La ejecución de nueve condenados a muerte por asesinato en Trinidad y Tobago se aproxima luego de que el máximo tribunal de este país rechazara su última apelación.
El Consejo Privado del Reino, con sede en Londres y que funciona como máximo tribunal de apelaciones de casi toda la Comunidad Británica de naciones, rechazó el pedido de clemencia que presentaron los abogados de Dole Chadee y sus ocho cómplices, condenados a morir en la horca.
El fiscal general, Ramesh Lawrence Maharaj, un ex activista por los derechos humanos, anunció que "hará declaraciones en su debido momento", si bien aseguró estar "informado sobre el desarrollo de los acontecimientos".
Los nueve hombres fueron condenados a la horca en 1996 por asesinar en 1993 a cuatro miembros de la familia Baboolal, en el pueblo rural de Williamsville, situado en el centro sur de Trinidad y Tobago.
Desde entonces, los condenados perdieron todas sus apelaciones y los organismos internacionales de derechos humanos rechazaron sus recursos.
El tribunal de apelaciones de Trinidad y Tobago rechazó en abril un recurso constitucional que pretendía conmutar la pena de muerte por cadena perpetua, con el argumento de que el caso había sido acelerado en la corte y de que los presos sufrían castigos "crueles" mientras esperaban el día de su ejecución.
El tribunal de apelaciones concedió el aplazamiento provisorio de la sentencia hasta que los abogados de los condenados pudieran recurrir al Consejo Privado del Reino.
Hace dos semanas, el tribunal de apelaciones rechazó otro pedido que acusaba al Estado de violar los derechos constitucionales de los acusados porque no les permitió presentarse ante el Comité de Clemencia de este país, una vez emitido el fallo de la condena.
Los cinco miembros del Consejo Privado del Reino contaban con tres días para examinar el caso, pero rechazaron el caso apenas unos minutos después de que los magistrados tuvieron en sus manos los documentos entregados por los defensores de los condenados.
El alto consejero Martin Daly, uno de los dos abogados que representan al estado, explicó que el motivo por el cual se había dado vía rápida al asunto era que el estado había presentado buenos fundamentos para acusar a los sospechosos ante los tribunales de Trinidad y Tobago.
Pero aunque Chadee y los miembros de su banda perdieron su última batalla para evitar la horca, algunos sostienen que la ejecución aún podría retrasarse.
La abogada Roberta Clarke, una de las defensoras de Chadee, presentó la semana pasada un recurso constitucional en defensa de otro condenado a la horca, Anthony Briggs.
Briggs y su cómplice, Wenceslaus James, presentaron un recurso constitucional en agosto del año pasado que fue rechazado por el juez Anthony Lucky. Este ordenó que ambos hombres fueran colgados el 28 de agosto.
Pero el juez del tribunal de apelaciones, Jean Permanand, otorgó a los convictos un aplazamiento de la fecha de ejecución, mientras se realiza la apelación al fallo de Lucky.
La petición de Clarke pide la abolición de la pena de muerte con el argumento de que es inconstitucional, cruel y absurda.
Briggs presentó una acción colectiva, o sea un recurso que se aplica a todos los condenados a muerte o personas en peligro de ser ejecutadas por colgamiento. Pero el tribunal aún no fijó fecha para la audiencia.
Muchos afirman que el Estado no colgará a los asesinos antes del 26 de este mes, fecha en la cual se realizará, por primera vez en Trinidad y Tobago, el certamen de belleza Miss Universo.
La política también podría influir en la decisión de colgar a los condenados, ya que está previsto que a mediados de año se realice una votación para elegir nuevos gobiernos departamentales.
El gobernante Congreso Nacional Unido llegó al poder con la promesa de disminuir los índices de delincuencia, y las autoridades lanzaron el lunes una campaña basada en el modelo canadiense de los "vigilantes del crimen", que invita a los testigos de un delito a brindar información a la policía.
Hasta este miércoles, familiares de los condenados confiaban que "algo se arreglaría", incluso luego de conocerse la decisión del Consejo Privado del Reino.
Lolita Gopaul, la esposa de Robin Gopaul, uno de los convictos, dijo estar convencida de que los asesinos no tuvieron un "juicio justo".
"Hubo demasiada publicidad en contra", dijo a la prensa. (FIN/IPS/tra-en/pr/cb/ceb/aq/hd/99
