Aamir Ageeb murió encadenado de pies y manos en el avión que lo llevaba deportado de Alemania a su Sudán natal. Los policías que le acompañaban le habían puesto un casco de moticiclista para que no se golpeara la cabeza, según dijeron.
El vuelo de Lufthansa desde Frankfurt hasta Jartum vía El Cairo constituía para los agentes un operativo de deportación rutinario. Los dos policías sentados junto a Ageeb, de 30 años, empujaron la cabeza del inmigrante hacia abajo todo lo que pudieron.
Cuando trataron de incorporarlo, no pudieron. Estaba muerto.
"Estos son los resultados mortales de una política inhumana hacia los solicitantes de asilo", afirmó Heiko Kauffman, portavoz de la organización alemana Pro Asyl.
Esta muerte siguió, la semana pasada, a la de Marcus Omofuma, un deportado de Austria originario de Sierra Leona, cuatro semanas atrás, al parecer sofocado, cuando las autoridades de Austria lo amordazaron durante su deportación desde Viena.
A estos hechos se suma la muerte en septiembre de una mujer nigeriana deportada desde Bélgica en septiembre, sofocada con una almohada por la policía, un caso que precipitó la renuncia del ministro del Interior Lous Tobback.
Esos episodios suscitaron interrogantes sobre los métodos policiales empleados en Europa con los solicitantes de asilo, en particular aquellos del mundo en desarrollo. Activistas de derechos humanos de Europa están convencidos de que el trágico fin de estos casos es casual.
Las víctimas en todos estos casos fueron africanos, no obstante lo cual dos tercios de los solicitantes de asilo en Europa occidental proceden de Europa oriental y los Balcanes. El caso de la mujer nigeriana provocó clamor en Bélgica y la renuncia del ministro del Interior, Louis Tobback.
El debate por la muerte de Omofuna en Austria, donde gobierna la derecha, desató un gran debate público que no pasó desapercibido en Alemania, cuyo ministro del Interior, Otto Schily, pidió una revisar de los métodos de deportación.
Sin embargo, no se reprodujo tras la muerte de Ageeb el clamor que se produjo cuando murió Omofuna. Los policías que lo acompañaban ni siquiera fueron suspendidos mientras se investiga el hecho. Nadie pidió la renuncia de Schily.
El caso de Ageeb no apareció en la portada de los diarios, como sí sucedió en Austria y en Bélgica con los casos anteriores.
El gobierno del estado de Baviera, a cargo de la conservadora Unión Social Cristiana, que ordenó la deportación de Ageeb, se niega, incluso, a detener la deportación de solicitantes de asilo que resisten la medida, como ordenó el lunes el ministro Schily.
"Eso, simplemente, premiará a los deportados violentos", dijo el ministro bávaro del Interior, Guenther Beckstein, conocido por su dureza hacia extranjeros y refugiados.
Beckstein calificó la orden de Schily de "una reacción enferma de consideración".
Por su parte, el Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) elogió la decisión de Schily y pidió que las deportaciones se hicieran "solo bajo condiciones humanas".
Las autoridades bávaras quieren deportar a otro sudanés solicitante de asilo quien, afirmaron, trató de escapar cuando quisieron expulsarlo por primera vez el año pasado, e insisten en que seguirán adelante.
Sin embargo, como la policía fronteriza está bajo jurisdicción federal, las autoridades bávaras no están en condiciones de desafiar a Bonn. En efecto, las deportaciones no pueden concretarse sin el concurso de esa dependencia policial.
Más de 17.000 solicitantes de asilo fueron deportados en 1997, 11.000 desde Frankfurt, el principal aeropuerto internacional de Alemania que cuenta con celdas especiales de detención para deportados. La mayoría se marcha de mala gana. Pro Asyl cree que aumenta la violencia en las deportaciones forzadas.
"Algunas veces las deportaciones deben ser interrumpidas debido a la fuerte resistencia", señaló Kauffman. A veces, el comandante del avión se rehúsa a llevar deportados violentos debido al peligro hacia otros pasajeros.
La policía de frontera informó que de las 15.500 deportaciones de solicitantes de asilo realizadas desde enero de 1998, 113 fueron violentamente resistidas.
"Esa gente debió ser calmada por la fuerza", declaró Klaus Ludwig, vocero de la policía fronteriza. Ludwig agregó que una ley prohíbe todos los métodos que impiden la respiración desde la muerte del solicitante de asilo nigeriano Kole Bankole en 1994, que fue amordazado y sedado mientras lo deportaban.
Pro Asyl sostiene que los métodos abolidos todavía están en uso.
Organizaciones europeas de derechos humanos han denunciado incontables incidentes por exceso de fuerza de la policía, episodios que, aseguran, aumentan a medida que se endurecen las normas contra los solicitantes de asilo.
En algunos casos eso se debe a que muy pocas ofertas de asilo son aceptadas por los países europeos, lo cual lleva a desesperados intentos de permanencia. "Los solicitantes de asilo son en extremo depresivos, a menudo reaccionan fuera de sí y, a veces, hasta suicidas", apuntó Pro Asyl.
Sin embargo, grupos humanitarios dijeron que han detectado una alarmante tendencia policial al uso de la violencia en más y más ocasiones.
La organización berlinesa Iniciativa Antirracista documentó tres casos de muerte en el proceso de deportación desde Alemania entre 1993 y 1998, y 58 heridos. Las muertes incluyeron el caso de un bebé nonato de una mujer kosovar deportada en febrero de 1998 en circunstancias todavía no aclaradas.
El grupo sostuvo que hubo docenas que intentaron quitarse la vida y otros lograron suicidarse cuando se los amenazó con la expulsión y debieron afrontar el posible retorno a su país.
Incluso sin esas estadísticas, la mayoría de las deportaciones, en particular de africanos, son realizadas sin ningún respeto por la dignidad humana, según Pro Asyl.
La organización denomina a las deportaciones "inhumanidades organizadas"
En abril de 1998, Joseph Gyimah, de Ghana, fue deportado de Berlín. La policía fronteriza fue criticada por haber maniatado a Gyimah, y testigos durante el vuelo informaron que fue encadenado al asiento por las piernas y el vientre.
La Comisión contra la Tortura del Consejo de Europa, con sede en Estrasburgo, pidió información a las autoridades alemanas sobre el uso de la fuerza en las deportaciones desde el aeropuerto de Frankfurt.
Una delegación del Consejo incluso visitó el aeropuerto en mayo de 1998 en respuesta a las quejas de varios grupos humanitarios.
Entre 1997 y la primera mitad de 1998, se produjeron no menos de ocho investigaciones legales contra la policía fronteriza alemana en el aeropuerto de Frankfurt por maltratar a deportados y maniatarlos.
Mientras, en Alemania, el Partido Verde, que integra la coalición de gobierno que encabeza el Partido Socialdemócrata, dijo que la apatía publica y la falta de clamor contra las autoridades hace prever "más casos semejantes". (FIN/IPS/tra- en/ys/ak/ego/mj/hd pr/99
