El gobierno de "unidad nacional" de Paraguay enfrenta serias dificultades para contener la acción de organizaciones de jóvenes, campesinos, obreros y sin techo que contribuyeron a que llegara al poder a fines de marzo.
El vicepresidente del Senado, Gonzalo Quintana (del cogobernante Partido Liberal), llegó temprano el martes a la residencia del presidente Luis González Macchi, para pedirle que "lidere el proceso de redemocratización, porque se le puede ir de las manos".
A esa hora, campesinos armados se disponían a resistir el intento de desalojarlos de tierras ocupadas, huelguistas amenazaban con asaltar al Ministerio de Obras para que renunciara el viceministro, y jóvenes asistían, tras lograr la renuncia de un intendente, al entierro de una joven muerta por la policía.
Las opiniones comienzan a dividirse en relación con los movimientos que defendieron con su vida la democracia y, luego de que fuera asesinado el vicepresidente Luis María Argaña, fueron una causa importante de la renuncia del presidente Raul Cubas, hoy exiliado al igual que su mentor político, Lino Oviedo.
Siete jóvenes y agricultores murieron en marzo y abril, a causa de heridas sufridas en la movilización que precipitó la caída de Cubas, tras siete meses en los que éste había evitado que Oviedo cumpliera su condena a 10 años de prisión, por el intento de dar un golpe de Estado en abril de 1996.
Tras la renuncia de Cubas y la asunción de González Macchi, que se produjo el 28 de abril, muchos de quienes protagonizaron las manifestaciones de fines de marzo se han movilizado para lograr la caída de otras autoridades que consideran antidemocráticas.
Estos movimientos ya han logrado que las autoridades nacionales intervinieran el gobierno del departamento central de Cordillera y la intendencia de la sudoriental Ciudad del Este, ocupados por oviedistas, la administración de puertos y la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción.
En Ciudad del Este, a 350 kilómetros de Asunción y en la frontera con Brasil, funcionarios municipales siguen ocupando el edificio del gobierno municipal para impedir la entrada del intendente Juan Carlos Barreto, a la espera de que llegue el interventor nombrado por el gobierno.
En uno de los enfrentamientos de esas organizaciones con las fuerzas de seguridad, el lunes 17, una adolescente murió tras recibir un balazo de la policía.
La muerte se produjo cuando los "cascos azules" (fuerzas de choque policiales) arremetieron contra integrantes del grupo Jóvenes en Vigilia Permanente por la Democracia, que pedían la renuncia del intendente oviedista Roberto Medina, de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, en los suburbios de Asunción.
Durante una verdadera batalla campal ante el edificio de la municipalidad, los jóvenes atacaron a los policías con piedras, hondas y bombas molotov. Resultaron heridos siete manifestantes y siete policías, y Verónica Ortiz, de 16 años, murió a causa de un balazo en la cabeza.
El principal testigo es un joven de 23 años cuya identidad se resguardó y que declaró el lunes a la medianoche, de espaldas a la cámara del canal 4 local, que un suboficial alcanzado por los hondazos "sacó un arma de reglamento con la que disparó" contra los manifestantes, dando muerte a Ortiz.
Mientras el homicida era alejado por otros policías, los "cascos azules" pasaron al ataque, primero arrojando también ellos piedras y luego con gases lacrimógenos y carros lanza agua, avanzando hasta el lugar donde yacía la joven, cuyo cuerpo patearon sin darse cuenta de que ya había fallecido.
El testigo dio una descripción del homicida que permitió realizar un identikit, y luego el comandante de la policía, Casto Guillén, lo puso ante 132 funcionarios que habían participado en el enfrentamiento, para que intentara reconocer a quien disparó contra Ortiz.
El joven dijo que ninguno de ellos era el matador, a quien aseguró que reconocería si lo viera, porque estaba a sólo 20 metros de él cuando hizo fuego.
La renuncia del intendente Medina, que se hizo efectiva tres horas después de la muerte de la joven, había sido reclamada por la Junta de Mariano Roque Alonso hace nueve días.
El organismo municipal no justificó ese reclamo por el hecho de que Medina fuera un oviedista declarado, sino invocando el pésimo servicio de recolección de basura, el deplorable estado de las calles y maniobras ilícitas con fondos públicos.
El concejal Ruben Aponte denunció que los policías tiraron piedras contra los legisladores municipales durante el enfrentamiento, y que destrozaron la carpa en la cual se preparaba comida para los manifestantes, quemando los víveres antes de que llegara el ministro del Interior, Walter Bower.
El lunes se produjo también un enfrentamiento de los manifestantes con el viceministro de Juventud, Adrián Castillo, quien pasó a ocupar ese cargo tras destacarse como dirigente de las movilizaciones que precipitaron la caída de Cubas.
Castillo lidera Jóvenes por la Democracia, una de las cinco organizaciones formadas por los jóvenes que se movilizaron juntos a fines de marzo.
Las otras cuatro son Jóvenes en Vigilia Permanente por la Democracia (que mantiene un campamento frente al Congreso, y a la cual se responsabiliza de varios actos violentos), dirigida por Marcelo Ibáñez, Vanguardia de Jóvenes, Asociación de Coordinadoras y Coordinadora de Heridos.
El mismo joven que fue testigo del asesinato de Ortiz declaró que cuando Castillo llegó al lugar los manifestantes le dijeron: "Fuera Adrián, no te queremos acá, pues aparecés ahora después de siete días que estamos", pero el viceministro insistió en quedarse.
Una filmación del canal 9 local mostró el momento en que Castillo fue alcanzado por una pedrada, a causa de la cual debieron aplicársele cinco puntos de sutura en el cuero cabelludo en las últimas horas.
El diputado opositor Anki Boccia, del Partido Liberal Radical Auténtico, indicó que la Iglesia católica ha intentado que las cinco organizaciones juveniles, que mantienen discrepancias metodológicas, asuman objetivos comunes y coordinen sus acciones.
El lunes se realizó una reunión con esa finalidad, y se verificaron coincidencias en el reclamo de combate a la corrupción, en el rechazo a la explotación política de sus mártires y en la exigencia de que se identifique a los culpables de sus muertes.
En la mañana del martes, cuando todo el país comentaba la muerte de la joven Ortiz, pareció que podía producirse otro choque cruento entre policías y movimientos sociales.
Encapuchada y portando un arma, la abogada Marilin Marichal acompañó a un grupo de sin techo, armados con machetes y decididos a mantenerse en 42 hectáreas de tierra que ocuparon en Capilla del Monte, San Lorenzo, en los suburbios de Asunción.
El comandante Guillén decidió suspender por algunos días la desocupación prevista por la policía, señalando que no deseaba "más derramamiento de sangre" y también que carece de personal suficiente para contener "a huelguistas de Obras Públicas que amenazan con atracar (asaltar) el ministerio".
Por otra parte, organizaciones de campesinos realizaron un corte de rutas durante 24 horas para reclamar la liberación de ocho acusados de robo de armas. En la principal ruta del país se acumuló una fila de automóviles de 20 kilómetros de largo.
Otros manifestantes y huelguistas han interrumpido con frecuencia, en Ciudad del Este, el tránsito por el mayor de los puentes internacionales que unen Paraguay y Brasil.
El presidente de la República, al llegar a la casa de gobierno tras su encuentro con el senador Quintana, declaró que estaba "muy preocupado por la ola de violencia en el país" y no descartó que en las próximas horas transmita un mensaje a la ciudadanía por cadena nacional de radio y televisión. (FIN/IPS/cm/mp/ip/99)
