La nueva Constitución de Tailandia creó una atmósfera de incertidumbre en la clase política de este país.
Eso es lo que opina, entre otros, Nikorn Chamnong, al frente del partido Chart Thai. "Los políticos siguen sin saber qué será de nosotros en el futuro inmediato", dijo.
Sin embargo, reconoce que se trata de una incertidumbre saludable.
"Todo lo que sabemos es que las normas eleccionarias cambiaron para que los partidos políticos muestren más transparencia. Ese es un gran paso. No tenemos otra alternativa que esperar y ver lo que ocurre cuando el nuevo sistema esté vigente", añadió.
Hasta ahora fueron aprobadas ocho "leyes orgánicas" de las 30 previstas para aplicar la Constitución de 1997. Sin embargo, no todos se sienten cómodos con las nuevas reglas establecidas por la ley Electoral, la ley de la Comisión de Sufragio y la ley de Partidos Políticos.
Esas medidas cambian los distritos electorales y el sistema de votación. Los partidos políticos deberán mostrar transparencia y someterse a severos mecanismos de control. Incluso en el Senado, todos los escaños estarán sujetos a elección y no a nombramientos.
La disponibilidad y la apertura de las agrupaciones son algunos de los cambios que la primera Constitución popular puesta en vigor en 1997 pretende imponer a la cultura política.
En su segundo año de vida, la Constitución obligó a cancelar viejos sistemas políticos y burocráticos para abrir otros subordinados a mecanismos de control y equilibrio, cosa que perturba considerablemente las viejas usanzas.
No obstante, los partidarios de la nueva constitución están aprendiendo que no se conseguirán con facilidad esos ajustes hechos para erradicar la corrupción en la cultura política y para corregir la parte del sistema que actúa en desmedro de los derechos humanos.
En febrero, los activistas reaccionaron con rabia cuando descubrieron que se habían alterado drásticamente los principios básicos de una ley diseñada por grupos cívicos para aplicar las cláusulas de la Constitución que aprobó el gabinete.
Los cambios efectuados por el Consejo de Estado diluyeron el énfasis de la ley sobre la naturaleza independiente de una Comisión Nacional de Derechos Humanos cuya creación está prevista, y la interpretaron sólo como una agencia subordinada al ministro de Justicia, que forma parte del órgano ejecutivo.
El Consejo de Estado es una agencia gubernamental responsable de la interpretación de cada ley patrocinada por el gabinete antes de que sea pasada al Parlamento para su ulterior discusión.
"Existe un intento de apoderarse del control del Consejo de Derechos Humanos al pretender que vuelva al Ministerio de Justicia", dijo Pradit Chareanthaithatavee, un ex miembro de la asamblea constituyente que dirige la comision publica de derechos humanos.
En otros países asiáticos, como Filipinas, el principal organismo humanitario es una entidad constitucional independiente que no pertenece ni es controlada por el Consejo de Estado.
La lucha sobre las dimensiones del organismo humanitario tailandés refleja la dificultad para llevar adelante los numerosos mandatos de reformas contenidos en la Constitución de 1997.
Redactar mas de 30 leyes nuevas y ponerlas en vigencia antes del 30 de octubre, siguiendo los requerimientos de la Constitución, no es una tarea fácil, reconoció el gobierno en su informe anual al Parlamento en diciembre.
"Esas trabas técnicas crean dificultades a las agencias del gobierno para elaborar un plan para sus operaciones", señaló el informe.
La interpretacion del texto constitucional parece ser un gran problema para sus redactores en el Consejo de Estado, lo cual ha sido objeto de desconfianza por parte de activistas políticos y académicos.
Muchos dudan de los motivos y actitudes reales respecto a las reformas que han debilitado la futura Comisión de Derechos Humanos, y señalan de qué manera el sistema burocrático rehúsa ceder el control político.
"El concepto de protección de los derechos humanos es algo que provoca miedo entre la elite de la sociedad tailandesa, que aún mantiene su vieja actitud", declaró Charan Kosananan, también ex miembro de la Comisión Pública de Derechos Humanos y del Consejo de Estado.
Los cambios efectuados por el consejo al borrador original de la ley sobre la comisión de derechos humanos distorsionaron sus principios básicos, afirmaron los críticos.
El término "derechos humanos", por ejemplo, definido para cubrir los derechos y las prácticas tanto bajo la ley tailandesa como de la internacional, fue reducido sólo a los derechos referidos a la legislación del país.
En la versión original, los funcionarios y empleados públicos no desempeñaban ningún papel en los organismos de derechos humanos para asegurar su independencia de cualquier influencia gubernamental.
El nuevo texto otorga una cuota mayoritaria para aquellos que son o han sido funcionarios públicos de alto rango. El ministro de Justicia fue designado presidente de la comisión.
De esa manera, sólo cuatro bancas son asignadas a representantes de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Para peor, agregaron los activistas, la versión del Consejo de Estado limita esos escaños a aquellas ONG que han trabajado por lo menos 10 años en el campo humanitario, a pesar del hecho de que ninguna organización local tiene esa edad.
Esta no es la primera ley constitucional que resulta cambiada en el proceso de pasar a traves del molino parlamentario.
Otros tres proyectos de ley sobre una oficina de educación nacional, control de frecuencias radiales y telecomunicaciones, y administración local, también fueron modificadas.
Al igual que la ley de derechos humanos, el Consejo de Estado hizo revisiones que le quitaron el poder a los grupos cívicos para restituirlo al ejecutivo.
Por el momento, las ONG humanitarias tratan de influir a los partidos políticos para que cambien la ley a su versión original, antes de que sea tratada en el Parlamento.
"El primer paso hacia un cambio para un sistema mejor ha comenzado y yo creo que será difícil detenerlo. Si bien es problemático, voy a seguir adelante porque la gente siempre busca lo mejor", expresó Srisavang Phuavonghatya, un respetado senador y miembro de una ONG. (FIN/IPS/tra-en/pd/js/ego/aq/ip/99)
