La ex primera ministra de Gran Bretaña, Margaret Thatcher, acusó al ministro del Interior, Jack Straw, de aplicar criterios políticos para autorizar el juicio de extradición a España del ex dictador de Chile Augusto Pinochet.
"La decisión del ministro del Interior de que la extradición del senador Pinochet a España es procedente es un acto de venganza política. Su consideración de los argumentos parece superficial e inadecuada", dijo Thatcher.
"Esta no es la decisión de un hombre de mentalidad justa. Puso sus ambiciones por sobre sus deberes y rebajó así su cargo", agregó.
Straw dijo el jueves al anunciar su decisión que los intereses nacionales británicos, la edad y el estado de salud de Pinochet y la estabilidad política de Chile no eran argumentos suficientes para rechazar el pedido de extradición.
Por el contrario, su antecesor del Partido Conservador Kenneth Clark afirmó que la decisión "es mala para la situación política de Chile y para las relaciones con el amistoso y democrático gobierno" del país latinoamericano.
Pinochet está detenido en Londres, donde había sido sometido a una operación quirúrgica, desde octubre, como consecuencia del pedido de captura internacional dictado por el juez español Baltasar Garzón, que lo acusa de crímenes contra la humanidad.
Activistas de derechos humanos manifestaron en Londres que la decisión de Straw constituye "un paso gigantesco" para llevar al ex dictador a juicio en España por supuestos actos de tortura cometidos entre 1988 y 1990, sus últimos años en el poder.
"Las víctimas de Pinochet han esperado 25 años este día. Esta sentencia definitiva significa que Pinochet tendrá por fin que comparecer ante una corte de justicia por sus terribles crímenes", dijo Reed Brody, director de Abogados de la organización de derechos humanos Human Rights Watch.
Los activistas creen que la decisión de Straw refleja el creciente consenso internacional, tanto político como judicial, de que los delincuentes deben comparecer ante la justicia, no importa quiénes son ni dónde cometieron esos crímenes.
"Esta es la segunda vez que Jack Straw toma una decisión positiva tras dos decisiones de la Cámara de los Lores, y es una toma de posición muy fuerte en el sentido de que un acusado por tortura debe ser juzgado", dijo Sherman Carroll, de la Fundación Médica para el Cuidado de Víctimas de la Tortura.
"La decisión confirma otra vez que un solo caso de tortura es suficiente para procesar al acusado. Confiamos en que este principio se tome en cuenta en los tribunales de Gran Bretaña cuando examinen la evidencia presentada por las autoriades de España", dijo Simona Beltrami, de Amnistía Internacional.
La Fiscalía de la Corona británica, que actúa en representación de las autoridades de España, debe decidir ahora qué acusaciones se tomarán en cuenta en la próxima etapa del juicio de extradición, cuyo inicio está previsto para el día 30 en el Tribunal de Bow Street, en Londres.
La cantidad de acusaciones que se considerarán fue recortada de forma drástica por el fallo de la Cámara de los Lores, que decidió que Pinochet sólo podría ser extraditado por casos de tortura cometidos entre diciembre de 1988 y 1990, los dos últimos años de su dictadura.
En diciembre de 1988, Gran Bretaña ratificó la Convención Internacional contra la Tortura.
Robert Roscoe, experto en leyes de extradición, previó que los abogados de Pinochet procuren una revisión del fallo de este jueves, sobre la base de supuestas motivaciones políticas de las autoridades españolas.
También podrían solicitar la libertad bajo fianza de Pinochet, de modo de que el ex dictador pueda regresar a Chile desde donde podría aguardar el resultado del proceso de extradición.
"Sentimos que esta decisión reafirma los compromisos de la comunidad internacional asumidos hace tiempo. Esto es una señal de que estamos avanzando hacia un abordaje más universal sobre la protección de los derechos humanos. Esto no es importante sólo para Chile, sino para el mundo entero", dijo Beltrami.
Los expertos estiman que los procedimientos durarán meses, tal vez años. El fallo definitivo permitiría a cualquier país llevar ante la justicia jefes de Estado de terceras naciones por delitos cometidos en ejercicio del poder, afirman.
La Cámara de los Lores de Gran Bretaña, máxima instancia judicial de este país, determinó el 24 de marzo que el ex dictador no era inmune. (FIN/IPS/aw/dds/mk/mj/ip hd/99
