El proceso judicial en Gran Bretaña contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet permitió replantear el enjuiciamiento, aun fuera de fronteras, de otros violadores de derechos humanos durante las dictaduras del Cono Sur de América Latina.
El "caso Pinochet" llevó a que se maneje, incluso, la posibilidad de que sean juzgados en el extranjero ex dictadores acusados de delitos de lesa humanidad en países ajenos a América del Sur, como el haitiano Jean Claude Duvalier o el ugandés Idi Amín.
Esa opción fue formulada en Ginebra ante la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas por la organización internacional Human Rights Watch.
La organización se basa en la necesidad de aprovechar el precedente sentado por el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores de Gran Bretaña cuando negó la inmunidad diplomática a Pinochet.
"Ha llegado la hora de extender ese antecedente a otros violadores de las leyes humanitarias", proclamó en Suiza Reed Brody, director jurídico de Human Rights Watch.
"El caso Pinochet muestra cuánto hemos avanzado desde las épocas en que los déspotas podían aterrorizar a sus pueblos sabiendo que lo peor que afrontarían sería un pacífico exilio", agregó.
El proyecto de Human Rights Watch es juzgar a ex dictadores acusados, por ejemplo, de genocidio, en sus propios países o, de no ser posible ello, en otros que puedan reclamar su extradición.
La organización propone que a Pinochet le sigan Duvalier, refugiado en Francia y responsabilizado de la muerte de miles de opositores cuando fue "presidente vitalicio" de su país (1971- 1986), y Amín, asilado en Arabia Saudita y acusado de la muerte de cientos de miles de personas entre 1971 y 1979.
La lista incluye también al etíope Mengistu Haile Miriam, cuya dictadura (1974-1991) es responsable de la ejecución de al menos 200.000 personas, e Hissene Habré, dictador de Chad entre 1982 y 1990, acusado de la muerte de más de 40.000 de sus conciudadanos.
Mengistu reside en Zimbawbe, cuyo gobierno ha negado varias solicitudes de extradición que le formuló Etiopía, mientras Habré vive en Senegal.
Pero donde la detención de Pinochet en Londres ha alimentado más esperanzas de que sigan el mismo camino otros dictadores es en los países de América Latina en que se aplicó la Operación Cóndor, un plan de coordinación represiva conducido en los años 70 y 80 entre los diversos regímenes militares del Cono Sur.
Fue precisamente en virtud de la investigación de ese plan que el juez español Baltasar Garzón solicitó en octubre de 1998 a la justicia británica la detención y extradición de Pinochet.
El ahora senador vitalicio, quien dirigió una dictadura militar en Chile entre 1973 y 1990, es señalado como uno de los principales responsables de la Operación Cóndor. Pero Garzón ha puesto la mira también en otros varios militares de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.
Una delegación de la asociación argentina Abuelas de Plaza de Mayo entregó el martes al magistrado español nuevos documentos que podrían favorecer la extradición a Madrid de militares implicados en la última dictadura militar en su país (1976-1983), en particular el general Jorge Videla.
Paralelamente, en Italia se están celebrando audiencias judiciales para determinar la posibilidad de solicitar la extradición de militares implicados en la desaparición y muerte de ciudadanos argentinos con nacionalidad italiana producidas en el país sudamericano en los años 70.
Audiencias similares serán efectuadas en Roma antes de mediados de año respecto de ciudadanos uruguayos y chilenos que contaban con nacionalidad italiana y fueron secuestrados en Argentina en la misma época.
Voceros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparicidos de Uruguay declararon a IPS que el nuevo contexto internacional creado por el "caso Pinochet" favorece la posibilidad de que magistrados italianos sigan el ejemplo de su par español.
A su vez, los paraguayos Martín Almada (abogado) y Augusto Roa Bastos (escritor) se reunieron este miércoles con Garzón para pedirle que solicite la extradición del ex dictador militar de su país Alfredo Stroessner (1954-1989), cuyo salvoconducto de refugiado en Brasil expira en agosto.
"Le llevamos a Garzón documentos importantes que prueban la culpabilidad de Stroessner en más de 50 casos de torturas y muertes", Roa Bastos en España.
"Garzón estuvo en Asunción y pudo ver las cinco toneladas de archivos secretos de la policía política de Paraguay donde aparecen las pruebas de la Operación Cóndor", dijo Almada en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, la semana pasada.
El juez español recibió unas 1.200 páginas de esos archivos enviadas por la justicia paraguaya, "con lo que tiene los elementos para responder positivamente a la petición". "Con Roa Bastos hemos sido víctimas de esa persecución y queremos justicia", comentó el abogado.
Almada, que fue secuestrado y torturado por el régimen de Stroessner entre 1974, y 1977 y cuya esposa murió tras una crisis cardíaca al escuchar los tormentos a los que era sometido su marido, fue quien descubrió, en 1992, los llamados "Archivos del Terror" de la dictadura paraguaya.
El abogado pidió protección internacional, en particular de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), de esos archivos, que se hallan actualmente en el Palacio de Justicia de Asunción.
"Ahora que aparece claramente la implicación de Pinochet con la Operación Cóndor corren peligro de ser destruidos. Por eso pedimos apoyo para que la Unesco asuma su protección, ya que es el único patrimonio de esta naturaleza existente en América Latina", señaló.
La Cámara de Casación de la capital argentina resolvió el día 9 que la justicia de ese país es competente para juzgar al ex agente de inteligencia chileno Enrique Arancibia Clavel, implicado en el asesinato del general Carlos Prats y su esposa, preso desde 1996 en una cárcel de la provincia de Buenos Aires.
Prats, quien fue ministro del Interior y jefe del Ejército del gobierno democrático del socialista Salvador Allende (1970-1973), fue víctima de un atentado con explosivos en Buenos Aires en 1974.
La justicia argentina también podrá investigar el papel de la disuelta Dirección Nacional de Inteligencia (Dina) de Chile, al entender que fue pieza clave en la muerte de Prats y su esposa.
"Esta entrada en liza de la justicia argentina para indagar en el funcionamiento de un cuerpo represivo extranjero como la Dina también puede ligarse al nuevo estado de conciencia creado por la detención de Pinochet y la salida a luz de la Operación Cóndor", dijo una vocera de las Madres de Plaza de Mayo.
El caso Pinochet tiene también sus paradojas.
La principal de ellas es que el gobierno democrático de Chile, que nunca dio paso alguno para juzgar al ex dictador por los crímenes de que era acusado, ahora basa su reclamo de que no sea extraditado a Madrid precisamente en que desea juzgarlo "en casa".
Desde enero de 1998 se han presentado 19 querellas contra Pinochet, de las cuales han sido acogidas 14 a tramitación. Todas están concentradas en el juez de la Corte de Apelaciones Juan Guzmán. (FIN/IPS/dg/ag-mj/ip hd/99
