Los gobiernos de Europa fueron reticentes en su apoyo al principio de no intervención en asuntos de terceros estados al discutirse la declaración con cuya firma culminará este martes la Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea (UE) en esta ciudad de Brasil.
Los bombardeos de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OT AN) sobre Yugoslavia entre el 24 de marzo y el 10 de julio constituyeron el evidente impedimiento para que los países europeos aceptaran sin cortapisas la reafirmación de un principio consolidado en la Carta de las Naciones Unidas.
La asociación estratégica entre las dos regiones debe sostenerse "en el pleno respeto del derecho internacional", señala el punto tres del documento que estuvo en negociación entre altos funcionarios de los 48 países involucrados este mes.
"No intervención, respeto a la soberanía, igualdad jurídica de los Estados, libre determinación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y prohibición del uso o de la amenaza del uso de la fuerza" eran especialmente destacados.
"La parte europea preferiría no incluir menciones específicas a los principios" mencionados en ese párrafo, "pero ofrecieron consultar entre sí al respecto", según una anotación que c onsta al margen del borrador que estuvo en discusión a comienzos de este mes y al que IPS tuvo acceso.
El texto se mantuvo por la insistencia de los latinoamericanos en que constara una referencia clara a esas reglas de convivencia internacional, a las que consideran parte importante del marco jurídico que regula el acercamiento político, económico, social y cultural entre las regiones representadas en la Cumbre de Río.
La guerra contra Yugoslavia, entre otras intervenciones armadas conducidas por Estados Unidos en todos los continentes, van haciendo de América Latina y otras regiones en desarrollo los últimos defensores de la Carta de Naciones Unidas para asegurar su autodeterminación.
Varios países de la UE, en especial Gran Bretaña, representado en la Cumbre por el secretario de Relaciones Exteriores, Robin Cook, Alemania, España, Francia e Italia participaron en los ataques contra Yugoslavia.
Una cuestión correlativa, la aplicación extraterritorial de leyes nacionales, es una polémica constante en los foros internacionales, en esta ocasión con los casos de Cuba y del ex dictador d e Chile Augusto Pinochet, detenido en Gran Bretaña, como telón de fondo.
Esta vez, Cuba casi logró que en la declaración final de la Cumbre constara una condena explícita a la ley Helms- Burton, de Estados Unidos, que prevé sanciones a empresas que hagan inversiones en Cuba y procura endurecer el bloqueo a la isla.
Los cancilleres, sin embargo, decidieron excluir la mención a casos específicos. Así, la declaración solo contiene una condena genérica a toda medida unilateral con efecto extraterritorial.
El canciller de España, Abel Matutes, defendió frente a la prensa la participación activa de su país en la próxima Cumbre Iberoamericana, que se celebrará en La Habana, al tiempo que asegur ó que su gobierno "no ha tenido ocasión de hacer un pronunciamiento político" en torno del caso Pinochet.
El ex dictador chileno se encuentra detenido en Londres, donde se procesa el pedido de extradición por graves violaciones de derechos humanos formulado en Madrid por el juez Baltasar Garzón.
"Todos somos contrarios a la aplicación extraterritorial de las leyes", se defendió Matutes al contestar a interrogantes de periodistas chilenos al respecto y destacar que se trata de un trámite que se procesa en el Poder Judicial.
En cuanto a la incorporación de "nuevos actores" de la sociedad civil en los mecanismos de cooperación, fueron los latinoamericanos que trataron de matizar la participación de las organizaciones no gubernamentales, cuya mención también fue evitada en la declaración final.
Los latinoamericanos lograron restringir la amplia propuesta de la UE, que subrayaba "la incorporación en los mecanismos de cooperación de nuevos actores, socios y recursos de la sociedad civil para consolidar la democracia, el desarrollo económico y profundizar el respeto a los derecho s humanos".
América Latina restringió el concepto de cooperación que involucre recursos públicos, que, de acuerdo con la declaración pueda destinarse a organizaciones no gubernamentales que sean "debidamente registradas" y cumplan la legislación nacional.
Esta posición se fundamentó en el concepto de que "en la democracia que prevalece hoy en las dos regiones, la representación de los ciudadanos, de la sociedad civil, reside en los poderes políticos legalmente constituidos", por lo que la cooperación "exige un diálogo entre los gobiernos".
Además la aplicación de los recursos debe insertarse en los objetivos y planes de desarrollo oficiales, con una correcta rendición de cuentas.
Hay que distinguir entre distintos tipos de organizaciones civiles, porque existen las que solo persiguen fines particulares, no públicos, incluso vinculadas a grandes empresas, explic ó un diplomático latinoamericano que participó en las discusiones del documento.
Otros asuntos, como el ambiente y el narcotráfico, también ocuparon l a atención de los diplomáticos involucrados en la preparación de los dos documentos finales de la Cumbre.
América Latina y el Caribe lograron contener el ímpetu ambientalista europeo, que podría representar trabas al crecimiento económico y el mantenimiento de amplias capas de la població n en la miseria.
La Declaración de Río establece como "prioridad, en el marco de la promoción del desarrollo sostenible, la superación de la pobreza, la marginalidad y la exclusión social". Tambi én se atribuye importancia a la "modificación de los patrones de producción y consumo".
Pero la inclusión en el texto de la "destrucción de los bosques y la erosión de los suelos", junto con el efecto invernadero y el agotamiento de la capa de ozono, provocó discrepancias.
En materia de drogas y narcotráfico, no hubo problemas en afirmar "el principio de la responsabilidad común y compartida", pero algunos países latinoamericanos querían una mejor definición del papel determinante que juega la demanda, exigiendo una acción más intensa de los países consumidores.
La concentración de la presión sobre los productores es una queja particular de los países andinos.
El mecanismo de seguimiento de las resoluciones de esta Cumbre fue una de las últimas cuestiones acordadas en la preparación de los documentos por los altos funcionarios de los 33 países de América Latina y el Caribe y los 15 de la UE.
La opción fue por grupos de trabajo temáticos y abiertos, lo que perm ite a cualquier país participar en los asuntos que le interesan. (FIN/IPS/mo/mj/ip/99)
