La colonia británica de Gibraltar, que controla el paso por el estrecho del mismo nombre, es un paraíso para el lavado de dinero sucio, según un informe que la revista madrileña Cambio16 publicará la próxima semana.
El lavado se realiza utilizando sociedades instrumentales, cuya proliferación ha llevado a que consten 60.000 censadas a fines de 1998, el doble de los habitantes del territorio que ronda los 30.000 habitantes.
El Banco de España (emisor o central) presentó en marzo último un estudio al Parlamento, en el que señala que esas sociedades sirven "para el reciclaje de dinero de procedencia delictiva y el cauce perfecto para hacer cobros y pagos derivados de actividades ilícitas".
De esa manera, añade, "el lavado de dinero sucio procedente de la droga u otras actividades ilícitas se puede hacer fácilmente e invertirlo en España como respetable inversión extranjera".
En Gibraltar es sencillo constituir una sociedad, incluso sin necesidad de trasladarse hasta allí. Basta un poder a un abogado local y el pago de aproximadamente mil dólares. Tampoco es necesario instalar una sede, pues el domicilio legal se constituye en el estudio de los abogados.
Cambio 16 subraya que en Gibraltar hay 120 abogados, quienes viven casi exclusivamente del trabajo que realizan para inversionistas del exterior.
La española Dirección General de Transacciones Exteriores tiene registradas inversiones de origen gibraltareño por 2.000 millones de dólares en 1998, nueve veces más que tres años antes.
El organismo fiscal español, a su vez, tiene censadas 7.958 empresas que operan en la Costa del Sol bajo la forma de entidades jurídicas.
La Costa del Sol, zona española ubicada sobre la costa norte del Mar Mediterráneo, es un centro turístico de alto nivel, con modernos y amplios puertos deportivos, grandes hoteles y residencias de lujo, buena parte de ellas de propiedad de magnates extranjeros.
Una de las fórmulas utilizadas para el lavado de dinero es la de comprar inmuebles en la Costa del Sol, a través de sociedades instrumentales gibraltreños.
De esa manera, además del lavado se logra eludir el pago de impuestos de transmisiones, que en España es obligatorio en cualquier operación de compra-venta de bienes patrimoniales.
Otros métodos son las compras mediante hipoteca, compra en efectivo de cheques bancarios o la simple transferencia de divisas, aunque para estos últimos es necesaria la connivencia de entidades bancarias.
También existe el método conocido coloquialmente como "ingeniería financiera", consistente en simular operaciones de importación o exportación, alterando las cifras o haciendo una doble facturación, una real y la otra ficticia.
La máxima autoridad gibraltareña, el ministro principal Peter Caruana, niega con rotundidad que se lave dinero sucio en su territorio. Otra cosa, dice, es que "Gibraltar es un centro financiero, o un paraíso fiscal".
Caruana añade que en Gibraltar se cumplen todas las normas monetarias europeas, excepto una, que se refiere a la necesidad de que las sociedades inscriban sus balances en el Registro de Sociedades.
Esa disposición también será acatada en el futuro pero, reconoce, tampoco así habrá transparencia, "porque no requiere que se declare quiénes son los accionistas de la sociedad".
Caruana puntualiza que "la libertad que hay en Gibraltar para declarar o no en registro público el dinero real de una empresa o sociedad es igual a la que hay en otros lugares, como la isla de Man, Luxemburgo o las Islas Vírgenes", considerados paraísos fiscales.
José Manuel Triay, suegro de Caruana y uno de los abogados más fuertes de Gibraltar, sostiene que en la isla existe un sistema jurídico más práctico que el español y que "la ley española es más rígida, por eso se incumple".
Según Triay, el problema no está en Gibraltar "sino en el país de origen del inversor que utiliza este paraíso fiscal para lavar dinero o para eludir impuestos".
El gobierno español, además de mantener ante las Naciones Unidas su demanda de soberanía sobre Gibraltar, tiene a estudio la posibilidad de negar personalidad jurídica en España a las sociedades gibraltareñas.
El Banco de España recomienda, además, reforzar el control aduanero en los puertos deportivos de la Costa del Sol, como Puerto Banús, en Marbella, o el Puerto de la Duquesa en Estepona. La escasa vigilancia de que se dispone en ellos favorece todo tipo de tráfico ilega. (FIN/IPS/td/dg/if/99)
