Gobiernos de Africa y compañías petroleras presionan al Banco Mundial con el fin de financiar la construcción de un ambicioso proyecto en Chad y Camerún al que consideran esencial para la economía de ambos países.
Quienes critican el proyecto afirman que sólo servirá para alimentar la corrupción, la opresión y la destrucción del ambiente de la región, que ya es frágil en términos políticos y ecológicos.
El proyecto consiste en cavar unos 300 pozos petroleros en el sur de Chad y construir un oleoducto subterráneo de 1.050 kilómetros que atravesará todo Camerún hasta la terminal de exportación en el océano Atlántico.
El Banco Mundial y su socio para el sector privado, la Corporación Internacional de Financiación (IFC), examinan el proyecto desde 1993. Estuvieron a punto de aprobarlo en muchas ocasiones, pero siempre aplazaron la decisión debido a la controversia política que provoca.
Ahora, el ejecutivo del Banco Mundial espera la llegada de una propuesta, que será la definitiva, en septiembre, informó Philippe Benoit, el director de proyectos de la entidad multilateral.
El presidente de Chad, Idriss Deby, viajó a Washington la semana pasada a fin de pedir apoyo para el proyecto al Banco Mundial y al gobierno de Estados Unidos. Un portavoz de la embajada calificó el viaje de "visita de trabajo".
La compañía petrolera estadounidense Exxon ejerce cada vez más presión sobre los altos funcionarios del Tesoro y el Departamento de Estado (cancillería), a cargo de las relaciones entre Washington y el Banco Mundial, según fuentes del gobierno e informes publicados.
Al mismo tiempo, 27 legisladores estadounidenses pidieron al presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, que la empresa "no se ponga en marcha hasta estar seguros de que los derechos humanos y civiles de ambos países (Camerún y Chad) serán respetados".
Los parlamentarios solicitaron, además, garantías de que existe "capacidad y voluntad política de implementar medidas de protección ambiental".
Ambientalistas y abogados expertos en derechos humanos de Camerún y Chad y sus aliados de Estados Unidos y Europa se dedicaron, mientras, a informar a sus parlamentarios.
Un consorcio integrado por Exxon, la firma angloholandesa Shell y la francesa Elf se hacen cargo de 97 por ciento del costo del proyecto, de 3.500 millones de dólares.
Los funcionarios del Banco Mundial consideran la posibilidad de hacer un préstamo de 90 millones de dólares para financiar la parte minoritaria del gobierno en empresas de riesgo compartido con las multinacionales petroleras.
El IFC considera, además, la posibilidad de invertir 100 millones de dólares de su propio capital y 300 millones de dólares en carácter de préstamo al consorcio.
Esas sumas cubren una fracción pequeña del total del costo pero son "esenciales" según Exxon porque "el Banco Mundial mitiga el riesgo político, lo cual es esencial para conseguir la financiación privada necesaria para llevar adelante el proyecto".
Los críticos exhortan a la prudencia, más que al rechazo directo. "Lo que sugieren es empezar por algo más pequeño, para examinar el compromiso de los gobiernos y su capacidad para manejar un proyecto de esta magnitud y riesgos", explicó Korinna Horta, economista del Fondo de Defensa del Ambiente.
El Banco Mundial se disponía a aprobar el proyecto en septiembre de 1998, pero aún está revisando una serie de nuevos documentos sobre el ambiente que debería divulgar a mediados de este mes, indicó Benoit.
La realización del proyecto insumiría entre tres y siete años. Se estima que los campos petroleros de la cuenca del Doba en Chad contienen 1.000 millones de barriles de crudo. Debería producir cerca de 225.000 barriles por día trabajando en su máxima capacidad, según Exxon.
Para que eso suceda, los países deberán mantener la seguridad en forma rigurosa. Eso preocupa a los parlamentarios de Estados Unidos.
"Ya hubo asesinatos de civiles desarmados en dos masacres del campo petrolero. Ocho organizaciones de derechos humanos fueron suspendidas por organizar manifestaciones contra esas masacres, y hubo arrestos", dicen los opositores, citando un informe del propio Departamento de Estado de Estados Unidos.
En Camerún, "las fuerzas de seguridad siguen cometiendo numerosas violaciones graves a los derechos humanos. En particular contra los pigmeos, que viven en la ruta del proyecto y son víctimas de discriminación y abusos", señalan.
Los problemas políticos también impidieron la realización de estudios ambientales. El Banco Mundial reprochó a los patrocinantes del proyecto que no pudo obtener información clave "debido a problemas de seguridad a lo largo de la ruta de las cañerías".
Exxon negó la posibilidad de que la violencia aumente, y aseguraron que el proyecto tiene el apoyo de varias ciudades y organizaciones no gubernamentales de ambos países.
Sin embargo, los documentos del proyecto revelan que el consorcio eligió conducir el petróleo hacia un tanque marítimo de Camerún, en lugar de hacia una instalación tierra adentro, en parte porque "presenta menos problemas de seguridad".
El gobierno de Chad otorgó al consorcio una concesión de producción de 30 años, y calcula que la empresa generará alrededor de 70 por ciento de sus ingresos fiscales.
La mitad del ingreso nacional de Camerún procede del petróleo, pero las reservas costeras se están tambaleando. Los funcionarios del gobierno esperan que el proyecto, que aumentará los ingresos fiscales apenas tres por ciento, atraiga inversores a los remotos campos petroleros del norte del país.
Exxon estima que las regalías y los aranceles que se cobrarán durante el tiempo de vida útil del oleoducto superarán los 5.000 millones de dólares para ambos países, aunque esta suma depende del precio del petróleo. Por otro lado, la compañía calculó que 4.000 millones de dólares se irán en salarios y adquisiciones.
Los funcionarios del Banco Mundial saben que el proyecto implica un riesgo de corrupción, pero confían en una ley de "administración de los ingresos" de Chad para canalizar las de fomra adecuada las inversiones hacia fondos de fideicomiso en el extranjero y destinar las gananacias a educación, salud pública y desarrollo rural.
Las finanzas estarán sujetas a examen parlamentario y judicial.
"Las ganancias potenciales podrían ser muy beneficiosas para ambos países", sostuvieron los legisladores estadounidenses, pero "dada la atmósfera de corrupción y represión política, es poco probable que Chad y Camerún reciban esos beneficios".
Los tribunales y el parlamento de Chad no son independientes del Poder Ejecutivo, y Camerún "tiene el dudoso honor de haber sido calificado como el (país) más corrupto del mundo por Transparencia Internacional", la agencia que vigila la corrupción mundial.
Los senadores James Leach y Jesse Jackson (hijo), que trabajan para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Africa, están entre los firmantes de la carta que el Congreso de Estados Unidos dirigió a Wolfensohn. (FIN/IPS/tra-en/aa/mk/ceb/mj/ip if en/99
