Empresas de diversos ramos de Panamá están involucradas en millonarios casos de abuso de los consumidores, según denunció hoy la estatal Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (CLICAC).
Mueblerías, procesadoras de harina y financieras tienen participación en el escándalo.
A mediados de 1998 la CICLAC había denunciado a farmacias e importadoras y distribuidoras de medicamentos por haber aumentado hasta 300 por ciento los precios de sus productos.
Las mueblerías, harineras y financieras investigadas ahora por la CLICAC habrían incurrido en graves violaciones a la ley de libre competencia y defensa del consumidor, promulgada en 1996 tras el ingreso de Panamá a la Organización Mundial de Comercio.
El presidente del organismo estatal, Rafael Carles, declaró esta semana que los inspectores de la entidad "descubrieron entre 600 y 800 contratos de compra y documentos firmados en blanco (por compradores) durante un allanamiento realizado a nueve establecimientos comerciales".
Entre ellos se encuentran cinco mueblerías, dos financieras y dos casas de empeño, pero esa práctica se extendería a la gran mayoría de ese tipo de negocios, según Carles.
Al igual que ocurrió a mediados de 1998 con cuatro procesadoras de harina acusadas por la CLICAC de conformar "un cartel para manipular los precios de venta al público", los dueños de los nueve comercios allanados fueron demandados ante la justicia.
Uno de lo consumidores estafados fue Virgilio Vázquez, quien compró en julio de 1997 una colección de libros didácticos a vendedores de la editorial Asesoría Técnica Educativa y firmó un contrato en blanco para que se le hiciera el descuento directo de su salario una vez que los libros estuvieran en su poder.
Sin embargo, cuando se le comenzaron a realizar los descuentos, no había recibido aún los libros y en vez de la editorial la que aparecía como su acreedor era la financiera Super Crédito y Consultores de Inversiones. Además, se le cobraron mercancías que nunca había comprado.
A pesar de las evidencias que Carles aduce tener contra los comercios infractores, la Asociación Nacional de Mueblerías afirmó que la CLICAC cometió "una clara extralimitación de funciones" al no existir ley alguna que prohíba firmar documentos en blanco.
"En el quehacer diario sería imposible manejarse sin la facilidad de poder firmar documentos en blanco a los diversos agentes económicos (como) hoteles, agencias de alquiler de autos o aplicaciones para tarjetas de crédito", alegó la entidad.
Pero Carles dijo que el artículo 31 de la ley de libre competencia y defensa del consumidor "especifica que será nulo el contrato que estuviese firmado por el consumidor con espacios en blanco, en circunstancias que pudiesen ser llenados con posterioridad por el proveedor en perjuicio del consumidor".
En 1998 la CLICAC recibió 201 quejas contra varias mueblerías de consumidores que se sintieron engañados por el proveedor, informó Carles.
El mismo año los bancos y las financieras destinaron 1.541 millones de dólares a los préstamos de consumo, 17,5 por ciento del total de créditos canalizados hacia el sector privado.
El caso de las harineras afecta a su vez a los 2,8 millones de habitantes del país, indicó Carles.
Cuatro importadoras, procesadoras y distribuidoras de harina al por mayor incurrieron, de acuerdo a la CLICAC, en prácticas monopólicas al importar en conjunto trigo desde el exterior y luego fijar precios de venta uniformes y distribuirse el mercado para evitar competir entre sí.
Carles calificó a las compañías Gold Mills, Oro del Norte, Harinas del Istmo y Harinas de Panamá como "un cartel que incurrió en prácticas monopolísticas absolutas", contraviniendo la ley de 1996.
En octubre de 1997 la CLICAC incautó documentos probatorios de sus denuncias durante allanamientos a las oficinas de las cuatro harineras, incluido un archivo electrónico donde se detectó un intercambio de mensajes en el que constaba el acuerdo de reparto del mercado y la fijación de precios uniformes.
El tema está siendo ventilado en el juzgado octavo del primer circuito judicial de Panamá, pero los abogados de las cuatro harineras lograron que el juicio se pospusiera hasta junio.
Una de las compañías demandadas pertenece a la familia del ex presidente Guillermo Endara (1989-1994) y otra a familiares del actual segundo vicepresidente, Felipe Virzi.
David Virzi, primo de Felipe y director de la harinera Oro del Norte, adujo que si las procesadoras son culpables también se debería juzgar a las panificadoras, "ya que son ellas las que finalmente llevan sus productos a los consumidores".
La CLICAC pide a las cuatro empresas un total de 4,7 millones de dólares. (FIN/IPS/sh/dg/if/99
