ECUADOR: Una decena de hipótesis para el asesinato de Hurtado

El parlamento de Ecuador considera una decena de hipótesis, tras desechar otras muchas, del asesinato del líder opositor Jaime Hurtado tres meses atrás, entre ellas la de una ejecución a manos de narcotraficantes.

"Hurtado realizó investigaciones sobre el narcotráfico días antes de morir, pero sería una irresponsabilidad asumir esa hipótesis como definitiva antes de terminar la investigación" parlamentaria, comentó Iván Rodríguez, diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD) que Hurtado lideró en vida.

Rodríguez integra la comisión parlamentaria que investiga el crimen cometido el 17 de febrero. Hurtado fue asesinado a tiros en Quito en pleno día, junto a su suplente Pablo Tapia y su sobrino Wellington Borja, cerca del Congreso legislativo y a pocos metros de la Corte Suprema de Justicia.

El crimen es atribuido por el gobierno ecuatoriano a la acción de las Autodefensas Unidas de Colombia, grupo paramilitar liderado por el derechista Carlos Castaño.

La supuesta participación del embajador de Ecuador en México, Medardo Cevallos, en el asesinato, así como en en operaciones de narcotráfico, causó sorpresa en medios políticos y periodísticos ecuatorianos.

Según esa versión, difundida el martes por el diario La Jornada de México, Hurtado habría investigado días antes de ser asesinado "supuestos vínculos de Cevallos con el narcotráfico".

Hurtado había solicitado entonces información relacionada con Bancomex, institución financiera de propiedad de Cevallos, pero las copias del pedido se perdieron en el Congreso, explicó Rodríguez.

La comisión investigadora del asesinato también pidió información sobre algunas personas y empresas vinculadas a ese Banco.

"La Jornada corroboró parte de nuestra información, pero no podemos acusar al embajador ni a nadie. Se está investigando y al final sabremos cuál es la hipótesis más confiable, entre las que también figura un posible crimen de Estado", dijo Rodríguez.

El informe de La Jornada también involucra al procurador general de Ecuador, Ramón Jiménez, por su sociedad con Cevallos en la empresa Aislantes Plumavit, acusada por la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) de fabricar cajas con doble fondo para empacar productos pesqueros y cocaína.

La información vincula estos hechos con la posible extradición a Ecuador del ex ministro de Gobierno (interior) Cesar Verduga, hoy preso en México, país al que ha solicitado asilo político.

Según La Jornada, bajo la gestión del procurador general Jiménez Carbo han sido liberados 17 miembros del cartel ecuatoriano conocido como Los Reyes Magos, detenidos en 1992 cuando Verduga actuaba por primera vez como ministro de Gobierno.

El periódico mexicano afirmó que, en caso de ser extraditado, Verduga podría ser recluido en la misma cárcel donde permanecen aún los hermanos Jorge y Ramiro Reyes, pertenecientes a Los Reyes Magos.

Sobre Verduga pesa una orden de prisión por mal manejo de seis millones de dólares de los fondos reservados del Ministerio cuando ocupó por segunda vez el cargo entre febrero de 1997 y enero de 1998, durante la presidencia interina de Fabián Alarcón.

Si hay personas interesadas "en mezclar el caso de Verduga con el de Hurtado es porque no entendieron la seriedad de la comisión investigadora o quieren desviar el caso Hurtado de la atención publica", advirtió Rodríguez.

"No digo que no pueda existir relación, pero una cosa es el asesinato de Hurtado y otra el mal manejo de los fondos reservados por parte de Verduga. Una cosa es llegar hasta el fin en las investigaciones sobre el asesinato y otra la extradición de una persona buscada por la justicia", argumentó.

En febrero de 1997, el entonces diputado del Movimiento Pachakutik Miguel Lluco denunció los montos de los fondos reservados utilizados por el ex ministro y las fechas en que habían sido desembolsados.

Lluco señaló que el dinero fue utilizado en instancias preelectorales tales como el referéndum que ratificó al gobierno interino y la Asamblea Constituyente que reformó la carta magna, períodos en que el Ministerio de Gobierno contrató asesores internacionales expertos en mercadotecnia.

En su declaración ante el parlamento, Verduga admitió esos gastos, y aseguró que gran parte del dinero fue utilizado en "estudios psicosociales de la población ecuatoriana".

Además de los fondos reservados, los diputados descubrieron que Verduga gastó más de un millón de dólares de fondos corrientes del Ministerio de Gobierno en encuestas sobre su popularidad y la de Alarcón.

Luego de algunas indagaciones, el 4 de abril de 1998, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Héctor Romero, decretó la prisión preventiva de Cesar Verduga, que se había fugado del país horas antes.

Poco después, declaró a periodistas extranjeros que regresaría a este país para defenderse de esas acusaciones, a las que consideró "parte de un complot de enemigos políticos y del narcotráfico internacional".

Sin embargo, nunca regresó. Se instaló en México, donde trabajó como asesor del Ministerio de Comunicación y Transporte hasta el momento de su detención.

El procurador del Estado, Ramón Jiménez, y el hijo del embajador ecuatoriano en México, Medardo Cevallos (hijo), calificaron de "infundio" la versión difundida en México.

Jiménez hizo notar la coincidencia de que esa versión se difundiera 24 horas antes de que el subprocurador Leonello Bertini y la fiscal Mariana Yépez viajen a México para fundamentar el pedido de extradición de Verduga.

El funcionario dijo no tener conocimiento de la supuesta investigación de Hurtado sobre su vinculación con la empresa Aislantes Plumavit, de la que dijo ser presidente y tener una sola acción de 15 centavos de dólar.

También admitió tener buena amistad con el gerente de esa compañía, Juan Carlos Chaparro, detenido en Guayaquil por acusaciones de narcotráfico.

Mientras, Cevallos (hijo) dijo que sus empresas, relacionadas con los sectores pesquero, bancario y periodístico, "nunca han tenido nada que ver con narcotráfico y, mucho menos, con el asesinato de Hurtado".

Cevallos enfatizó que la intención es desprestigiar al régimen ecuatoriano para debilitar su posición frente al pedido de extradición. (FIN/IPS/kl/mj/ip hd/99

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