La Organización de Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y Gran Bretaña aumentaron sus presiones sobre Libia para que acepte extraditar a Holanda a dos sospechosos de un atentado aéreo cometido en 1988.
Washington y Londres amenazaron con aumentar sus sanciones al régimen del coronel Muammar Gadafi, pero Trípoli no se decide aún a extraditar a los ciudadanos librios Al Megrahi y Lamen Khalifa Fhimah.
Ambos son sospechosos de un atentado que en 1988 destruyó el vuelo 103 de la compañía Pan American, en Lockerbie, Escocia, causando la muerte de 270 personas, 189 de las cuales eran estadounidenses.
La ONU se propuso idear una estrategia para obligar a Trípoli a tomar una decisión.
El secretario general de la organización, Kofi Annan, que aceleró las negociaciones con Libia y con mediadores de Arabia Saudita y Sudáfrica la semana pasada, dijo este viernes que se sentía "bastante optimista" para encontrar una solución.
Annan "dejó muy claro que todo se centra ahora en la justicia de Libia. Ya no se puede seguir aplazando decisiones", comentó el embajador de Estados Unidos, Peter Burleigh.
Washington dará a Trípoli un plazo de 30 días para que decida si entregará a Al-Megrahi y a Fhimah.
Si Libia se niega a ello, Estados Unidos adoptará sanciones más severas contra el país árabe que podrían llegar hasta un embargo del comercio de petróleo.
Por ahora, las sanciones sólo comprenden la venta de maquinaria para la industria petrolera y la suspensión de los vuelos comerciales entre ambos países.
No obstante, la propuesta de endurecer las medidas contra Libia obtuvo poco apoyo entre los 15 países que integran el Consejo.
Rusia, China, Gabón, Gambia y Namibia no están decididos a acrecentar la presión económica sobre Trípoli.
El embajador de Libia ante la ONU, Abuzed Omar Dorda, quitó importancia a versiones de que su país deba apurarse a tomar una decisión respecto de los sospechosos. "No hay plazos al respecto", dijo.
De todos modos, hay consenso en la ONU en cuanto a que los plazos que tenía el gobierno de Libia para expedirse sobre el juicio en Holanda son perentorios, luego que el país árabe obtuvo en los últimos meses diversas garantías de parte del propio foro mundial y otros mediadores.
Funcionarios de la ONU, incluido el asesor legal Hans Corell, negociaron con Libia y prometieron que las sanciones de la ONU se levantarían rápidamente una vez que los dos sospechosos fueran entregados para ser juzgados.
Otros enviados, como el embajador de Arabia Saudita en Washington Bandar bin Sultan y el representante de Sudáfrica Jakes Gerwel aseguraron al gobierno de Gadafi que Washington y Londres dejarían de presionar a Trípoli una vez que se realizara el juicio a los sospechosos del atentado.
Libia tenía dudas sobre el desarrollo de un juicio que se realizaría en Holanda bajo presidencia de un juez y un jurado escoceses. Algunas de esas inquietudes desaparecieron tras la mediación internacional.
Trípoli se resistió al principio a permitir un juicio que pudiera concluir con el enrcelamiento de los sospechosos en Escocia y no en Libia.
Pero tras las seguridades brindadas por los negociadores de que la integridad de los acusados sería respetada aun en Escocia abandonó esa postura.
Otros mediadores afirmaron a Gadafi que el juicio se centraría en la inocencia o culpabilidad de Al- Megrahi y Fhimah, y que los altos funcionarios del gobierno de Libia no serían implicados en el atentado. Pero Washington y Londres no fueron muy claros respecto de su posición.
Varios funcionarios de Estados Unidos pidieron a la ONU y a otros enviados que no dieran "mensajes confusos" a Trípoli.
La advertencia podría referirse simplemente a la preocupación de Washington de que los familiares de las víctimas de Lockerbie no se indignaran por los rumores de que se darían más garantías a Libia.
Funcionarios de la ONU sostuvieron que Gadafi desea que el juicio tenga lugar, ya que su país necesita el levantamiento de las sanciones económicas. (FIN/IPS/tra-en/fah/mk/ceb/ip/99
