La abstención de 82 por ciento en el referéndum del domingo en Guatemala, en el que se rechazó la reforma constitucional pactada en los acuerdos de paz de 1996, refleja la escasa información y el desinterés de la población.
Cuatro millones de ciudadanos estaban convocados a las casi 7.000 mesas receptoras de votos en los 330 municipios del país el domingo. El triunfo del "no" sobre el "sí" parecía impensable pocos días antes de la consulta.
Los delegados de la Organización de Estados Americanos que asistieron como observadores, recalcaron que el referéndum se realizó en un ambiente de orden y tranquilidad.
"Esto es un duro golpe para el proceso de democratización del país. Es difícil aceptar que la sociedad guatemalteca es sumamente conservadora y que se resiste a los cambios", dijo la diputada Nineth Montenegro, del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala.
El gobierno y la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) firmaron el 29 de diciembre de 1996 un acuerdo de paz que puso fin a 36 años de una guerra civil que causó 200.000 víctimas.
Manuel Conde, entonces negociador del gobierno en el diálogo de paz con la guerrilla, dijo que "el resultado favorece la paz, porque obligará a todos a revisar el camino seguido para la materialización de los compromisos".
Según Conde, el gobernante Partido de Avanzada Nacional y la URNG, hoy convertida en partido político, "se han posesionado de la paz, solo ellos hablan de la paz y solo ellos saben qué pasa con el cumplimiento de los acuerdos de paz".
La población ha dicho "no" a lo que no conocía, concluyó.
Alvaro Pop, de la Coordinadora de Organizaciones de los Pueblos Mayas de Guatemala, dijo que " el abstencionismo en la consulta popular es una muestra del desprecio que tiene la población al sistema imperante y a la clase política".
Pero con el triunfo del "no" se perdió una gran oportunidad de cambio, tras lo cual "todos los sectores involucrados en el proceso de paz deben sentarse a elaborar una nueva estrategia para darle vida", afirmó.
Pero nadie se atreve aún a señalar con precisión cuáles serán las consecuencias del referéndum.
Si hubiese triunfado el "sí", la constitución de Guatemala habría definido a este país como multiétnico, pluricultural y multilingüe, y reconocido de forma expresa la identidad de los pueblos mayas, garífuna y xinca dentro de la unidad de la Nación.
La reforma a la Constitución propuesta apuntaba a la estabilidad política, el fortalecimiento del poder civil y a la redifinición de las funciones del ejército.
Si se hubiesen aprobado las reformas, un civil podría haber llegado al Ministerio de la Defensa. Así mismo, la seguridad del presidente estaría a cargo de civiles con la desaparición del Estado Mayor Presidencial, un cuerpo elite del ejército acusado de delitos como espionaje telefónico, secuestro y asesinato.
La semana pasada se registró una intensa campaña en medios de comunicación, por medio de avisos pagados.
Por el "sí" se pronunciaron quienes participaron en los acuerdos de paz: el gobierno, la URNG, la Comisión de Acompañamiento de los Acuerdos de Paz, casi todos los partidos políticos, la Asamblea de la Sociedad Civil, organizaciones indígenas, de mujeres y de derechos humanos y sindicatos.
Las reformas propuestas reivindicaban los derechos de la población indígena, tradicionalmente marginada, redefinían el papel del ejército y fortalecían al Poder Judicial.
Entre los argumentos por el "no", respaldado por sectores de derecha y conservadores, figuraban el otorgamiento de supuestos privilegios a la población indígena que propiciarían la división territorial o étnica del país.
El presidente Alvaro Arzú dijo el domingo, cuando aún se desconocía el resultado del referéndum que el triunfo del "no" "nos causaría un profundo dolor, a mi en lo personal, y un daño considerable al país". (FIN/IPS/cz/mj/ip hd/99
