RIO DE JANEIRO – El gobierno de Brasil espera implantar este año un servicio de protección a testigos en juicios penales en el populoso estado de Río de Janeiro, para lo cual solo se requiere una votación del Senado.
El modelo que seguirá este servicio es el programa denominado Provita, que se desarrolló en los últimos tres años en Pernambuco, en el noreste de Brasil, y ya se extendió otros dos estados cercanos, Bahía y Espíritu Santo.
El programa adoptado por el estado de Pernambuco es ejecutado por el no gubernamental Gabinete de Asesoria Jurídica a las Organizaciones Populares, que cuenta con un presupuesto de 82.000 dólares al año para proteger a 30 personas testigos y familiares.
Italia destina 40 millones de dólares anuales para proteger a cerca de 1.000 testigos y delincuentes arrepentidos. Estados Unidos utiliza 20 millones para proteger a 150 personas.
El programa de Pernambuco apela a una "red solidaria" de organizaciones no gubernamentales, grupos religiosos y ciudadanos particulares que ofrecen 40 locales y otras elementos para acoger a los testigos y familiares bajo amenaza. —-
