La batalla legal entre los laboratorios nacionales y transnacionales adquirió renovada potencia en Venezuela, al llegar a la Corte Suprema de Justicia el debate sobre si el medicamento Viagra puede gozar de patente en el país.
Las compañías venezolanas están listas para reproducir la píldora contra la impotencia masculina que en 1998 revolucionó el mercado farmaceútico mundial, con base en una ley de 1995, donde se norma que los productos de ese sector no son patentables.
Pero ese proyecto enfrenta un obstáculo: el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), la máxima autoridad en la materia, concedió derecho de patente sobre Viagra al laboratorio irlandés Pfizer, descubridor y fabricante del fármaco.
La vigorosa contienda sobre Viagra fue destapada esta semana por el diario El Nacional y es parte de una larga guerra entre las compañías de capital nacional y extranjero, que también afecta a la Comunidad Andina, el bloque al que pertenece el país.
La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo admitió el 10 de marzo una demanda de nulidad de un laboratorio local contra la patente de invención concedida por SAPI a Pfizer, cuyas acciones se valorizaron 60 por ciento gracias a Viagra.
Es un triunfo preliminar para los laboratorios locales, cuya estrategia tradicional tiene dos vertientes complementarias, una que promueve la protección del mercado frente a la competencia externa, y otra que busca mantener libre de patentes al sector.
Seis laboratorios de capital venezolano emprendieron acciones legales para fabricar productos contra la impotencia masculina con el mismo principio activo de Viagra, el pirazolopirimidón.
También pidieron el permiso sanitario para poder vender en el mercado interno sus "copias", con nombres mucho menos evocantes que la conjunción de las palabras "vigor" y "(las cataratas de) Niágara", con que Pfizer bautizó su pastilla.
Viagra se vende legalmente en Venezuela desde julio de 1998.
Pfizer, que no ha tenido obstáculos en otros países para obtener la patente, advirtió que agotará las acciones legales para que Venezuela no se convierta en el primer punto donde se permita una "clonación" de Viagra, que afloje su dominio.
La directora de la Cámara de Laboratorios Venezolanos, Milagro Ladera, precisó que de hecho los laboratorios no tienen ningún impedimento para fabricar el medicamento, salvo la obtención del permiso sanitario, un proceso muy lento por la burocracia.
Ladera argumentó que la ley venezolana es muy clara en exceptuar a los medicamentos del regimen de patentes, en base a su interés social y como una fórmula, en la práctica totalmente fracasada, de contener las alzas en los precios de las medicinas.
Pero, en realidad, sí se están concediendo patentes de invención a las medicinas en el Registro de Propiedad Industrial del SAPI, puntualizó Francisco Allende, directivo de la cámara de las filiales de laboratorios transnacionales.
"El Registro acogió al menos 230 patentes farmaceúticas y hay otras muchas solicitadas", desde que en 1994 la Comunidad Andina estableció un regimen común en propiedad industrial, indicó.
En ese regimen, de obligante aplicación para los países miembros según el Tribunal Andino, basó el director de SAPI, Francisco Astudillo, su decisión en favor de Pfizer. Los otros socios andinos son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
El funcionario argumentó que de acuerdo a la legislación supranacional andina, tiene derecho a patente cualquier producto farmaceútico que se origine en una nueva investigación y tenga una utilidad hasta entonces desconocida, como sucede con Viagra.
"No estamos innovando, sino aplicando una vez más los principios generales de patentes y las normas andinas", afirmó.
Astudillo advirtió que si algún laboratorio distinto a Pfizer obtiene el permiso sanitario y comercializa un producto contra la impotencia masculina, con el mismo principio farmaquímico de Viagra, la firma irlandesa podrá demandarlo.
Planteó que si la Corte Suprema diera la razón a los laboratorios nacionales en el asunto de Viagra, "se desconocerían todos los derechos de propiedad industrial aplicados los últimos ocho años", así como la vigencia en el país de las normas andinas.
El episodio con Viagra tiene un antecedente. Al comenzar 1998 entró en vigor en la Comunidad Andina una medida para facilitar la comercialización de medicinas dentro del bloque, que opera como una plena zona de libre comercio y una unidad aduanera.
Esa medida, conocida como la decisión 418, limita en los países del bloque a 30 días el plazo para otorgar o negar el permiso sanitario de venta de medicamentos de origen andino, y asume el silencio como una respuesta positiva.
La regla fue recurrida en febrero de 1998 ante la Corte Suprema por los mismos laboratorios nacionales, al considerarla inconstitucional y argumentar que cualquier norma internacional debe ser aprobada por el Congreso local según la Constitución.
Pero el Tribunal Andino fija que para la vigencia de cualquier regla del bloque basta su publicación en la Gaceta Andina, y la Corte Suprema venezolana siempre ha favorecido a la legislación andina ante los diferentes recursos, aunque aún no sentenció ése.
El abogado Allan Brewer, defensor de los laboratorios demandantes, insistió en que Viagra no puede tener patente según la ley nacional y la Constitución. Añadió que el hecho de que las autoridades hayan violado reiteradamente esas leyes antes, no es un argumento en favor de que lo sigan haciendo.
Astudillo subrayó que el farmaceútico es el único sector que se opone a las normas andinas y que la situación sólo se resolverá cuando la Corte Suprema confirme que es ley de Venezuela el tratado que dio vida al Tribunal Andino y que fue ratificado por el Congreso local en 1983.
Los laboratorios demandantes no sólo introdujeron en sus recursos contra el patentamiento de Viagra argumentos de supremacia de las leyes locales sobre las andinas, sino también otros respecto a la naturaleza científica del medicamento.
Argumentan que no se trata de un invento, sino del descubrimiento de una nueva aplicación en un principio que ya estaba patentado para otros usos y era de público conocimiento.
Presentan documentos de que el pirazolopirimidón era ya usado como activo en un fármaco patentado antes como vasodilatador para tratar la hipertensión, en lo que no resultó muy efectivo.
Pfizer descubrió el "uso secundario" del compuesto Sildernafil, de aumentar la irrigación sanguinea al pene, cuando los pacientes de las pruebas de ese producto se negaron a devolver las píldoras sobrantes, explican los demandantes.
Pero, más allá de la participación de la casualidad y la buena suerte en el hallazgo, la patente ha sido registrada en Estados Unidos y Europa sobre la base de que, incluso si sucedió como se cuenta, hubo una investigación nueva y una utilidad desconocida. (Fin/IPS/eg/if he/99
