Organizaciones no gubernamentales y representantes de la Iglesia Católica y de otras confesiones realizaron esta semana en Colombia una jornada contra la impunidad, cuya gravedad es admitida incluso por los jueces.
La jornada, que fue convocada por el Centro de Educación y Cultura Popular (Cinep), encabezada por sacerdotes jesuitas, se efectuó para conmemorar el asesinato de dos integrantes de esa organización no gubernamental, Mario Calderón y Elsa Alvarado, y del padre de ésta, Carlos Alvarado.
El triple crimen, perpetrado el 19 de mayo de 1997, precedió a una escalada de atentados en los que fueron muertos 25 defensores de los derechos humanos.
Calderón y Elsa Alvarado, investigadores del Cinep en materia de derechos humanos y ambiente, fueron asesinados en su vivienda junto a Carlos Alvarado por presuntos paramilitares de derecha.
Diego Pérez, del Cinep, dijo a IPS que, pese a los avances en el proceso, los supuestos autores intelectuales del homicidio permanecen en libertad, y el Centro resolvió solicitar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investigue el caso.
La Fiscalía informó que 10 personas son investigadas por el triple asesinato, la mayoría como supuestos autores materiales. Pero según Cinep, "existe un gran vacío" en lo referente a "la identificación, captura y sometimiento a la justicia de los autores intelectuales" del hecho.
Pérez destacó que la presentación ante la CIDH, entidad dependiente de la Organización de Estados Americanos, se realizará con la participación de gobiernos y grupos internacionales "que han manifestado su solidaridad" en el caso.
La intervención de la CIDH es necesaria, pues en Colombia, "la capacidad de la justicia es limitada y la acumulación de procesos en los juzgados" contribuye a la impunidad, explicó la Cinep.
Sólo fueron sancionados 36.000 delitos, de un total de 3,5 millones cometidos en 1995, de acuerdo con el Consejo Superior de la Judicatura.
"La justicia penal logra investigar uno de cada tres homicidios", desconoce las circunstancias en las que se cometieron cerca de 80 por ciento de las muertes violentas, y deja libre a más de 80 por ciento de los homicidas, señala el informe del Consejo de la Judicatura.
Así mismo, el no gubernamental Instituto Ser de Investigaciones calculó que en 1998 quedaro sin resolver 4,5 millones de procesos en los juzgados penales, civiles, de familia y laborales, de un total de 4,8 millones de casos.
La situación ya había sido señalada en abril por la CIDH, en su tercer informe anual, en que el pidió al Estado "medidas concretas para combatir el elevado grado de impunidad".
La CIDH recomendó una "investigación penal seria, imparcial y efectiva" de los delitos y la imposición "de las sanciones legales pertinentes" a los responsables.
Un Tribunal Internacional de Opinión (TIO) declaró el domingo responsable al Estado colombiano "por acción y omisión" de la masacre de 32 personas no combatientes perpetrada hace un año en la noroccidental localidad de Barrancabermeja y que aún sigue impune.
Tras dos días de sesiones, el TIO, una instancia no oficial integrada por nueve personalidades internacionales, exhortó en el lugar de la masacre al Estado a que "identifique y juzgue" a los autores del hecho, presuntos paramilitares de derecha, y a los miembros de la Fuerza Pública que participaron en el caso.
Según el filósofo italiano Giulio Girardi, presidente del TIO el fallo de esa instancia es de carácter moral y representa "un llamado a la conciencia de la opinión pública para que preserve sus derechos".
Girardi indicó que este tipo de tribunales informales surgen cuando faltan "tribunales nacionales o internacionales que asuman la responsabilidad de juzgar crímenes de lesa humanidad", como el de Barrancabermeja.
El gobierno colombiano consideró la actuación del TIO una "intromisión indebida" en los asuntos internos. (FIN/IPS/yf/ff/hd/99
