El problema de los desaparecidos sigue siendo una herida abierta en Uruguay una decenio después de la ratificación en un plebiscito de una ley que dejó sin castigo penal a los violadores de derechos humanos durante la última dictadura.
Así lo entienden las organizaciones de derechos humanos y la mayoría de los dirigentes políticos que el 16 de abril de 1989 emitieron su voto a favor de la "papeleta verde", en rechazo a la ley de amnistía a los militares acusados de torturas, secuestros y asesinatos entre 1973 y 1985.
Lo contrario opinan quienes en aquel día colocaron en la urna la "papeleta amarilla", que identificaba a los partidarios de mantener la ley, aprobada en 1986.
Entre ellos se encuentra, por ejemplo, el jefe de Estado Julio María Sanguinetti, quien en 1989 estaba en el último año de su primera presidencia.
Para el mandatario, la ley de amnistía, llamada oficialmente "de caducidad de la pretensión punitiva del Estado", permitió "pacificar el país" y "saldar definitivamente" un asunto que había "dividido" a los uruguayos como la necesidad o no de juzgar a los culpables de violaciones a los derechos humanos.
La casi totalidad de los dirigentes del gobernante Partido Colorado y buena parte de los del Partido Nacional, ambos comprometidos mayoritariamente hace diez años en la campaña a favor de la ley, son de la misma opinión que Sanguinetti.
Sin embargo, algunos de los más connotados votantes de la "papeleta amarilla", que el 16 de abril de 1989 obtuvo 56 por ciento de los sufragios pero perdió ampliamente en Montevideo, se manifiestan ahora arrepentidos de aquella opción.
Uno de ellos es el actual director de la revista Posdata Manuel Flores Silva, que en 1989 era legislador por el Partido Colorado.
Entre los factores que lo llevaron a cambiar de opinión con el paso del tiempo, Flores Silva señaló que la ley no cerró el reclamo por el destino de los desaparecidos sino que, por el contrario, lo hizo aún más imperativo.
También observó que uno de los artículos clave del texto, el cuarto, que obligaba a investigar y esclarecer esos actos represivos, no fue cumplido por los poderes públicos.
Fue precisamente la presencia de ese artículo en la ley lo que convenció a un importante número de indecisos a votar por la papeleta amarilla, con el argumento de que, aunque no hubiera castigo a los violadores de derechos humanos, se sabría, de todas maneras, la verdad sobre las atrocidades que habían cometido.
Interpretando a su manera el "espíritu" de quienes habían aprobado con su sufragio la ley de amnistía, dirigentes blancos y colorados se negaron sistemáticamente a dar cumplimiento al artículo cuarto del texto.
"La búsqueda de la verdad fue cancelada y se creó una sensación de injusticia en todo un sector de la opinión uruguaya que trasciende a los parientes directos de las víctimas", constató al hacer un balance de la ley uno de los integrantes de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.
Desde el golpe de Estado de junio de 1973, fueron secuestrados cerca de 160 uruguayos, entre ellos más de una decena de niños hijos de esos militantes opositores.
La mayor parte de esas personas que hoy integran las listas de desaparecidos, unas 130, fueron detenidas en Argentina por integrantes de las fuerzas represivas uruguayas que operaban en ese país en el marco de la Operación Cóndor de coordinación entre las diversas dictaduras del Cono Sur latinoamericano.
Nueve hijos de desaparecidos apropiados ilegalmente por represores "reaparecieron" y recuperaron su identidad, pero ese logro fue únicamente de la "sociedad civil", ya que los poderes públicos jamás colaboraron en esa tarea ni en investigación alguna, afirman los grupos de derechos humanos.
Entre las "pruebas" que esgrimen quienes sostienen que la ley de amnistía "no saldó nada" figura el hecho que desde hace tres años cada 20 de mayo decenas de miles de personas participan en las calles de Montevideo en una marcha en reclamo de investigaciones sobre el destino de los desaparecidos.
La fecha de realización de la manifestación obedece al aniversario del secuestro y posterior asesinato en Buenos Aires de los ex legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y los jóvenes militantes de izquierda Rosario Barredo y William Whitelaw.
Esas marchas demuestran, a juicio de representantes de grupos humanitarios y partidos de izquierda, que un sector importante de la sociedad no está dispuesto a "dar vuelta la página" y pide "saber para poder construir una sociedad sobre otras bases", según resumió el senador Rafael Micehlini, hijo de Zelmar.
"Se logró la pacificación, pero con pies de barro", constató a su vez Matilde Rodríguez, viuda de Gutiérrez Ruiz y una de las integrantes de la comisión que impulsó el referéndum contra la ley de amnistía.
"Si hubiera ganado el voto verde, se habrían establecido pautas para evitar el enfrentamiento total", agregó en declaraciones formuladas este viernes al diario El Observador.
Por otra parte, diversos sondeos de opinión efectuados en los últimos años indican que una fuerte mayoría de los ciudadanos del país es partidaria de esclarecer los asesinatos y secuestros cometidos en los años 70 y principios de los 80.
Según recuerda un artículo publicado este viernes en el semanario Brecha, de Montevideo, en las discusiones previas a la aprobación de la ley quienes la defendían aducían que de todas maneras los militares acusados de violaciones a los derechos humanos no serían promovidos.
Sin embargo, ese no fue el caso, y la totalidad de ellos permanecen en activo en las Fuerzas Armadas y fueron ascendidos.
El caso más notorio es el de Jorge Silveira, acusado de haber participado en secuestros y asesinatos de uruguayos en Buenos Aires y que hoy integra el estado mayor del comandante del Ejército.
Entre quienes se pronunciaron hace diez años por el "voto verde" y que fueron derrotados en el plebiscito, muchos son los que "pese a todo" establecen un saldo positivo de aquella jornada y de la campaña que la precedió.
Dicen, por ejemplo, que el hecho de que 42 por ciento de los ciudadanos de todo el país (y 55 por ciento de los de Montevideo) se hayan pronunciado por la derogación de la ley no es para nada desdeñable, sobre todo en el contexto en que el plesbicito fue realizado.
Uno de los recursos a los que echaban mano los impulsores de la papeleta amarilla era la agitación del peligro inminente que corrían las instituciones democráticas en caso de que la ley de amnistía fue derogada.
Paralelamente, los adversarios de la ley eran sistemáticamente discriminados en el acceso a los principales medios de comunicación para la realización de su campaña. Canales de televisión privados llegaron a rechazar una publicidad paga de los partidarios del voto verde.
Un estudio realizado por el historiador Marcos Gutiérrez estableció que en la última semana de la campaña para el plebiscito "los partidarios del voto amarillo ocuparon más de cinco horas, con 358 menciones" en los principales canales de televisión.
Los del voto verde, por su lado, apenas llegaron a una hora y 32 minutos, con 157 apariciones.
Pero, sobre todo, la campaña a favor de la convocatoria del plebiscito, que duró 28 meses desde la aprobación de la ley de amnistía, permitió que ciudadanos de todo el país, incluso de los lugares más remotos del interior, se enteraran de lo sucedido durante la dictadura.
"Si algo no trajo el referédum fue el olvido", observó el semanario Brecha.
"No podía ser de otro modo, porque si la idea de que el pasado desaparezca es en sí misma delirante mucho más lo es la insólita pretensión de que la mayoría de los partidos, o el conjunto de los mismos, pueda imponer a la ciudadanía entera, para siempre, un compromiso de desmemoria", concluyó. (FIN/IPS/dg/mj /hd ip/99
