El gobierno de Sri Lanka cedió a demandas públicas de que vuelva a aplicarse la pena de muerte para frenar un alarmante aumento de la criminalidad, pero grupos religiosos y de defensa de los derechos humanos no están de acuerdo.
El sábado, un comunicado de la presidenta Chandrika Kumaratunga anunció que, en vista de la creciente ola delictiva, pronto volverá a aplicarse la pena capital a quienes sean hallados culpables de asesinato y tráfico de estupefacientes.
El 20 de agosto de 1995 la presidenta había realizado un anuncio similar, invocando las mismas razones, pero no se llegó a ejecutar a ningún condenado.
La legislación incluye la pena de muerte, pero la última ejecución se llevó a cabo el 23 de junio de 1977, cuando se ahorcó a una persona condenada por homicidio. Desde entonces, los presidentes siempre han conmutado las penas capitales por prisión perpetua.
En los años setenta muchos países discutieron la ética de la pena capital, y la decisión de Sri Lanka fue influenciada por el hecho que la mayoría de la población practica el budismo, una religión que prohíbe dar muerte a cualquier criatura viviente.
"Apreciamos el interés del gobierno en restaurar la ley y el orden, pero no estamos en favor de la pena de muerte", declaró Malcolm Ranjitj, secretario de la influyente Conferencia de Obispos Católicos, al diario Sunday Times.
"Ningún individuo, aunque sea rey o presidente, tiene el derecho de quitar la vida a otra persona. La prisión perpetua es suficiente", afirmó a su vez Kandiah Nealakandan, secretaria del Congreso Hinduista de Toda Ceilán.
La activista Suriya Wickremasinghe sostuvo, en una declaración pública, que "la pena de muerte es una equivocación irreversible de la justicia, de la cual pobres y desfavorecidos son las víctimas más probables", y que "en ningún lugar del mundo se demostró que aplicarla disminuya la criminalidad".
Desmond Fernando, ex presidente de la Asociación Internacional de Abogados, señaló que la Convención Internacional sobre Derechos Cívicos y Políticos obliga a Sri Lanka a eliminar la pena de muerte de su sistema judicial, y afirmó que volver a aplicarla sería dar un paso atrás.
La decisión de Kumaratunga siguió a dos casos criminales que conmovieron a la población.
En octubre de 1998, tras la violación y asesinato de una mujer india recién casada, en una playa de Colombo, por parte de una pandilla, hubo una marcha por las calles de la capital reclamando más protección para las mujeres y castigos severos para los delitos sexuales.
Aquel crimen, cometido por cuatro individuos que luego fueron arrestados, causó una lluvia de cartas a los diarios exigiendo castigos ejemplares, incluida la pena de muerte.
"¡Cuelguen a los violadores!", exigió por ejemplo O.G. Jayasinghe, un lector del Midweek Mirror, en una carta publicada el 25 de noviembre, donde afirmó que no se trataba de un caso aislado y que crímenes semejantes eran perpetrados con impunidad.
En enero de este año una familia de seis personas fue brutalmente asesinada en su vivienda de Hokandara, al sur de Colombo, a consecuencia de una disputa por tierras, y las tres hijas que la integraban fueron además violadas.
Los vecinos tardaron muchas horas en informar de lo ocurrido a la comisaría más cercana, por temor a los asesinos y también al acoso policial.
El año pasado la policía recibió denuncias de 56.000 delitos, de los cuales 900 fueron violaciones, y se estima que otros cientos de casos no fueron denunciados porque las víctimas temieron sufrir represalias o pensaron que la policía miraría hacia otro lado.
También se registra un aumento de los episodios de justicia sumaria. "Cuando el público se da cuenta de que la policía no lo protege, toma la ley en sus manos", afirmó la profesora Harendra de Silva, pediatra y presidenta de la Autoridad Protectora de la Infancia, quien apoya la pena de muerte.
Por su parte, la policía insiste en que está gravemente escasa de personal, y demasiado ocupada en tareas de seguridad relacionadas con la guerra civil que se desarrolla en el norte y el este del país desde hace 16 años, entre las autoridades y los rebeldes tamiles que pretenden la independencia.
La responsabilidad de la ola de crímenes se atribuye principalmente a unos 15.000 desertores del ejército que poseen armas robadas, a delincuentes libres bajo fianza, y a cientos de convictos que son amnistiados todos los años en las fechas de festividades religiosas y otras ocasiones especiales.
El mes pasado el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, Gamini Peiris, declaró que los intentos de frenar la delincuencia por parte del gobierno deberían incluir la revisión de las leyes que permiten esas amnistías seis veces por año.
Al anunciar que volvería a aplicarse la pena de muerte, Kumaratunga señaló que en lo sucesivo habrá sólo una amnistía anual, en la conmemoración del Día de la Independencia.
El comunicado de la presidenta insinuó, además, que existen complicidades entre los delincuentes y las propias autoridades. "Personas en altas posiciones están vinculadas con figuras notorias del crimen organizado", afirmó Kumaratunga. (FIN/IPS/tra- en/fs/an/ego/mp/hd ip/99)
