Los asuntos sociales desplazan al conflicto vasco en el interés de la población de España, de acuerdo con el debate parlamentario sobre el Estado de la Nación que concluyó hoy en esta capital.
La discusión comenzó el martes con un informe del presidente del gobierno y del centroderechista Partido Popular (PP), José María Aznar, a quien replicaron los portavoces de todos los demás partidos con representación parlamentaria.
El intercambio de ataques y críticas entre Aznar y Joaquín Almunia, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), la principal fuerza de oposición, giró en torno de la situación económica, el desempleo y el funcionamiento de los servicios públicos.
La cuestión vasca, que en años anteriores concitaba la mayor atención, esta vez quedó en un segundo lugar. Influyó en ello la ausencia de atentados por parte de la organización ilegal independentista Patria Vasca y Libertad (ETA), que decretó una tregua unilateral el 16 de septiembre.
Esta semana se cumple un año desde que ETA cometiera el último atentado mortal.
Los diputados aprobaron por mayoría, con votos del PP y de la oposición, varias recomendaciones al gobierno, entre las que se cuenta crear una agencia para el control de la calidad de los alimentos y un servicio público para coordinar las ofertas de empleo entre las 17 comunidades autónomas que constituyen España.
También sugieren que disponga la rebaja del peaje que se paga en las autopistas.
Aznar destacó en su informe como logros de su gestión la creación de fuentes de trabajo, la reducción del desempleo y el aumento de la cohesión social, expresado en el acuerdo social firmado con las centrales sindicales y la confederación de organizaciones empresariales.
La desocupación, el mayor problema que enfrenta España según todas las encuestas de opinión, fue abordada por Aznar con optimismo. Desde que asumió el gobierno en mayo de 1996 se generaron 1,2 millones puestos de trabajo, con la consiguiente reducción del desempleo.
El PSOE criticó las palabras de Aznar, pero fue el líder de la coalición Izquierda Unida (IU), tercera fuerza parlamentaria basada en el Partido Comunista, Julio Anguita, quien señaló que el gobernante juega con estadísticas macroeconómicas pero "se olvida de la opinión de la calle".
Al escuchar el reclamo de que se proteja a los 1,6 millones de desocupados que carecen de protección social, Aznar calificó a Anguita de "intervencionista", por pedir la presencia del Estado en asuntos sociales.
El líder de IU replicó de manera contundente a la acusación de Aznar de intervencionismo por pedir esa protección, indicando que al mismo tiempo el jefe de gobierno quita 2.000 millones de dólares de las cuotas sociales de los trabajadores para dárselas a las empresas como bonificación para la creación de empleo.
Si la demanda de protección es intervencionista, ¿cómo se debe llamar a la política del gobierno de bonificar a las empresas?, preguntó Anguita. "Ustedes no construyen Europa, ustedes construyen un libre mercado", concluyó.
Aznar reforzó su apuesta de que España juegue un papel protagónico en la construcción de una Europa unida.
Advirtió que hay dos posiciones contrapropuestas. Una que defiende el statu quo, dejar las cosas como están, y regresar a un modelo político y social de tres décadas atrás.
La otra, que califica de reformista, debe construir "una Europa sin miedo a la competencia, sin tentaciones nacionalistas y dispuesta a liderar la apertura de los mercados y el libre comercio.
Una novedad esperada fue la constatación parlamentaria de las divergencias del gobierno con el nacionalismo vasco moderado, que gracias a su apoyo logró ser designado presidente del Consejo de Ministros en 1996.
El gobierno no admite el pacto del nacionalismo moderado, IU y Euskal Herritarok, coalición apoyada por ETA, en tanto que el Partido Nacionalista Vasco, mayoritario en el País Vasco, lo defiende por considerarlo un camino para consolidar el cese de la violencia.
No obstante, todos los grupos parlamentarios aprobaron una moción que recomienda al gobierno reconocer que la ciudad vasca de Guernica, fue bombardeada durante la guerra civil (1936-39) por la aviación de la Alemania nazi y no "por los rojos separatistas", como sostiene la versión oficial desde aquella época.
El debate anual de dos días constituyó una suerte de señal de partida para la campaña electoral de los comicios en los que se renovará totalmente al parlamento y, por lo tanto, al gobierno que éste deberá designar, indicaron la mayoría de los observadores.
Esas elecciones deberán realizarse a más tardar en marzo del 2000, pero el gobierno dispone de la facultad constitucional de disolver el parlamento y convocar a nuevas elecciones en cualquier momento antes de esa fecha. (FIN/IPS/td/dm/ip/99
