La Corte Suprema de Justicia de Venezuela ratificó hoy que la Asamblea Constituyente que se instalaría en julio no podrá disolver el Congreso, pero mantuvo la realización del referendo sobre su convocatoria para el próximo día 25.
El máximo tribunal dictaminó así contra la posición del presidente Hugo Chávez de que la Asamblea sería un poder originario, lo que significa que tendría amplios poderes una vez instalada, y no se limitaría a redactar una nueva Constitución.
La Corte reiteró su sentencia del 18 de marzo en ese sentido, después que el Consejo Nacional Electoral no ajustó las bases comiciales del referendo propuesto por Chávez, para que se excluyera el carácter originario de la Constituyente.
El pronunciamiento del máximo tribunal se produjo un día después que sus 15 magistrados exigiesen respeto a Chávez y subrayasen el equilibrio de los tres poderes en la gestión del Estado, en reacción a una supuesta carta presidencial que habían recibido y que aparentemente sería apócrifa.
Venezuela vive una semana de tensión por el enfrentamiento de Chávez y el Congreso, tras la exigencia del presidente de que los parlamentarios amplien los limitadores poderes extraordinarios que le concedieron para enfrentar la crisis financiera.
El presidente amenazó con recurrir a la declaración del estado de emergencia, lo que le permite la Constitución cuando existan "graves circunstancias que afecten la vida económica o social", pero a sabiendas de que no podría hacerlo antes del día 25, porque entonces no podría realizarse legalmente el referendo.
Venezuela vivió en la práctica con las garantías económicas de la Constitución suspendidas por 30 años, hasta 1990. Pero para ello fue necesario el apoyo del gobierno y el Poder Legislativo a esa medida, algo que sería imposible lograr actualmente.
La concesión de poderes especiales para legislar por decreto en materia financiera mediante una llamada Ley Habilitante es también un recurso habitual en Venezuela, al contrario de otros países. Sólo dos presidentes no tuvieron esa facultad.
El gobierno y el Congreso volvieron este martes a la mesa de diálogo para avanzar hacia una aprobación de la Ley Habilitante que recoja las demandas presidenciales, mientras cientos de manifestantes exigían al parlamento que deje gobernar a Chávez y pedían su disolución.
Chávez también ha amenazado al Congreso con que podría ser disuelto si mantiene su alegado obstruccionismo al gobierno, una vez que se instale la Asamblea, lo que sucedería en julio. Pero esa posibilidad quedó descartada por el dictamen de la Corte.
El actual Congreso, que inició su legislatura en enero y donde la alianza de izqueirda de Chávez tiene sólo 34 pro ciento de los escaños, tendría de todos modos una vida corta, porque se entiende que la nueva Constitución obligará a su renovación anticipada.
El gobierno no reaccionó de inmediato a la decisión de la Corte, pero se esperaba una rueda de prensa donde Chávez se referiría a la situación con el Congreso y a la decisión de la Corte de responder a una misiva que no era en realidad, según lo trascendido de su autoria.
El referendo fue convocado por Chávez, cuando tomó posesión el 2 de febrero, para que el electorado determine si quiere que una Asamblea refunde políticamente el país y ponga fin al modelo de partidocracia instaurado hace 40 años.
La generación de una Constitución que establezca una democracia "social y participativa" mediante una Aasmblea con poderes ilimitados, fue la gran propuesta electoral de Chávez, que según diferentes sondeos respalda casi 90 por ciento de la población.
La batalla contra esa iniciativa no se ha dado en el plano político y no existe campaña por el voto negativo por parte de algún sector de la oposición, que domina el Congreso, mientras la composición de la Corte no ha sido modificada desde hace años.
Los opositores a la Asamblea y a que si se instala tenga poderes muy limitados han centrado su lucha en el plano jía carácter obligante, si apoyaba la constitución de la Asamblea. Pero en marzo fijó limites amplios a su desenvolvimiento. (Fin/IPS/eg/ip 99
