El último informe sobre el mercado de trabajo de Ecuador reveló que solo 27,5 por ciento de la población económicamente activa cuenta con un empleo de tiempo completo, un dato que contradice las promesas electorales del presidente Jamil Mahuad.
Desde que Mahuad asumió la presidencia en agosto de 1998 hasta fin de mayo de 1999, el desempleo subió de 13 a 18,1 por ciento y el subempleo se situó en el 54,4 por ciento, según el estudio de la empresa consultora Ceatos.
Polivio Córdoba, director de Cedatos, estimó que la promesa de crear 900.000 puestos de trabajo hecha por Mahuad "no solo no se cumplió, sino que la situación empeoró. Córdoba recordó, además, que "esa oferta fue una de las mejores plataformas para su victoria".
De la población económicamente activa de 3,5 millones de personas, "72,5 por ciento está desempleada o parcialmente ocupada, y la mayor preocupación de los que tienen trabajo es a perderlo", señaló Córdoba a IPS.
Desde agosto de 1998 hasta mayo se quedaron sin empleo 141.000 personas, y durante este trimestre 22.000 ecuatorianos que ingresaron a la fuerza de trabajo no obtuvieron el que buscaban.
Muchos de los considerados con empleo tienen contratos temporales, ya que la mayoría de las empresas decidió aplicar la flexibilización laboral y eliminar gran parte de los contratos fijos para no pagar los impuestos que genera el trabajador estable.
Jorge Vivanco Mendieta, analista político y subdirector del diario Expreso, uno de los más importantes de Ecuador, sostuvo que la crisis económica y su inferencia en el empleo se debe a la conducción político-económica de los últimos 20 años, a la que no escapa el actual gobierno.
"Los principales personajes que han dirigido la política económica del país desde hace 20 años son los mismos", comentó Vivanco
El periodista aseguró que un "reducido grupo de personajes" ha manejado la dirección de los organismos financieros estatales representando intereses de grupos de poder "cuya voracidad produjo una injusta redistribución de la riqueza y utilizó el fisco a su gusto".
El analista económico Alberto Acosta aseguró que el panorama ecuatoriano presenta un grave cuadro depresivo con pronóstico reservado.
En 1998, el déficit comercial superó los 1.000 millones de dólares, revirtiendo la tendencia positiva que se mantenía desde 1979; la reserva monetaria internacional cayó de 1.837 millones de dólares en agosto de 1998 a 1.300 en mayo de este año.
En marzo de 1999 se registró la mayor inflación mensual en muchos años, 13,5 por ciento, lo que llevó el aumento del costo de vida anualizado a 54,3 por ciento.
El déficit fiscal llegó en 1998 a 1.200 millones de dólares, seis por ciento del producto interno bruto, y se presume que en 1999 puede subir a 7,3 por ciento.
Para 1999 se espera una caída de siete por ciento del producto interno bruto, lo que agudizaría la tendencia recesiva.
El dólar pasó de 7.500 sucres en enero de 1999 a 10.300 sucres en la actualidad, con un pico de casi 19.000 sucres en marzo.
"La devaluación registrada equivale a 90 por ciento. Esta situación afecta a los agentes económicos endeudados en dólares, que constituyen 60 por ciento de los créditos, quienes ven una forma de reducir gastos en la reducción de personal", comenta Alberto Acosta.
Para Acosta, la crisis se entiende por los efectos del fenómeno climático de El Niño que, según la CEPAL, ocasionó pérdidas de 2.900 millones de dólares y egresos por más de 700; por la caída del precio del petróleo y de las exportaciones y por el ingreso de productos asiáticos baratos por las devaluaciones.
"El ingreso de productos asiáticos produce un desempleo inmediato, ya que la industria nacional compite, reduce sus ventas y reduce personal", comentó.
Otro peso es el servicio de la deuda externa que bordea la mitad del presupuesto estatal mientras los trabajadores de la salud, administrativos y profesores universitarios, maestros y otros empleados públicos no cobran sueldo hace dos meses. A los maestros se les pagó el sueldo de abril con cheques sin fondo.
"El servicio de los Bonos Brady (deuda comercial) realizado en las primeras semanas de 1999 dejó vacías las arcas fiscales y obligó a suspender los sueldos del sector público durante el primer trimestre", aseguró el economista.
Para Acosta, el manejo de la crisis por parte del gobierno de Mahuad fue negativo.
"Prefirió atender demandas del capital financiero y dejó que la crisis, en ciernes cuando empezó su gestión, germinara, alcanzado niveles sumamente preocupantes", aseguró.
Acosta también considera desestabilizante la aprobación de un presupuesto desfinanciado para 1999, la eliminación del impuesto a la renta y la creación del impuesto a la circulación de capitales que retiene uno por ciento de toda transacción financiera.
Para Acosta, el nuevo tributo agudizó las presiones especulativas en la medida que muchos agentes económicos optaron por comprar dólares y sacarlos del país para no pagarlo.
"Además, incentivó la desintermediación financiera, porque muchos medianos y pequeños ahorristas optaron por no trabajar más con los bancos, con un impacto negativo en el debilitado sistema bancario", confirmó.
Según Acosta, estas medidas se completan con el deseo de acelerar las privatizaciones de petróleo, electricidad, teléfonos y puertos.
"En su afán por reducir el tamaño del Estado en el número de funcionarios y en su gestión, Mahuad eliminó entidades del sector público y dispuso la privatización de otras, que no necesariamente son deficitarias. Eso aportó al desempleo", afirmó.
También aseguró que la congelación por un año de los depósitos bancarios fue fundamental para la caída del empleo, ya que provocó el cierre de empresas.
El 11 de marzo, el gobierno dispuso la congelación por un año de 50 por ciento de los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros superiores a 200 dólares y el total de los depósitos en cuenta corrientes y a plazo en moneda extranjera mayores a 500 dólares.
El congelamiento afectó a 2.500 millones de dólares, propiedad de los 3,5 millones de ecuatorianos con cuentas bancarias
"Con la congelación se pretendió salvar al sistema financiero, traspasando capital de trabajo y ahorros de los particulares a la banca, en vista de que el Estado no tiene recursos para sostener la crisis, con más de 10 entidades asistidas por quiebra", aseguró.
Según el Ministerio de Trabajo, entre enero y abril quebraron más de 400 pequeñas y medianas empresas, lanzando a la desocupación a más de 90.000 personas. Fuentes empresariales aseguran que en abril cerraron 100 pequeñas y medianas industrias dejando desempleadas a 30.000 personas.
Mientras, algunas empresas grandes como Jabonería Nacional, Sumesa y Grasas Unico, además de reducir personal, dejaron de producir hasta terminar sus existencias y dieron vacaciones a sus empleados.
Vivanco no ve una salida al alcance de la mano, porque cree que "la conducción política y económica sigue dominada por los mismos grupos de poder".
"Allí estarán, mientras no aparezca un líder capaz de remover esta inercia política y cívica que es la base inconmovible de la crisis que nos agobia", afirmó. (FIN/IPS/kl/mj/lb if/99
