La principal agencia de créditos para exportación de Estados Unidos se dispone a aprobar un préstamo preferencial de 200 millones de dólares para la construcción de un gasoducto y un proyecto de energía en Bolivia, pese a las objeciones de ambientalistas.
La Corporación para la Inversión Privada en el Exterior (CIPE) prevé aprobar el crédito para la empresa Enron, con sede en Texas, en su reunión de directorio del próximo miércoles, según fuentes de la institución.
Sin embargo, grupos ambientalistas y sus aliados en Congreso esperan persuadir a la CIPE de que no otorgue el préstamo o exija a Enron que cambie la ruta del gasoducto para proteger el último bosque tropical seco que queda intacto en el mundo y uno de los hábitats con mayor diversidad biológica.
En una carta al presidente de la CIPE, George Muñoz, un grupo de 25 legisladores demócratas y republicanos -entre ellos George Miller, miembro del Comité de Recursos de la Cámara de Representantes- exhortaron al ente autónomo a negar los fondos solicitados.
"Entendemos que este proyecto tendrá consecuencias negativas para ecosistemas únicos en el mundo", escribieron los representantes. "Además, existen opciones menos destructivas para el ambiente", agregaron.
El plan de Enron forma parte de un proyecto de 3.150 kilómetros de extensión y 2.100 millones de dólares de costo para transportar gas natural desde Bolivia hasta San Pablo, Brasil.
Enron y la empresa anglo-holandesa Shell son los mayores accionistas de Gas Transboliviano S.A., que transportará el gas dentro de Bolivia.
Se trata de uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del mundo, y ya atrajo cientos de millones de dólares del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversión.
La primera etapa del plan, que consistió en la construcción de un gasoducto entre la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra y la ciudad de Campinas, en el estado brasileño de San Pablo, terminó el pasado febrero.
Cuando esté terminado, el gasoducto de Enron comenzará en Ipias, Bolivia, desde donde se bifurcará para conectarse con el conducto principal entre Bolivia y Brasil.
Luego continuará hacia el noreste hacia Cuiabá, en el estado brasileño de Mato Grosso, donde Enron está construyendo una central de energía de gas natural de ciclos combinados con un poder de generación de 480 megavatios.
Grupos ambientalistas ya expresaron gran preocupación por la ruta del gasoducto.
"Cerca de 90 por ciento del gasoducto en Bolivia atravesará bosques tropicales únicos e intactos, así como el ecosistema del Pantanal", señaló Atossa Soltani, directora de Amazon Watch, una organización ecologista con sede en California.
"Dado lo apartado de la región, el canal de 30 metros de ancho que se construirá para dar lugar al gasoducto abrirá esta prístina región a la explotación descontrolada, la caza y la pesca furtivas, la tala de bosques y la colonización", advirtió.
Lo mismo opinan 60 organizaciones gubernamentales de 25 países que enviaron una carta a Muñoz la semana pasada.
Los grupos acusaron a la CIPE de violar sus propias políticas que prohíben la financiación de proyectos de infraestructura en bosques tropicales primarios y exigieron que la institución realice un nuevo estudo de impacto ambiental.
Originalmente, la CIPE iba a aprobar la financiación del proyecto en marzo, pero un estudio de impacto ambiental preparado por firma consultora boliviana Entrix y financiado por Enron, sumado a críticas de ecologistas estadounidenses y bolivianos, persuadieron a la agencia de que se precisaba más información.
Como resultado, la CIPE encargó un "estudio suplementario de impacto ambiental" para determinar la condición del bosque tropical seco de Chiquitano y otros hábitats que cruzaría el gasoducto, y recomendar medidas específicas para mitigar el efecto del proyecto sobre el entorno.
El estudio suplementario fue preparado por 28 científicos contratados por Entrix. Paralelamente, un grupo de científicos pertenecientes a una coalición de organizaciones no gubernamentales (ONG) de Bolivia y otros países realizaron su propia evaluación independiente.
La principal diferencia entre ambos informes se refiere al estado de conservación del bosque de Chiquitano.
Mientras los científicos contratos por Entrix concluyeron que el bosque no entra en la definición de "primario" porque ya tuvo bastante intervención humana, el estudio independiente llegó a la conclusión contraria.
"Afirmar que el Chiquitano no es un bosque primario es como afirmar que la Tierra no es redonda", dijo Brent Blackwelder, presidente de la organización ecologista Amigos de la Tierra.
Casi 100 especies de mamíferos, aves y reptiles de Chiquitano están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, de acuerdo con el informe de las ONG.
La CIPE condicionó la financiación del proyecto a la modificación de la ruta de 30 kilómetros del gasoducto que entrarían en el Chiquitano y otros 69 kilómetros que se introducirían en el Pantanal. Enron también debería adoptar otras medidas para reducir el daño ambiental.
Sin embargo, los ambientalistas señalaron que las condiciones de la CIPE no son legalmente obligatorias en Bolivia y que aun si se aplicarán sólo tendrían un efecto mínimo. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mlm/en/99
