Millones de discapacitados luchan por sobrevivir a la crisis económica que padece Rusia, y muchos de ellos fueron presa de las bandas criminales que surgieron en todo el territorio de la ex Unión Soviética.
Yuri Tkachenko, un discapacitado de 34 años, llegó a Moscú desde la región de Donestk, en el este de Ucrania, atraído por dos pandilleros de Moldavia que le prometieron un salario mensual de 150 dólares como empleado en una fábrica de prótesis.
Pero Tkachenko fue obligado a mendigar en las calles. Los pandilleros retuvieron de rehén a su hijo y amenazaron con matarlo si Yuri no les daba dinero.
Ese caso fue resuelto por la policía de Moscú, pero muchos mendigos discapacitados están en manos de criminales, según aseguran numerosos asistentes sociales.
Hay 6,4 millones de discapacitados en Rusia, de acuerdo con la información oficial, aunque algunos sociólogos creen que son cerca de 10 millones. Sólo diez por ciento disponen de medios suficientes para subsistir, y dos tercios del total están en situación desesperada.
Entre ellos hay muchos pensionistas con daños menores que se proponen conseguir que los declaren discapacitados para obtener privilegios, ya que sus pensiones son insuficientes. Más de un millón del total de discapacitados son niños, según cálculos oficiales.
"Rusia necesita un buen sistema de rehabilitación médica y de integración social para los discapacitados", dijo a IPS el viceministro de Trabajo y Desarrollo Social, Anatoly Osadchikh.
El parlamento aprobó en 1995 un proyecto de ley que otorgaba cientos de privilegios a los discapacitados, pero la crisis económica que vació las arcas del Estado llevó al incumplimiento de las promesas.
La ayuda, que consistía entre otras cosas en transporte colectivo gratuito, iba a costarle al país unos 4.300 millones de rublos, alrededor de 600 millones de dólares, según el valor del rublo anterior a la crisis.
Muchos niños discapacitados y abandonados por sus padres tienen un futuro incierto en los orfanatos públicos que están desprovistos de fondos, según un informe reciente de la organización de derechos humanos Human Rights Watch, de Nueva York.
Cerca de 30.000 niños con supuesto retardo mental están confinados en orfanatos, según datos oficiales, y esas instituciones son "apenas mejores que cárceles".
El número de discapacitados se multiplicó por diez en las últimas tres décadas, sobre todo entre los niños, según el doctor Boris Spivak, del Instituto de Prótesis.
Antes de la disolución de la Unión Soviética, la seguridad social entregaba prótesis en forma gratuita. Ahora, una prótesis moderna puede costar hasta 2.000 dólares, pero la mayoría no puede pagar esa cantidad, explicó el doctor Spivak.
El gobierno destinó este año 500 millones de rublos a la entrega de prótesis gratuitas a los inválidos, mientras el año la asignación fue de 330 millones. Pero los fondos asignados se redujeron en 35 millones de dólares debido a la devaluación, que podría aumentar si la crisis financiera continúa.
Funcionarios corruptos del Instituto Ortopédico de San Petersburgo crearon una asociación privada y transfirieron los fondos del Estado a empresas falsas cuyo dinero desapareció, según dijo la policía que todavía busca a los involucrados.
La caridad privada aún no constituye una alternativa a los fondos públicos y además arrastra una mala imagen desde que en la época soviética se deducían automáticamente "aportes" del sueldo de los trabajadores para los fondos públicos de caridad. Pocos vieron el resultado de esas "donaciones".
Muchas instituciones de caridad se involucraron en negocios turbios, como la Fundación de Inválidos de la Guerra de Afganistán, cuyo supuesto propósito era asistir a los veteranos de guerra discapacitados.
Mijaíl Likhodei, un coronel del ejército que perdió una pierna y un ojo en esa guerra, fue director de un grupo que destituyó al ex oficial de Inteligencia Valery Radchikov, otro veterano de guerra discapacitado, de la dirección de la Fundación, acusado de corrupción.
Radchikov fue acusado de participar en negocios ilegítimos con alcohol, cigarrillos y alimentos libres de impuestos por valor de 800 millones de dólares, cuyos beneficios de venta deberían haberse destinado a los veteranos de guerra.
Likhodei y su guardaespaldas murieron al explotar una bomba en el ascensor de su edificio en Moscú, en 1994. Un año después, Radchikov fue herido de bala en su apartamento, en lo que se supone fue un intento de asesinato.
La esposa de Likhodei y otras personas se reunieron en noviembre de 1996 en el cementerio de Kotlyakovskoye, al sur de Moscú, para realizar una ceremonia recordatoria. Alguien había enterrado varios kilogramos de explosivos cerca de la tumba y los hizo detonar a distancia.
Murieron 14 personas en la explosión, entre las cuales estaban la viuda de Likhodei, su madre y el sucesor de Likhodei en el grupo. Se acusa ahora a Radchikov de haber organizado la masacre del cementerio.
Sin embargo, existen mejores ejemplos de la ayuda que los discapacitados se brindan a sí mismos, como la Sociedad para todos los Rusos Discapacitados, una organización no gubernamental que promueve el cambio de actitud de los sanos hacia los discapacitados.
La Sociedad quiere desarrollar programas y políticas sociales que mejoren la vida de los discapacitados y los ayuden a integrarse a la sociedad, explicó Lidiya Zaborovskaya, una de las organizadoras de la sociedad.
La Sociedad tiene 2,5 millones de miembros, 2.500 oficinas y 24.000 grupos de apoyo distribuidos por todo el país. Los directores de cada división trabajan en forma gratuita, como si se tratara de un servicio a la comunidad, explicó Zaborovskaya.
La Sociedad también es propietaria de 1.500 empresas en las que trabajan 22.000 discapacitados, y las ganancias se convierten en fondos para las filiales barriales y regionales.
"Pretendemos establecer una red civilizada de instituciones para frenar los problemas de los discapacitados en los próximos 15 a 20 años", señaló Zaborovskaya.
Pero los analistas estuvieron de acuerdo en que una "red civilizada" es una posibilidad lejana en Rusia.
La nueva ley impositiva, que aún no fue aprobada, extiende el impuesto al valor agregado incluso a las obras de caridad, y según esa nueva ley, los beneficiarios de prótesis gratuitas podrían ser sometidos a inspecciones de impuestos sobre los ingresos. (FIN/IPS/tra-en/sb/mk/ceb/aq/pr/99