El canciller de Uruguay, Didier Opertti, protestó por las críticas formuladas por el embajador de Estados Unidos en este país, Christopher Ashby, a un proyecto de ley de patentes de invención en debate en el parlamento.
El representante estadounidense se había quejado porque, a su entender, la reglamentación en discusión "tiene grandes carencias" y "desestimula la inversión extranjera".
Opertti, también presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, señaló el jueves que Ashby no debe intervenir en los asuntos políticos internos de su país.
El senador de la coalición de izquierda Frente Amplio Danilo Astori, uno de los impulsores de la ley de patentes, también cuestionó a Ashby indicando que "es portavoz de su gobierno, pero además está al servicio de empresas transnacionales".
Astori destacó que "las presiones de Washington no pueden disociarse de las que realiza en otra serie de temas".
Estados Unidos "se está arrogando un papel de gendarme del mundo dando lecciones de conducta a todos los demás países", dijo.
Astori mencionó expresamente la listas establecidas por el Departamento de Comercio de la nación norteamericana para "observar" legislaciones o prácticas de terceros.
Uruguay fue incluido en esas listas el 30 de abril, tres meses después de la aprobación del proyecto de ley de patentes por parte del Senado. La norma está ahora en discusión en la Cámara de Diputados, donde se prevé que sea confirmada sin modificaciones en las próximas semanas.
En ocasión del inicio de la discusión parlamentaria del proyecto, Ashby ya había formulado críticas a su contenido, dijo Astori.
El embajador estadounidense criticó el proyecto en un almuerzo al que invitió a integrantes de las comisiones de ambas cámaras legislativas que debían examinar la iniciativa, lo cual motivó protestas del Frente Amplio y del partido centroizquierdista Nuevo Espacio.
"La reacción de Estados Unidos demuestra la independencia y la positiva originalidad del proyecto uruguayo, que está concebido para defender a la industria nacional, cosa que molesta a Washington", aseguró Astori.
Estados Unidos cuestiona a Uruguay por proteger inadecuadamente la propiedad intelectual.
Ashby explicó que las medidas legislativas que estudia Uruguay contradicen las normas definidas en la materia por la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Agregó que el proyecto incluye un régimen demasiado amplio de licencias obligatorias a pagar por los laboratorios nacionales por patentamientos de productos farmacéuticos y escasa protección a los descubrimientos e invesigaciones científicas.
Astori, en cambio, dice que el texto supone una "evolución" en el sentido de lo reclamado por Ashby, ya que hasta ahora Uruguay no reconocía el patentamiento de productos, por entender que una medida de este tipo favorcería la constitución de monopolios en el sector de la salud, en detrimento de los consumidores.
El proyecto actualmente en discusión obligará a los laboratorios nacionales a pagar regalías durante 20 años a los extranjeros cuando copien productos farmacéuticos y químicos agrícolas de los que éstos disponen de licencias.
Ashby sostiene que el régimen de licencias obligatorias estipulado en la ley a aprobar contradice las disposiciones de la OMC, al permitir al licenciatario adquirir materia prima de un proveedor distinto del titular de la patente si su precio es 15 por ciento inferior.
Rosario Lagarmilla, directora de la Propiedad Industrial de Uruguay, negó el planteo de Ashby explicando que disposiciones de ese tipo están contempladas por la OMC y son aplicadas en países europeos como Francia y Gran Bretaña.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos resolvió el 30 de abril incorporar a Uruguay a la lista de países "observados" y lo conminó a rever las disposiciones que critica del proyecto de ley de patentes "antes del 1 de enero del 2000".
En la misma lista, pero en un rubro llamado "alerta prioritaria", Washington incluyó a Argentina, cuya Cámara de Diputados examina una iniciativa que aumenta hasta el 2005 el plazo de que disponen los laboratorios nacionales para pagar regalías a los extranjeros.
La disposición en vigor en Argentina, adoptada en 1995, limita esa fecha al 1 de enero del 2001.
Por otra parte, el nuevo proyecto argentino dispone que los medicamentos y artículos químicos agrícolas de patente extranjera que se comercialicen en ese país deben ser fabricados en suelo nacional.
Ambas medidas son fuertemente criticadas por Estados Unidos, que formalizó una queja ante la OMC.
En respuesta, Buenos Aires denunció a Washington ante el mismo organismo mundial por los subsidios que otorga a la producción agrícola. (FIN/IPS/dg/dm/if/99)
