El campo argentino atraviesa la peor crisis de los últimos tiempos por la caída de precios y de la producción, la acumulación de deudas, la crisis en Brasil y el enfrentamiento entre el gobierno y las entidades gremiales, que prevén medidas de fuerza.
La devaluación de la moneda de Brasil, el principal comprador de productos agropecuarios argentinos -23 por ciento de la producción local- fue la gota que colmó el vaso. Pequeños, medianos y grandes agricultores decidieron lanzar medidas de protesta conjuntas este mes.
El ex director de la Junta Nacional de Granos Guillermo de la Serna, actual consultor agropecuario, señaló que la oferta mundial de productos agrícolas se incrementó debido a los subsidios de los países del Norte industrial y a las mejoras tecnológicas, pero la demanda permaneció sin cambios.
Los productos agropecuarios representan 60 por ciento de las ventas de Argentina, que es el primer exportador mundial de girasol y derivados, segundo de maíz, tercero de soja y quinto de trigo, y uno de los principales proveedores de carne vacuna.
Por eso, el debilitamiento de precios que comenzó con la crisis del sudeste asiático en 1997 afecta la economía argentina. La caída de cotizaciones fue de 50 por ciento en el caso de algunos productos.
La producción agropecuaria caerá de 14.000 a 11.000 millones de dólares este año, de acuerdo con Coninagro, que nuclea a las cooperativas del campo. La cosecha de granos, en particular, se reducirá 14 por ciento respecto de 1998.
Esa cosecha fue de 27,4 millones de toneladas en 1989, cuando comenzó el programa de apertura de la economía. Con la incorporación de tecnología y fertilizantes y el alza de precios por el aumento del consumo en Asia, el volumen aumentó en 1998 a 67 millones de toneladas.
Pero este año, que comenzó con una caída de 48 por ciento de la venta de tractores en enero, frente a igual mes de 1998, la Secretaria de Agricultura anuncia una cosecha de granos de poco más de 58 millones de toneladas.
El volumen de la producción es aún elevado, pero la crisis se incrementa por la acumulación de deudas superiores a los 7.000 millones de dólares por inversiones en tecnología y créditos para semillas durante los años de alzas de precios internacionales y aumento de la cosecha.
Los productores deben lidiar además con la competencia de Estados Unidos y de la Unión Europea, que otorgan fuertes subsidios a su producción agrícola, a pesar de haber prometido reducirlos. Esas subvenciones determinan una competencia desleal con los países que no las aplican.
Ante ese panorama, la decisión oficial argentina de aumentar impuestos al campo -al combustible, a la renta presunta y al interés de los créditos- provocó la reacción airada de los agricultores, que por primera vez en 10 años se unieron en un frente común.
La Sociedad Rural Argentina, que nuclea a grandes propietarios del campo, la Federación Agraria, representante de pequeños y medianos agricultores, y los dirigentes de la confederación de cooperativas agrarias, anunciarán el 7 de este mes un programa de medidas de fuerza que podría comenzar cinco días más tarde.
"La situación ya era grave, pero se agrava cada día, y por eso no hay ninguna posibilidad de dar marcha atrás con la protesta", dijo a IPS el presidente de la Federación Agraria, René Boneto.
El secretario de Agricultura Gumersindo Alonso, designado hace seis meses, pidió a los productores tiempo para negociar medidas de ayuda al sector. Pero cuando reclamó ante el Poder Ejecutivo, el ministro de Economía, Roque Fernández, le pidió la renuncia.
Alonso "debe decidir si defiende los intereses del gobierno o los de los gremios", señaló Fernández el miércoles.
El choque entre los productores y el gobierno y la inminencia de las medidas de protesta se cobró así una víctima. Alonso se mantiene en el cargo en espera de una entrevista con el presidente Carlos Menem, pero los dirigentes agropecuarios ya lo consideran despedido.
El economista Osvaldo Barsky, experto en asuntos agrícolas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, consideró que la crisis en curso es una de las más graves de los últimos tiempos, porque la caída de precios revela problemas domésticos antes inadvertidos.
"El alto costo argentino -el combustible diesel cuesta 40 centavos de dólar, frente a 17 en Estados Unidos-, la presión impositiva y la escasa protección del Estado a los productores, en comparación con la que reciben los grandes competidores mundiales", aumentan la gravedad de los hechos.
Barsky admitió que el Estado argentino no puede pagar subsidios millonarios al campo, pero consideró que podría apoyar a los agricultores mediante un organismo mixto que adquieriera la producción a un precio promedio de los últimos años, para no dejar todo librado a las oscilaciones del mercado. (FIN/IPS/mv/ff/dv/99
