Japón comenzó a prestar atención al problema del abuso de niños tras ignorarlo durante años, pero el gobierno deberá tomar medidas urgentes para que la situación no empeore, advirtieron activistas sociales.
Las denuncias de abuso infantil se multiplicaron por cinco desde 1990, de acuerdo con un estudio del Ministerio de Salud y Bienestar Social.
Sólo en 1997, el número total de casos denunciados llegó a casi 6.000, y de ellos, 20 por ciento fueron considerados abusos graves, que resultaron en la separación de padres e hijos.
Unas 6.000 víctimas de abuso están diseminadas en 560 refugios de niños en todo el país, según cifras oficiales.
"El número aumentará a medida que el problema reciba más atención pública y la gente sea más consciente de que golpear a los niños está mal", destacó Keiko Nomura, consejera del Centro contra el Abuso Infantil, una organización privada.
En los últimos años, aumentaron los informes de medios nacionales de prensa sobre niños y niñas, muchos de ellos bebés, dejados morir de inanición o golpeados hasta la muerte porque no paraban de llorar, o bien abandonados desnudos en la nieve como castigo.
Sólo el pasado invierno, los japoneses se conmocionaron al saber que una joven pareja dejó morir de hambre a su pequeña hija de 20 meses porque, a su entender, no era tan linda e inteligente como su hijo menor.
El estudio del Ministerio de Salud y Bienestar reveló que la forma más típica de violencia es el abuso psicológico, por ejemplo diciéndole a los niños que deberían morir, o que son feos o tontos y nadie los quiere.
Le sigue en frecuencia la violencia física y también son numerosos los casos de abandono, por ejemplo negando a los niños alimentos, ropa o asistencia médica.
Las madres fueron las culpables de la mayoría de los abusos registrados en el estudio del Ministerio, aunque los padres estuvieron involucrados en más casos de abuso sexual y violencia física, resultantes en lesiones graves o la muerte. La mayoría de los padres y madres cubiertos por el estudio tenían entre 20 y 39 años.
Expertos en cuidado infantil sostienen que los padres que ejercen actos de violencia contra sus hijos fueron en general víctimas de abusos en su infancia.
Muchos proceden de sectores relativamente pobres de la sociedad japonesa, pero otros tantos pertenecen a la generación más joven de japoneses, que fueron criados con pocos o ningún hermano y no se formaron para hacer frente a las dificultades de la crianza de los hijos.
Los expertos también vinculan la rápida urbanización del país con el debilitamiento de la unidad familiar, y señalan que una sociedad que otorga prioridad a lo material por sobre todas las cosas promueve el concepto de que los hijos no son más que una carga para sus padres.
Mientras, una encuesta privada realizada a 500 mujeres y publicada esta semana reveló que 70 por ciento de las madres encuestadas que suelen golpear a sus hijos pertenecen al grupo que cuenta con menos apoyo de sus esposos.
Algunos expertos dedujeron que se trata de mujeres que no tienen a quién recurrir en todo el día y la mayor parte de la noche, dado que los hombres asalariados de Japón tienen en general una jornada laboral muy extensa y suelen pasar después de ella largos ratos de esparcimiento en compañía de colegas.
Nomura se refirió también a madres desanimadas que no pueden hablar de sus problemas con sus padres porque éstos las instan a "sacrificarse por sus familias".
Afortunadamente, muchos padres y madres pueden procurar ayuda en otro lado.
Desde que se estableció el Centro contra el Abuso Infantil en 1991, asistió a más de 23.000 padres, informó Nomura. "Nos concentramos en ayudar a los padres a hacer frente a sus acciones y a cambiar de actitud", explicó.
El principal problema que enfrentan los activistas y trabajadores sociales es la recolección de pruebas sobre actos de crueldad contra niños, destacó Nobuko Nozaki, del Centro de Cuidado Infantil del gobierno metropolitano de Tokio.
"No hay leyes que nos permitan investigar familias. Debemos confiar en informes de vecinos, maestros u hospitales. Sólo podemos pedir a la policía que investigue, cuando contamos con sobradas pruebas de abusos en un hogar", lamentó.
Fumiaki Isogae, un abogado que trabaja en el asunto, señaló la necesidad de adoptar medidas legales preventivas, como la exigencia a maestros y médicos de denunciar los casos de abusos a la policía.
Así mismo, agregó, el gobierno debe apoyar el asesoramiento psicológico a los padres abusadores, dado que el tratamiento cuesta hasta 150 dólares la hora, y la sociedad debe permitir que los niños busquen ayuda libremente sin temor a perder su familia.
"El repentino interés en el problema indica que sólo descubrimos la punta de un iceberg", concluyó Isogae. (FIN/IPS/tra-en/sk/cb/js/mlm/pr hd/99
