El presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, enfrenta un nuevo problema político, tras nombrar director general de la Policía Federal a Joao Batista Campelo, acusado de haber torturado a un sacerdote católico en 1970.
Haber participado en la represión política en los años 60 y 70 constituye una maldición para militares y policías que procuran ascender ocupando cargos de confianza en el gobierno, desde la redemocratización del país en 1985.
La organización Tortura Nunca Más, que lucha por denunciar casos de violaciones de derechos humanos en la dictadura militar (1964-1985), reclamó el lunes al gobierno aplazar la investidura del jefe policial hasta que se aclaren las denuncias en su contra.
Campelo integra los cuadros de la Policía Federal hace 36 años. Hasta ahora había escapado a las denuncias de las organizaciones de porque ejerció funciones poco destacadas en el régimen militar.
En agosto de 1970 comandaba la sección política de la Policía Federal en Maranhao, en el norte de Brasil, cuando detuvo a los sacerdotes católicos José Antonio Monteiro y Xavier Gilles de Maupeou, acusados de "actividades subversivas" contra el gobierno militar.
Monteiro, quién dejó la iglesia más tarde, lo acusa de haber participado en las torturas que sufrió durante los 20 días de detención.
Pese a las denuncias, el gobierno decidió mantener el nombramiento, pues no se comprobó la participación de Campelo en torturas, según el portavoz presidencial, Georges Lamaziere.
Pero la prensa divulga desde el miércoles numerosos testimonios y documentos que comprueban las agresiones físicas sufridas por el el sacerdote durante su prisión, involucrando al nombrado jefe de la Policía Federal.
Varios obispos del nordeste de Brasil, que se movilizaron por la liberación de Monteiro, atestiguaron las marcas de tortura con las que salió de la carcel.
La Conferencia Episcopal denunció en septiembre de 1970 al entonces presidente del país, general Emilio Garrastazú Médici, que el religioso "realmente sufrió torturas", comprobadas por exámenes médicos y por la negativa de la policía a permitir visitas al preso .
El entonces abogado de los dos sacerdotes presos, Antonio de Padua Barrroso, aseguró que la Secretaría de Seguridad Pública de Maranhao comprobó las lesiones corporales, informó este lunes el diario Jornal do Brasil, de Rio de Janeiro.
Las lesiones son "típicas del 'palo de arara"', un método de tortura que consiste en colgar a la víctima de un palo metido entre las piernas dobladas y los brazos atados, según el abogado.
Las denuncias tuvieron eco en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que invitó al ex sacerdote a prestar testimonio este miércoles.
La toma de posesión del nuevo director de la Policía Federal se hizo dificil tanto por las acusaciones de varias fuentes como por los casos similares que ya ocurrieron anteriormente.
Esta es la tercera vez que el presidente Cardoso nombra a acusados de participar en torturas durante el régimen militar. En 1995, luego de asumir el poder, tuvo que anular la designación del general Armando Avolio Filho como agregado militar de la Embajada en Londres.
Dos años después, las denuncias se repitieron cuando el general Ricardo Fayad fue designado para dirigir el Departamento de Salud del Ejército. El grupo Tortura Nunca Más lo acusó de evaluar como médico la resistencia de los presos políticos mientras eran torturados en Río de Janeiro de 1970 a 1974.
Los daños políticos del caso actual no se limitaron a la oposición. El presidente Cardoso se arriesgó a perder a su ministro de Justicia, Renán Calheiros, y el apoyo del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) al nombrar a Campelo.
La Policía Federal es un órgano del Ministerio de Justicia y el nombramiento de un director era reclamada por Calheiros y el PMDB, uno de los tres grandes partidos que respaldan al gobierno de Cardoso y al que pertenece el ministro.
Descontentos, es natural que Calheiros y el PMDB aprovechen la oportunidad para presionar al presidente y sustituir al indicado de modo de conquistar mayor poder en la coalición gubernamental. (FIN/IPS/mo/mj/hd ip/99
