Activistas e investigadores de Estados Unidos creen que es hora de que este país forme su propia "comisión de la verdad" para examinar y revelar la ayuda que Washington proporcionó durante la guerra fría a regímenes represivos en América Latina.
Esta semana, el presidente Bill Clinton ofreció una disculpa sin precedentes por el apoyo que Washington brindó a varios gobiernos de derecha en Guatemala, lo que fue recibido con satisfacción por activistas de derechos humanos e investigadores en Estados Unidos.
"Ahora lo que necesitamos es formar una comisión de la verdad estadounidense que examine la conducta de Estados Unidos en una manera detallada y seria, lo que no fue posible antes", dijo Kate Doyle, analista del independiente Archivo Nacional de Seguridad (ANS).
El ANS ayudó a conseguir importantes documentos estadounidenses para la investigación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala, que fue creada a raíz del acuerdo de paz, mediado en 1996 por la Organización de las Naciones Unidas, entre la guerrilla y el gobierno.
La Comisión, tras una investigación de dos años, concluyó que los militares del país fueron culpables de "actos de genocidio" contra la población indígena durante la guerra civil que duró 36 años, y de 93 por ciento de las más de 200.000 muertes ocurridas.
También halló que Washington, sobre todo a través de sus servicios de inteligencia, "dio respaldo directo e indirecto a algunas operaciones ilegales del Estado".
Esa conclusión se basó en parte en miles de documentos estadounidenses secretos obtenidos por Doyle, que confirmaron la ayuda militar de Washington a Guatemala y su conocimiento de los abusos cometidos.
Las conclusiones habrían provocado el miércoles los comentarios de Clinton, inesperados pero cuidadosamente fraseados, ante una reunión informal de dirigentes de grupos cívicos guatemaltecos, durante la gira del presidente por América Central.
"Es importante que exprese claramente que el apoyo (de Estados Unidos) a fuerzas militares o unidades de inteligencia que participaron en la represión violenta y generalizada del tipo descrito por el informe estuvo mal, y que Estados Unidos no debe repetir ese error", afirmó Clinton.
Ese reconocimiento agradó a los activistas. "Es un hito", dijo Michael McClintock, investigador de HumanRights Watch y autor de un prestigioso libro sobre el apoyo dado por Washington a la represión de derecha en América Latina.
"Pero es un paso que se puede ampliar. Una vez que se acepte que esto fue un genocidio y que Estados Unidos estuvo metido hasta el cuello en él, resulta mucho más difícil decir que no debemos investigar el pasado", aseguró.
A partir de la Alianza para el Progreso de los años 60, Estados Unidos, según el libro de McClintock, "Instruments of Statecraft" (Instrumentos del Arte de Gobernar), otorgó sistemáticamente ayuda y asesoramiento a las fuerzas armadas latinoamericanas que toleraban el asesinato político contra supuestos izquierdistas.
La doctrina de la seguridad nacional, como se la conoció, justificó los métodos terroristas contra supuestos insurgentes y sus simpatizantes.
Pero los documentos conseguidos por Doyle y la Comisión de Esclarecimiento Histórico presentaron el panorama más completo hasta el momento sobre la complicidad de Estados Unidos y su conocimiento de las violaciones a los derechos humanos.
Un informe de 1996 reveló cómo el personal estadounidense aconsejó a la inteligencia militar guatemalteca la forma de establecer una oficina segura en el palacio presidencial para coordinar operaciones de contrainsurgencia.
Esa oficina, en la que trabajó un agente de la CIA (Agencia Central de Inteligencia) hasta entrados los años 70, se convirtió en una operación que la organización de derechos humanos Amnistía Internacional denunció en 1980 como la sede del asesinato político en Guatemala.
Funcionarios de la cancillería, la CIA y la Agencia de Inteligencia para la Defensa (DIA) informaron sobre operaciones específicas que incluyeron el secuestro, la tortura y el asesinato, realizadas por el ejército guatemalteco y sus aliados paramilitares.
Las únicas reservas que reflejan los documentos sobre la represión se refirieron, según un mensaje de 1967, a que las cosas se habían "descontrolado" y amenazaban con ser contraproducentes.
En un ejemplo, un mensaje de la DIA en 1971 expresaba preocupación por las "tácticas de mano pesada (del gobierno) que podrían provocar el antagonismo popular".
Hasta fines de los años 70, cuando el presidente Jimmy Carter aplicó su política de derechos humanos, los mensajes no procuraban distanciar a Estados Unidos de la actitud de los militares guatemaltecos.
Una excepción fue un memorándum dirigido en 1968 al subsecretario de Asuntos Latinoamericanos y escrito por el funcionario de la cancillería Viron Vaky, al cabo de un gira de rutina por ciudad de Guatemala.
El informe de cinco páginas, que pedía a Washington que condenara el "contraterrorismo" en Guatemala, argumentaba que las tácticas estaban destruyendo a la sociedad guatemalteca y presentaban un "grave problema" para la imagen y los valores de Estados Unidos en América Latina.
"Hemos tolerado el contraterror, quizá incluso lo hemos fomentado o bendecido", dijo Vaky, quien luego fue subsecretario de Carter.
"¿Es concebible que estemos tan obsesionados con la insurgencia que estamos preparados para racionalizar el asesinato como un arma aceptable de contrainsurgencia?", preguntaba Vaky en el documento.
Los documentos también revelaron que los servicios de inteligencia de Washington también sabían de masacres perpetradas por el ejército a principios de los años 80, aun cuando altos funcionarios del gobierno de Ronald Reagan aseguraron al Congreso que las denuncias al respecto eran propaganda diseminada por Amnistía Internacional, entre otros grupos.
Para Doyle y McClintock, los documentos de Guatemala son sólo la punta del iceberg de todos los documentos que aún se conservan en archivos secretos de los servicios estadounidenses.
Mientras Washington comenzó a publicar información secreta sobre las violaciones cometidas por la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, retuvo la información de los investigadores en Haití, Honduras y El Salvador, donde la complicidad estadounidense con los regímenes represivos es más reciente.
Fuerzas de la derecha ya manifestaron su desagrado por los comentarios de Clinton.
"No creo que debemos ir al exterior y exagerar nuestra participación. Admitámoslo, los guatemaltecos asesinados fueron muertos por guatemaltecos", sostuvo Otto Reich, quien dirigió la campaña diplomática de Reagan para América Central.
Vaky, que ahora integra la organización Diálogo Interamericano, cree que "lo que dijo el presidente (Clinton) es más o menos lo correcto", aunque no está de acuerdo con que se realice una profunda investigación de la conducta pasada de Estados Unidos.
"Me inclino por que nos concentremos en lo que podemos hacer para ayuda en la situación actual", señaló.
Pero sus palabras escritas hace 31 años aún tienen vigencia. Si Washington no se aleja de los métodos de terror del ejército guatemalteco, "seremos incapaces de responder ante la historia a las acusaciones de que alentamos al ejército guatemalteco a hacer esas cosas". (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/aq/ip-hd/99
