciones menos riesgosas y contaminantes que la incineración, como la exportación a estaciones de tratamiento de residuos con buenos antecedentes de seguridad, o procedimientos químicos de eliminación de la toxicidad sin combustión.
Se estimó que costaría 2,2 millones de dólares devolver 200 toneladas de los pesticidas caducos a sus productores, las compañías Bayer y Zeneca, y mandar el resto a una estación de tratamiento de residuos en la vecina Sudáfrica.
El estudio independiente tambien criticó el lugar elegido para almacenar los pesticidas e instalar la estación de residuos, un viejo depósito de la compañía agrícola Boror.
Ese sitio fue contaminado por vaciamientos peligrosos previos, no fue descontaminado y se encuentra entre viviendas, tiendas comerciales y fábricas. Drenajes tóxicos podrían filtrarse en las tuberías de agua potable y en las napas subterráneas.
Antonio Reina, director de la Fundación de la Fauna Silvestre en Peligro e integrante de Livaningo, advirtió que los bidones empleados para almacenar los pesticidas no son herméticos ni están etiquetados, y que algunos estallaron por el calor.
También señaló que, debido a la falta de condiciones adecuadas de seguridad, los vecinos pueden obtener esos recipientes para transportar agua.
En mayo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación (FAO) alertó sobre el peligro del almacenamiento deficiente de pesticidas caducos en países en desarrollo. Los recipientes de metal se corroen, drenan y pueden contaminar los sistemas de irrigacion y de agua potable, señaló la FAO.
Un funcionario de Danida consultado por IPS en Maputo declinó hacer comentarios sobre el almacenamiento y los estudios ambientales. Peter Larsen, asesor de Danida, sólo dijo: "La decisión está en manos del gobierno de Mozambique y nosotros nos atendremos a ella, pero avalamos nuestro estudio de impacto".
Livaningo se quejó de que ésa fue la actitud de Danida en todo momento. "Su arrogancia es sorprendente", afrimó Reina.
Danida se rehusó a dialogar con Livaningo durante meses hasta que la coalición amenazó con organizar una manifestación en la cual los activistas se sentarían frente al elegante hotel Polana, donde se alojaban los auditores de la empresa.
En octubre, un representante de Livaningo expresó las objeciones de la organización al Poder Ejecutivo y el Parlamento danés.
La organización internacional ambientalista Greenpeace inició una campaña de presión, y el año pasado envió a dos expertos en residuos tóxicos a Maputo para que se reunieran con los dirigentes de Livaningo y la comunidad de Matola. En su conferencia de prensa no hubo representantes de Danida.
"Livaningo ha tratado durante meses de comunicar al ministro danés de Desarrollo, Paul Nielson, sus temores de que el incinerador y la estación de tratamiento residuos sean innecesariamente contaminantes y se conviertan en un imán para los traficantes internacionales de basura peligrosa", señaló Greenpeace.
En el proceso se descubrió que el gobierno de Mozambique autorizó en 1996 a una oscura compañía llamada Grupo Internacional de Residuos Mozambique a importar residuos peligrosos.
Esta acción violó las convenciones internacionales de Bamako, Lome IV y Basilea, contra el vaciamiento de sustancias tóxicas en países pobres.
La autorización fue revocada.
El Ministerio de Coordinación Ambiental de Mozambique (MICOA) ha sido más receptivo que Danida. Accedió a la realización del estudio independiente de impacto ambiental y a discutir sus resultados en reuniones públicas en Matola y Maputo.
El proyecto fue suspendido hasta que el MICOA adopte una decisión, pero las autoridades sostienen que Mozambique necesita desarrollar un sistema nacional de eliminación de residuos tóxicos.
"La incineración no es el mejor método, pero ninguno es absolutamente libre de contaminación. Encontramos un donante que nos ayuda a librarnos de la dependencia de países extranjeros", declaró Francisco Mbjaia, secretario permanente del MICOA.
Mbjaia añadió que el ministerio está elaborando una estrategia a largo plazo para almacenar residuos tóxicos, comenzando con una verificación de su actual existencia.
Reina admitió la necesidad de "una política nacional sobre residuos para nuestras necesidades presentes y futuras, incluyendo los detritos de metal pesado que la proyectada planta de aluminio Mozal podría generar", pero agregó que "quemar pesticidas en los hornos no es la solución correcta".
Los residentes de Matola se han movilizado muy activamente contra el proyecto. El 15 de mayo, unos 60 líderes de comunidades locales, eclesiásticos y vecinos discutieron un plan de acción que incluyó desde la formación de comisiones vecinales hasta la realización de demostraciones callejeras.
Esta es la primera vez que la sociedad civil de Mozambique se opone al Estado y a un donante clave en relación con un proyecto cuestionado por sus efectos sobre el ambiente.
"Quedamos perplejos cuando nos dimos cuenta de que no habíamos sido consultados. Ahora estamos informados y sabemos que no queremos incineración ni almacenamiento de pesticidas en Matola", aseguró el activista Eduardo Eugenio Nhabonga. (FIN/IPS/tra- en/ms/mn/ego/mp/en ip/99)
