El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto que, si se convierte en ley, dará lugar al pago de dos tercios de los 1.500 millones de dólares que este país debe a la ONU por concepto de aportes atrasados.
La votación casi unánime de la cámara alta constituye un primer paso fundamental hacia el cumplimiento de la promesa del presidente Bill Clinton de fortalecer a la ONU (Organización de las Naciones Unidas) y ponerse al día con las contribuciones.
Sin embargo, el destino final de la propuesta legislativa es incierto, porque el pago de los atrasos está condicionado a una serie de reformas de la ONU que, entre otras cosas, reduciría los aportes de Washington tanto al presupuesto general como a las operaciones de mantenimiento de la paz del foro mundial.
Además, el proyecto podría quedar atrapado en el debate político doméstico. El año pasado, fuerzas contrarias al aborto en la Cámara de Representantes vincularon el pago de los atrasos a una prohibición de la ayuda económica a grupos extranjeros que respalden esa práctica, y amenazaron con hacerlo de nuevo.
Si la amenaza se concreta, casi seguramente Clinton vetará la ley en su conjunto, como lo hizo el año pasado.
El pago de las contribuciones atrasadas, aprobado el martes por 98 votos contra uno en el Senado, forma parte de la propuesta de autorización del Departamento de Estado de este año.
Como en 1998, el proyecto dispone que Washington pague 819 millones de dólares que debe a la ONU en un período de tres años y le perdone al foro mundial 107 millones de dólares que le debe a Estados Unidos.
La puesta al día en las contribuciones marcaría un giro en las relaciones con la ONU, donde muchos miembros, incluso estrechos aliados de Estados Unidos, realizan fuertes críticas a su morosidad.
Si Washington no paga una parte sustancial de su deuda este año, podría perder su derecho al voto en la Asamblea General, según la Carta de las Naciones Unidas.
Pero el pago está vinculado a varias condiciones, entre ellas la aprobación en la ONU de un sustancial recorte unilateral de la contribución de Estados Unidos al presupuesto de la organización.
Washington se propone reducir su aporte al presupuesto regular del foro mundial de 25 a 20 por ciento, y al presupuesto de las operaciones de paz de 31 a 25 por ciento.
Otras condiciones son el no pago de intereses sobre la deuda de Estados Unidos, la disminución del gasto de la ONU y la prohibición de crear una fuerza militar permanente o un sistema de impuestos internacionales.
Los críticos del proyecto arguyen que los aportes de Washington a la ONU constituyen una obligación asumida en un tratado internacional y por lo tanto no pueden estar sujetos a condiciones ni reducirse de manera unilateral.
El senador Paul Sarbanes de Maryland, el único que votó en contra de la propuesta, citó esos argumentos en el debate y sostuvo que los legisladores no entienden cómo la ONU sirve a los intereses de Estados Unidos.
"Importantes intereses de este país son amenazados por la falta de pago del dinero adeudado", declaró Sarbanes, en una posición individual contraria a la corriente.
El gobierno calculó el año pasado que tendría que aceptar las condiciones del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, el republicano de extrema derecha Jesse Helms, para lograr la aprobación del pago de la deuda.
Una vez logrado el acuerdo entre Helms y el senador Joseph Biden, líder de la minoría demócrata en la cámara, todo fluyó rápidamente. "Fue un proceso increíblemente fácil el de hoy", declaró el martes un senador.
Pero el proyecto se enfrenta a una gran incertidumbre en la Cámara de Representantes, donde fuerzas contrarias al aborto tendrían votos suficientes para condicionar la aprobación de la propuesta a una prohibición de la ayuda económica a organizaciones extranjeras partidarias del aborto.
Clinton, bajo presión de grupos de mujeres, prometió votar cualquier proyecto que incluya esa prohibición, que a su entender no sólo limitaría la capacidad de Washington de promover la planificación familiar en países en desarrollo, sino que también violaría la garantía constitucional de la libre expresión. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mlm/ip/99
