/BOLETIN-INTEGRACION/ COMUNIDAD ANDINA: Transporte le quita velas al pastel aniversario

El conflicto del transporte de carga terrestre entre Colombia y Venezuela llegó justo cuando esos países, junto a sus socios Bolivia, Ecuador y Perú, se aprestan a conmemorar en la ciudad colombiana de Cartagena el 30 aniverario de la Comunidad Andina (CAN) que los agrupa.

El secretario general de la CAN, el venezolano Sebastián Alegrett, al oficiar como maestro de ceremonias en la cumbre conmemorativa los días 26 y 27, hará un paréntesis en el estudio de la demanda que Bogotá presentó contra Caracas por alegada violación de la Decisión 399 de la CAN.

Esa decisión (ley) liberalizó desde 1997 el transporte terrestre entre los países andinos. Colombia y Venezuela, con un intercambio comercial que se multiplicó por ocho en esta década hasta llegar a 2.500 millones de dólares anuales, efectúan por carretera 80 por ciento de su comercio.

El gobierno de Venezuela decidió el día 14 suspender por un año el libre transporte, como salvaguardia temporal ante lo que consideró "amenaza grave" para su economía: durante casi dos semanas miles de camioneros y transportistas de combustible hicieron huelga en la frontera occidental.

La controversia no está en la agenda de la cita de presidentes en Cartagena, pero al gravitar sobre ella dará pie a los mandatarios, en este caso Andrés Pastrana (Colombia) y Hugo Chávez (Venezuela), para asumir compromisos políticos sobre los cuales los empresarios del transporte armen una solución.

Más aún, con sus pares Hugo Banzer (Bolivia), Jamil Mahuad (Ecuador) y Alberto Fujimori (Perú), podrían aprovechar esta controversia puntual para ordenar a sus gobiernos y a los órganos comunitarios que diseñen mecanismos de prevención o superación de estos conflictos.

En ese sentido, para fortuna del bloque andino, tras el conflicto del transporte sigue casi inmediatamente una cumbre (Consejo presidencial Andino), que puede entregar directrices de alto nivel para avanzar hacia la superación del problema y utilizarlo como ejemplo para prevenir otros.

Colombia, entretanto, ha solicitado a la secretaría general de la CAN dictaminar "incumplimiento de la Decisión 399" por la medida venezolana, la cual "va en contravía del proceso de integración subregional", señaló la viceministra colombiana de Comercio Exterior, Angela Orozco.

"Venezuela nos exporta 1.600 millones de dólares y nosotros le vendemos 900 millones", apuntó Jaime Sorzano, presidente de la Confederación de Transporte de Carga de Colombia, "por lo que los más afectados probablemente terminen siendo los exportadores del vecino país".

La medida venezolana establece un "puerto seco" para el trasbordo de mercancías en la frontera, con excepciones para carga refrigerada, ciertos líquidos y autos. Compartimientos desprendibles de carga serán uncidos a cabinas y chasis de camiones con matrícula del otro país.

El procedimiento "agregará costos y puede afectar bienes perecederos", advirtió la presidenta del Consejo de los Comerciantes, Albis Muñoz. Su colega del gremio de industriales, Luis Ball, teme por "empresas con líneas de producción detenidas mientras hay colas de camiones en la frontera".

Carlos Fernández, del Consejo del Transporte, presentó otra cara del problema: "Hay transportistas en nuestra frontera que desde hace dos meses no tienen trabajo alguno. Necesitamos un rediseño de la Decisión 399 que no asfixie a nuestro sector y garantice la seguridad de nuestro trabajo en Colombia".

En la raíz de la controversia está la mejor organización de las empresas de transporte colombiano, algunas consolidadas precisamente para la apertura de mercados vecinos, frente a la dispersión en unidades más pequeñas y costosas en el lado venezolano.

Del comercio bilateral por carretera, 85 por ciento se efectuaba hasta abril sobre camiones colombianos.

Los transportistas venezolanos, sin embargo, invocaron "falta de reciprocidad" en Colombia, dada principalmente según sus tesis por la inseguridad de sus camiones por causa de la guerrilla, paramilitares y delincuencia común cuando transitan por vías colombianas.

La ministra colombiana de Comercio Exterior, Marta Lucía Ramírez, opinó al respecto que "el proceso de integración no se puede mirar de manera miope", y advirtió que "a los empresarios les hace falta esa visión de futuro, esa grandeza. O se quiere la integración o no se la quiere".

El ex canciller venezolano Simón Alberto Consalvi señaló que "si los gobiernos optan por 'rectificaciones' unilaterales o circunstanciales y los primeros pasos de la integración subregional no se consolidan ?cómo se puede seguir pensando en la gran zona de libre comercio del hemisferio?"

"Quienes erosionan la integración andina, por incomprensión o por incapacidad, deben tener presente que sin ella todos los otros esquemas resultarán utópicos o contraproducentes", agregó Consalvi.

El ministro venezolano de Industria y Comercio, Gustavo Márquez, expresó que "la integración no se decreta. Un logro de la CAN ha sido su capacidad de comprender los problemas derivados de las imperfecciones del mercado y de las diferencias económicas de cada uno de los países".

Según Ball, "la solución es estimular a los transportistas venezolanos para que sean más competitivos", con lo que coincidió Márquez, de formación socialista, al abogar porque además se busque la organización de empresas binacionales.

En esa tesis estaría la base para que los gobiernos de Venezuela y Colombia proyecten fórmulas de solución, con el impulso de una decisión política de los presidentes reunidos en Cartagena. Entretanto, Caracas estima que la medida de salvaguardia puede durar un año y aún extenderse.

Resta por ver si Alegrett avala, rechaza o modifica la medida venezolana, si dependiendo de esa decisión la parte afectada acude al Tribunal Andino de Justicia, y si en paralelo los ministros de Comercio y Transporte encuentran una fórmula de solución al menos para el mediano plazo.

La CAN quiere tener una zona de comercio de servicios liberados para el año 2005, cuando converjan esquemas de liberalización en todo el hemisferio.

Mientras, dado el plazo de 15 días que Caracas dio a la ejecución de su medida de salvaguardia, los últimos camiones colombianos y veneolanos estarán regresando a casa justo cuando los presidentes instalen la Cumbre aniversaria el día 26. (FIN/IPS/jz/eg/if la/99

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