Activistas de Estados Unidos lograron que accionistas de firmas multinacionales, informados sobre operaciones de sus compañías que afectan el ambiente y los derechos humanos, traten de ponerles fin.
Las asambleas anuales de accionistas de grandes empresas como la petrolera Chevron o Freeport McMoRan, dedicada a la minería, fueron escenario de enfrentamientos de los directivos con inversores preocupados por las violaciones de los derechos humanos y el efecto invernadero.
En una reunión de accionistas de Freeport McMoRan realizada la semana pasada, John Rumbiak, un activista indonesio por los derechos humanos, dijo a los accionistas que la firma estaba involucrada en violaciones de los derechos humanos de comunidades cerca de su mina Grasberg en Irian Jaya, la mitad occidental de Nueva Guinea.
Rumbiak afirmó que los militares indonesios responsables de esos abusos fueron contratados por la compañía para vigilar la mina.
"Su compañía y sus instalaciones se utilizan para torturar gente. Si nos reconocen como seres humanos, no pueden vivir con mentiras como ésta para siempre", advirtió.
Con depósitos de cobre, oro y plata por valor de unos 60.000 millones de dólares, Grasberg es una de las mayores minas del mundo y la mayor fuente de ingresos fiscales del país.
Un estudio de 1995 publicado por el Consejo Australiano de Ayuda en el Extranjero describió un "reinado del terror de seis meses" en torno a la mina, señalando que 37 personas fueron asesinadas por militares indonesios en el área de operaciones de PT Freeport, la subsidiaria indonesia de Freeport McMoRan.
El informe indicó que miembros del personal de seguridad de PT Freeport estaban "involucrados en actos de intimidación, arrancaron confesiones forzadas, dispararon a tres civiles, hicieron desaparecer a cinco habitantes de Dani y torturaron a 13 personas".
También se denunció que los desechos tóxicos de la mina habían contaminado el agua y los peces de los que dependen los grupos indígenas locales.
Una demanda de 6.000 millones de dólares presentada por esas comunidades contra Freeport por violaciones de los derechos humanos y destrucción ambiental sigue su curso en los tribunales del estado sudoriental estadounidense de Louisiana, donde tiene su sede la firma.
Richard Adkerson, presidente y jefe de operaciones de Freeport, quien presidió la reunión de accionistas de la semana pasada, dijo que esa demanda era "infundada" y rechazó las acusaciones de Rumbiak.
"Tratamos de ser sensibles a los planteos del señor Rumbiak, pero no tuvimos pruebas de ninguna violación a los derechos humanos", dijo.
Christian Brothers Investment Services, una firma con sede en Nueva York que posee 5.800 acciones de la Freeport McMoRan, preguntó por qué la relación del directorio de la compañía minera con las comunidades indígenas había "degenerado" hasta desembocar en una batalla legal.
"Esta demanda es un ejemplo de cómo ha fallado nuestra compañía, en el tratamiento de asuntos de dirección que son fundamentales para una firma minera internacional que opera en áreas fronterizas", declaró Christian Brothers.
En el estado de Nueva York, activistas ambientalistas bloquearon la entrada a una reunión de accionistas de Texaco para protestar por las operaciones de esa compañía petrolera en Ecuador.
Según información repartida por la organización no gubernamental Rainforest Relief, los pozos y cañerías de Texaco siguen "arrojando y filtrando millones de galones de salmuera cruda y tóxica en las selvas de Ecuador, hogar de los grupos indígenas cofan, secoya, quichua y haourani".
Después de años de esfuerzos similares para informar a los inversores de diversas compañías, varios accionistas propusieron resoluciones que procuran cambiar la política empresarial o piden que se investiguen las acusaciones de destrucción ambiental o complicidad en violaciones de los derechos humanos.
La semana pasada, siete por ciento de los accionistas en una asamblea de Chevron apoyaron una moción, rechazada por los directivos de la firma, para que se documentaran las emisiones de gases que producen el efecto invernadero, y seis por ciento se abstuvo.
La moción también apuntó contra la participación de la compañía, con sede en el estado sudoccidental estadounidense de California, en acciones que promueven "la visión de que el problema del cambio climático es exagerado o irreal, o de que el efecto invernadero puede ser beneficioso".
Chevron es parte de la llamada Coalición Mundial del Clima, un grupo industrial que ha invertido decenas de millones de dólares para frustrar el Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional que fijó límites obligatorios a las emisiones de gases de los países industrializados que producen el efecto invernadero.
Exxon, Ford, General Motors y otras compañías que integran esa coalición industrial también enfrentan el cuestiomamiento interno de grupos de accionistas.
Algunos inversores de Chevron elogiaron a un puñado de compañías energéticas europeas que se retiraron de la Coalición Mundial del Clima, como la British Petroleum y la Shell.
"Esta votación debería poner nerviosas a compañías como Exxon y otras", dijo Patricia Daly, una monja católica que tiene acciones en Chevron.
"Deben comenzar a incluir la previsión del efecto invernadero en sus planes a largo plazo, o arriesgarse a ser dejados atrás por competidores con mayor visión de futuro", añadió.
Otra moción presentada en la asamblea de Chevron pedía que se cancelaran los planes de perforación para buscar petróleo en la Reserva Nacional Artica de Vida Salvaje de Estados Unidos. Aproximadamente 10 por ciento de los accionistas votaron a favor de la propuesta.
En la reunión anual de los accionistas de la Occidental Petroleum, aproximadamente 13 por ciento votaron a favor de una moción que planteaba el análisis de los riesgos asociados a los planes de perforación en tierras habitadas por el grupo indígena u'wa, de la selva colombiana.
Los líderes de la comunidad u'wa imploraron a los accionistas que impulsaran la cancelación del proyecto petrolero en tierras que consideran sagradas.
Los 5.000 miembros de la comunidad, que viven en las selvas de los Andes, cerca de la frontera con Venezuela, advirtieron que se suicidarían, arrojándose desde un risco, si las perforaciones comenzaban.
"Esta votación muestra que la preocupación por el proyecto programado para las tierras u'wa va más allá de Colombia y los círculos de activistas, para alcanzar a importantes e influyentes accionistas", dijo Shannon Wright, de la Rainforest Action Network, con sede en California.
"La compañía no puede continuar ignorando el tema", agregó. (FIN/IPS/tra-en/dk/mk/at/mp/if en hd/99
