El cuerpo de generales del Ejército de Chile se reunió esta semana en un imprevisto cónclave, para supuestamente analizar los últimos encausamientos de ex oficiales por crímenes contra los derechos humanos.
Los generales fueron convocados el lunes, según versión oficial, para recibir informes sobre la modernización del Ejército y otros temas institucionales, pero lo sorpresivo de la citación no dejó dudas de que la preocupación militar es más contingente, dijeron medios locales de prensa.
Se supone que el comandante en jefe, general Ricardo Izurieta, planteó en el encuentro la posición del alto mando ante el encausamiento de cinco altos oficiales retirados por los crímenes que la llamada "caravana de la muerte" cometió en 1973.
Los procesos, ordenados el miércoles por el juez Juan Guzmán, merecieron críticas de los senadores designados por las Fuerzas Armadas, quienes sostienen que se está interpretando de manera "injusta" la ley de amnistía de 1978.
Las Fuerzas Armadas y la derecha buscan propiciar un acuerdo para dar solución definitiva a los procesos pendientes por violaciones de derechos humanos cometidas bajo la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).
El arresto de Pinochet en Londres desde octubre de 1998 y su posible extradición a España, así como el avance de juicios que comprometen a unos 500 uniformados preocupan al Ejército y a las otras ramas castrenses.
A su vez, organizaciones políticas y sociales reprobaron este domingo la negociación promovida por la derecha y los militares, pues excluyen a la Agrupación de Familiares de Detenidos- Desaparecidos y demás víctimas de crímenes represivos.
En Chile permanecen en la impunidad la mayoría de las graves violaciones cometidas bajo el régimen de Pinochet, entre las cuales se inscriben 1.198 casos de desaparecidos cuya suerte no ha sido aclarada hasta la fecha.
El juez Guzmán, quien instruye 12 de una veintena de querellas criminales entabladas contra el ex dictador desde enero de 1998, formuló cargos por secuestro contra el general retirado Sergio Arellano y otros cuatros miembros de la caravana de la muerte.
La caravana de la muerte simboliza la masiva violación de derechos humanos que aplicó desde sus orígenes el régimen de Pinochet. Se trata del un grupo militar que ejecutó de manera sumaria a 72 presos políticos en varias ciudades del país en los primeros meses de la dictadura.
Hasta 1998 predominaba en los tribunales una interpretación de la ley de amnistía grata a los militares, con el cierre de los procesos una vez establecida la fecha del delito y sin formular cargos contra los acusados por crímenes represivos.
Guzmán es el primer juez que procesa a oficiales por actos cometidos en el período cubierto por la ley de amnistía (1973- 1978), si bien otros magistrados sustentan también la tesis de que el secuestro, que origina la desaparación de una persona, es un delito permanente e imprescriptible.
Izurieta propuso hace una semana un acuerdo nacional sobre los derechos humanos, pero abogó por un juicio histórico no sólo a los militares, sino también a los "causantes de la crisis política" que originó el golpe de Estado de 1973.
El almirante Jorge Arancibia, jefe de la Armada, sugirió crear una "comisión de hombres buenos" que establezca la "verdad histórica" sobre los orígenes del golpe y dé formulas para resolver los problemas pendientes de derechos humanos.
Según Arancibia, los juicios a militares son un "problema de Estado" que debe resolverse en un acuerdo político y no sólo en los tribunales, como plantean la coalición de centroizquierda con que gobierna el presidente Eduardo Frei.
La idea del jefe naval fue acogida por las demás ramas castrenses y los líderes de la oposición derechista, en especial por Joaquín Lavín, candidato presidencial del pacto Unión por Chile para las elecciones del 12 de diciembre.
Según fuentes periodísticas, desde comienzos de año hay conversaciones sobre derechos humanos entre representantes de Lavín y Ricardo Lagos, quien es desde el 30 de mayo el candidato único de la oficialista Concertación por la Democracia.
Lagos puntualizó en su momento que se trató sólo de contactos entre parlamentarios de ambos sectores. Pidió dejar actuar a los tribunales y declaró su rechazo de una fórmula que equivalga a un "punto final" acerca de los crímenes represivos.
Los partidos Por la Democracia (PPD) y Socialista (PS), que constituyen el núcleo fundamental de Lagos, puntualizaron por separado sus posiciones en esta materia, reiterando su rechazo a todo acuerdo al margen de "verdad y justicia".
El PS desmintió que esté participando en conversaciones, desechó un pacto sobre derechos humanos a cambio de reformas constitucionales y del mismo modo reprobó que se quiera forzar un acuerdo antes de las elecciones presidenciales.
El PPD planteó, en cambio, siete condiciones para una negociación, que incluyen reformas constitucionales para eliminar a los senadores designados al margen del voto popular, y conseguir la plena subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.
Así mismo, el PPD propuso como parte de un acuerdo que se gestione el regreso a Chile de Pinochet a condición de que se facilite su juzgamiento en el país y de que se ratifique en el parlamento el tratado sobre el Tribunal Penal Internacional promovido por la Organización de las Naciones Unidas.
El Partido Demócrata Cristiano, del presidente Frei, aseguró el lunes que no participa en ninguna negociación secreta sobre derechos humanos, aunque está "disponible" para la búsqueda de fórmulas.
El senador democristiano Jorge Pizarro dijo que las versiones de una negociación persiguen "objetivos electorales". "Hay gente -dijo- que se quiere lavar la cara con este tema (de los derechos humanos). Específicamente el señor Lavín".
La Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, la Central Unitaria de Trabajadores, el Colegio de Profesores y el Partido Comunista, reprobaron también la supuesta negociación y advirtieron que no habrá soluciones si no se considera la opinión de las víctimas de los crímenes represivos. (FIN/IPS/ggr/ff/hd/99
