Organizaciones de derechos humanos de Guatemala exigieron al gobierno la entrega de archivos sobre las desapariciones políticas, tras divulgarse en Estados Unidos un documento militar que involucra al ejército en ejecuciones extrajudiciales entre 1983 y 1985.
La Asociación de Familiares de Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) exigió al gobierno de Alvaro Arzú que entregue los archivos en poder del ejército para conocer el destino de miles de desaparecidos políticos.
De igual forma se pronunciaron los diputados del izquierdista Frente Democrático Nueva Guatemala, que anunciaron que citarán al parlamento al Ministro de la Defensa, Héctor Barrios, para que dé a conocer los archivos del ejército.
El no gubernamental Archivo Nacional de Seguridad (NSA) de Estados Unidos, que tiene el objetivo de organizar y difundir documentos reservados en esa materia, presentó el jueves un informe extraído de los archivos militares de Guatemala en febrero.
Se trata de la primera noticia concreta acerca de la suerte que corrieron desaparecidos, si bien no de su paradero.
El documento consta de breves informes sobre 182 detenidos- desaparecidas en Guatemala, casi todos en la capital, entre octubre de 1983 y junio de 1984, durante la dictadura del general Oscar Mejía Víctores.
Las víctimas, según el archivo, pertenecían a distintos grupos guerrilleros como el Partido Guatemalteco del Trabajo, la Organización del Pueblo en Armas y a las Fuerzas Armadas Rebeldes.
En las fichas aparecen las fotografías de las víctimas, nombres, seudónimos, cargos y vínculos con las organizaciones.
El ministro Barrios dijo este viernes en conferencia de prensa que ya tiene el documento en su poder y que el Alto Mando del Ejercito lo está analizando, y afirmó que "los familiares de las víctimas que aparecen en el listado pueden presentarse a reclamar en los tribunales con las pruebas respectivas".
Barrios puso en duda la autenticidad del informe dado que, según los propios activistas que lo divulgaron, fue obtenido mediante el pago de 2.000 dólares a informantes que no revelaron.
Además, "todos nuestros documentos están debidamente realizados en papel membretado, con sellos y firmas", lo que no ocurre con el presentado en Estados Unidos, agregó el ministro.
Guatemala sufrió una guerra civil durante 36 años que terminó en 1996 con la firma de la paz entre el gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), que nucleaba a las cuatro fuerzas guerrilleras del país.
La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) que investigó las violaciones de derechos humanos durante la guerra civil informó en febrero que 93 por ciento de estos delitos fueron cometidos por el ejército y tres por ciento por los guerrilleros.
"Los servicios de Inteligencia del Ejército, especialmente la G-2 y el Estado Mayor Presidencial, obtenían información sobre toda clase de personas y organizaciones civiles" y "elaboraban las listas de los que debían ser reprimidos por su carácter supuestamente subversivo", según el informe de la CEH.
Estos organismos procedían luego, "según los casos, a su captura, interrogatorio, tortura, desaparición forzada o a su ejecución", agrega el informe.
La CEH se quejó en numerosas oportunidades de falta de colaboración del ejército en sus investigaciones, en especial por la negativa al acceso a los archivos.
El general Mejía Víctores, hoy retirado, negó que en su gobierno hayan ocurrido detenciones y ejecuciones extrajudiciales, y restó importancia y veracidad al informe divulgado por el NSA.
"En primer lugar, no creo que se trate de archivos militares, sino de documentos apócrifos y anónimos, ya que el ejército acostumbra tener toda su papelería membretada y bien ordenada", dijo el ex dictador al diario Siglo Veintiuno.
"Más bien diría que se trata de una acción mal intencionada, divulgada en el extranjero para perjudicar la imagen de la institución armada", agregó.
Aura Elena Farfán, de FAMDEGUA, recordó a IPS que su hermano Rubén, integrante del guerrillero Partido Guatemalteco del Trabajo, fue secuestrado el 15 de mayo de 1984.
"Lo hemos buscado en morgues, hospitales, centros de salud y tantos otros lugares más, pero sólo ahora tenemos la certeza de que fue asesinado" dijo.
"Me entrevisté varias veces con Mejía Víctores para suplicarle que me ayudara a encontrar Rubén, pero me contestó que mi hermano 'estaba metido en babosadas y a quienes están metidos en eso hay que matarlos"', agregó Farfán.
"Yo mataría a mi mamá si estuviera metida en babosadas", dijo el ex dictador, según este testimonio.
Helen Mack, hermana de Myrna Mack, antropóloga asesinada en 1990 al parecer por un miembro del Estado Mayor Presidencial, el informe divulgado en Estados Unidos "es una prueba de que existen archivos de personas desaparecidas", algo "que el Ministerio de la Defensa siempre ha negado".
Alejandro Rodríguez, del Instituto de Ciencias Comparadas Penales de Guatemala, sostuvo que los casos de ejecución extrajudicial deben ser investigados de oficio por el Ministerio Público, porque éstos no prescriben y son delitos de lesa humanidad.
Rodríguez demandó que el fiscal general Adolfo González Rodas cree una unidad especial para investigar estas violaciones de derechos humanos que, solo en el informe de la CEH, suman más de 5.000 casos documentados.
Sin embargo, el Ministerio Público, a través de su vocera, Marley Fuentes, dijo que "se debe recibir una denuncia formal para investigar, porque la gente dice muchas cosas y hay noticias que se quedan en el aire". (FIN/IPS/cz/mj/hd ip/99
