El gobierno y la mayoría de los partidos políticos de Chile reclaman el regreso del ex dictador Augusto Pinochet, pero en el fondo para unos y otros, lo mismo que para el mando del Ejército, es mejor que el anciano general permanezca un buen tiempo más en Londres.
El actual senador vitalicio deberá comparecer el 30 de este mes ante el tribunal de Bown Street, en la primera audiencia del juicio de extradición a España, tras la resolución que emitió el día 15 el ministro británico del Interior, Jack Straw.
Tras la decisión de Straw de dar luz verde a la posibilidad de que Pinochet sea extraditado por delitos de tortura, la derecha intensificó en Chile sus demandas de una "acción enérgica" del gobierno de Eduardo Frei para traerlo de regreso.
También se hizo patente la inquietud en el Ejército y, como prueba de ello, el comandante en jefe, general Ricardo Izurieta, viajó a la capital británica para llevar personalmente la solidaridad de esa fuerza a su antiguo superior.
El gobierno considera las acciones políticas y judiciales que emprenderá para hacer valer el "mejor derecho" de Chile a juzgar al ex dictador, según 20 querellas presentadas en su contra desde enero de 1998 en el país.
Una encuesta realizada por el Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea (CERC), cuyos resultados se difundieron el día 19, indica que 31 por ciento de los chilenos creen que Pinochet debe permanecer en Londres.
De acuerdo con el sondeo, 41 por ciento estiman que debe regresar a Chile para ser juzgado y sólo 17 por ciento abogan por su retorno sin que se le procese en el país por las violaciones de derechos humanos bajo su régimen (1973-1990).
Anteriores encuestas mostraron que 55 por ciento de la población considera que no existen en Chile condiciones legales ni políticas para que los tribunales juzguen y eventualmente condenen al ex dictador.
En Chile está vigente una ley de amnistía desde 1978, Pinochet tiene inmunidad (fuero) como senador vitalicio y la justicia militar conserva un gran marco de influencia, sin considerar el "poder fáctico" que mantienen las Fuerzas Armadas.
Ese 41 por ciento que según la encuesta del CERC quiere el regreso a Chile del general retirado de 83 años estaría expresando sobre todo el deseo de que se le juzgue, más que la certeza de que puede ser procesado en Chile.
El 31 por ciento que quiere su permanencia en Londres representa a la población más escéptica sobre las posibilidades de alcanzar justicia en Chile y que reivindica entonces el juzgamiento internacional de los violadores de derechos humanos.
Todo el mundo sabe que el juicio en la capital británica se caracterizará por un juego permanente de apelaciones tanto de la defensa del ex dictador como de la Fiscalía acusadora, lo cual hace prever un proceso de uno o dos años más de duración.
El senador derechista Ignacio Pérez-Walker sostiene que Pinochet finalmente ganará el juicio, porque los cargos en su contra son menores, luego de que la Cámara de los Lores los restringiera a delitos de tortura posteriores a diciembre de 1988.
El juez Baltasar Garzón, a cargo del proceso en España, y organizaciones de derechos humanos, confían en certificar numerosos actos de tortura, y puntualizan que la comprobación de un solo caso será suficiente para extraditar al ex dictador.
Si Pinochet fuera llevado finalmente ante los tribunales españoles, lo más probable es que, aún en caso de condena, será dejado en libertad por razones humanitarias relacionadas con su avanza edad y su estado de salud, deteriorado por una diabetes.
Pero el propio ex gobernante está dispuesto a entrar en un juicio de largo aliento y pidió a sus abogados que agoten todas las instancias jurídicas para oponerse a una extradición que considera vejatoria para la soberanía de Chile.
En ese escenario, es casi una certeza que las elecciones presidenciales chilenas del 11 de diciembre de este año tendrán lugar con el ex dictador todavía en Gran Bretaña, salvo que antes fallezca o que su salud se deteriore gravemente.
Más de 80 por ciento de las personas consultadas por el CERC estimaron que el futuro de Chile no será condicionado por el desenlace del caso Pinochet, lo cual refleja el deseo mayoritario de sacudirse de la sombra del hombre que gobernó el país por casi 17 años.
Una elección sin el "factor Pinochet" le conviene no sólo a la gobernante coalición de centroizquierda, cuyo candidato será designado en comicios primarios el 30 de mayo entre el socialista Ricardo Lagos y el democristiano Andrés Zaldívar.
También para el derechista pacto Unión por Chile, que proclamó el día 18 como su candidato único al alcalde del municipio santiaguino de Las Condes, Joaquín Lavín, es más favorable una campaña con el ex dictador a miles de kilómetros de distancia.
Así, Lavín podrá presentarse como un "hacedor de obras" por encima de las divisiones entre izquierda y derecha y sin el lastre de la imagen del ex dictador, quien además no mira con buenos ojos su candidatura.
El entorno pinochetista quiso dar un golpe de mano hace dos meses, promoviendo la candidatura presidencial del ex senador Arturo Frei Bolívar, primo del actual mandatario, quien rompió con la Democracia Cristiana.
Pero la postulación de Frei Bolívar se extingue en la misma medida de que este país de casi 15 millones de habitantes se habitúa a vivir sin Pinochet, actor central de la política chilena incluso tras la restauración democrática de 1990.
Y esta sensación de alivio parece emanar incluso del Ejército, donde el general Izurieta adoptó decisiones qie habrían sido impensables bajo la influencia del ex dictador, como la remoción de su cargo del auditor general (fiscal) castrense Fernando Torres Silva.
El viaje de Izurieta a Londres obedeció a las presiones de los militares "duros" y, como señaló el diario El Mercurio, cumplida esa misión el último fin de semana, el comandante en jefe podrá abocarse a las tareas institucionales, alejando al Ejército de la contingencia política. (FIN/IPS/ggr/ff/ip/99
