La comprobación en Brasil de que algunos jueces contrararon familiares y amigos, liberaron a narcotraficantes y desviaron o se apropiaron de millones de dólares, agudiza la crisis de la administración de justicia y fortalece las propuestas de reformarla.
Un nuevo escándalo se desató el martes con la denuncia de que el Tribunal de Justicia del Amazonia, órgano de segunda instancia, liberó indebidamente por lo menos a 16 narcotraficantes en los últimos años, la mayoría colombianos.
Tales liberaciones se obtuvieron sobornando al juez del tribunal de apelaciones, Daniel Ferreira da Silva, según acusó el abogado Abdala Isaac, al brindar testimonio ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), constituída el mes pasado por el Senado, para examinar irregularidades en el Poder Judicial.
Isaac presentó documentos que probarían la corrupción del juez, una sospecha ya divulgada anteriormente por la prensa, ante las repetidas decisiones favorables a traficantes reincidentes.
Este es uno de los "hechos determinados" que justificaron la acción de la CPI, requerida por el presidente del Senado, Antonio Carlos Magalhaes.
Otro escándalo similar ocurrió en los días anteriores, cuando el ex presidente del Tribunal Regional del Trabajo (TRT) de Sao Paulo, Nicolau dos Santos Neto, fue acusado de enriquecerse con el dinero que se debía destinar a la construcción de un edificio para órganos locales de la justicia laboral.
Santos Neto trató de negar ante la CPI, el martes, que posee un departamento en Miami, cuyo valor sería de 1,5 millones, y una cuenta bancaria en el exterior en la cual se habrían depositado 30 millones de dólares en los últimos tres años.
Pero documentos obtenidos por la CPI comprobaron tales muestras de una fortuna injustificable para un juez jubilado que gana unos 5.000 dólares mensuales. Su cuenta en el Banco Santander, en las Islas Caymán, tiene varios depósitos registrados por el Banco Central.
La construcción del Foro Laboral de Sao Paulo, iniciada en 1992, hubiera demandado un máximo de 60 millones de dólares por los costos del mercado, pero ya consumió 2,3 veces esa suma y aún no ha sido terminada. La obra está paralizada desde que el juez dejó la dirección el año pasado.
Las irregularidades y el desvío de dinero público en este caso testimonian contra el juez pero también contra las instancias superiores del Poder Judicial, el Congreso Nacional y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano encargado de examinar los gastos estatales.
Los auditores del TCU comprobaron incumplimiento de normas desde la licitación en 1992, pero el tribunal no adoptó medidas para corregir los problemas o embargar el proyecto.
El Congreso aprobó seguidamente la entrega de recursos para la obra en el presupuesto anual del gobierno, pese a las denuncias de la prensa y de algunos diputados, que señalaban ilegalidades y malversación de fondos por parte del TRT y del juez Santos Neto .
Ahora, el presidente del Senado considera necesario aprobar una legislación que le imponga eficacia al TCU, cuya función es auxiliar del Congreso en la fiscalización de las cuentas públicas.
La Justicia Laboral es otra institución amenazada incluso de extinción, ante los numerosos casos de corrupción, nepotismo y arbitrariedades llevados a la CPI.
El TRT de Paraba, en el nordeste de Brasil, super a todos en nepotismo. Nada menos que 543 funcionarios, gran parte parientes de los jueces, fueron contratados ilegalmente por ese tribunal, según informó a la CPI el subprocurador de la República, Eitel Santiago Brito.
Brito y otros testigos del caso fueron amenazados de muerte, para frenar su ánimo denunciador. Entre los contratados ilegales hay "pistoleros", asesinos profesionales, dijo el subprocurador.
El ex presidente del Tribunal Superior del Trabajo, Almir Pazzianoto, también acusado de contratar parientes, anuló varios intentos por corregir las ilegalidades en el TRT de Paraba.
En otras ramas de la justicia, además de la complicidad con el narcotráfico en Amazonia, se multiplican las denuncias. La CPI recibió más de 1.000, según el relator de la comisión legislativa, senador Paulo Souto.
Hay varios casos absurdos de sentencias en que se imponen indemnizaciones sobrevaluadas al gobierno.
La más abultada exigía el pago de 81.000 millones de reales (48.000 millones de dólares o nueve por ciento del producto interno bruto del país) a una maderera amazónica, por presuntas pérdidas al ser intervenida por un banco estatal ante su quiebra.
Otro caso pone en duda la conducta del juez Beethoven Giffoni, de Jundia, cerca de Sao Paulo, que en los últimos cinco años autorizó la adopción, por familias del exterior, de 204 niños y niñas, de los cuales 94 fueron contra la voluntad de sus madres, que lo acusan de arbitrariedad al sacarles la patria potestad.
La CPI de los senadores, que actuará por lo menos hasta julio, debe ampliar la repercusión de muchas otras irregularidades y delitos, impulsando una reforma del Poder Judicial, que ya se discute en la Cámara de Diputados.
Gana fuerza la propuesta de someter la justicia a un control externo, reduciendo su independencia. También se busca definir una reestructura y leyes que le permitan mayor eficacia y celeridad, además de inhibir el nepotismo y la corrupción. (FIN/IPS/mo/dm/ip/99
