El gobierno de Estados Unidos no intervendrá en un caso judicial entre transnacionales y el estado de Massachusetts respecto a inversiones en la dictadura de Birmania.
Activistas de derechos humanos interpretaron la decisión como una victoria en la lucha por preservar el derecho de los estados y gobiernos locales de imponer sanciones contra las empresas que desempeñan actividades comerciales en países cuyos gobiernos violan los derechos humanos.
"El hecho de que la administración encontró que el tema es demasiado espinoso como para entrometerse es una gran victoria para nosotros", expresó Simon Billeness, analista de la Corporación Franklin para el Desarrollo y la Investigación de Boston, y líder del movimiento Birmania Libre.
Quizás el tribunal de apelaciones pida al gobierno que presente un escrito judicial, pero "debido a que el caso involucra temas constitucionales, creímos que lo mejor era dejar que el tribunal lo decidiera", expresó un funcionario de gobierno.
La decisión de la Casa Blanca de no presentar un escrito "amicus curiae" (donde se hace constar que, no siendo parte del juicio, se tiene interés en su resultado y se da una opinión al respecto) es la última maniobra realizada por un creciente número de demandantes en el caso del Consejo Nacional de Comercio Exterior (NFTC) contra Frederick Laskey y otros.
El caso, que se juzgará en la corte de apelaciones de Boston en mayo, enfrenta a la NFTC (integrada por 600 de las mayores firmas del mundo) y una ley de 1996 del estado de Massachusetts que requiere que las compañías que comercializan con Birmania paguen una multa de 10 por ciento en todas las licitaciones con el Estado para contratos de adquisición.
El caso posee grandes implicancias para la relación entre el Estado y otras jurisdicciones políticas subnacionales respecto del gobierno federal en temas que afectan el comercio internacional y la economía mundial.
La ley de Massachusetts es una de las tantas legislaciones llamadas de "adquisición selectiva" que fueron utilizadas por el Estado y las jurisdicciones locales durante más de 20 años para presionar a las compañías para que dejen de tener actividades comerciales con gobiernos extranjeros represivos.
Por medio de ellas se fuerza a las transnacionales a elegir entre las lucrativas licitaciones de los contratos con los gobiernos locales y el Estado, u operar en otro país.
La legislación fue utilizada con éxito a fines de los años 70 y 80 para forzar a decenas de transnacionales estadounidenses, incluso a gigantes como Coca-Cola, IBM y General Motors, a retirarse de Sudáfrica debido al apartheid.
Leyes similares en California, Nueva York, Pennsylvania y otros estados y ciudades fueron implementadas contra las compañías de seguros y bancos suizos que no habían rendido cuentas debidamente a las víctimas del Holocausto nazi, gracias a lo cual se llegó a un acuerdo de compensación en agosto.
Unos 24 estados y ciudades aprobaron leyes de adquisición selectiva contra las compañías que tienen actividad comercial en Birmania, país gobernado por una junta militar que reprime a la oposición democrática encabezada por el premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi.
El Consejo de la ciudad de Los Angeles votó por unanimidad en diciembre a favor de prohibir a las compañías que negocian en Birmania que se presenten a las licitaciones de los contratos de la ciudad.
Las transnacionales se opusieron a estas iniciativas debido a que limitaban su libertad de comerciar donde quisieran.
No obstante, se mostraron reticentes a acudir a los tribunales para cuestionar tales leyes, ya que el hecho de que una compañía reclamara por su derecho de comerciar con gobiernos abusivos les habría acarreado publicidad negativa.
Sin embargo, en 1998 el NFTC elevó un caso a un tribunal federal en el que impugnaba una ley de Massachusetts, argumentando que violaba la constitución estadounidense.
En un paso sin precedentes, la Unión Europea (UE) también presentó un escrito "amicus curiae" de parte del NFTC.
Japón y la UE también presentaron sus propias impugnaciones a la ley ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Ambos denunciaron que Massachusetts, al aprobar la ley, había violado el Acuerdo para las Adquisiciones de Gobierno de la OMC de 1995, el cual prohibe a los estados la utilización de cualquier criterio que no sea de corte estrictamente económico a la hora de decidir las licitaciones.
El NFTC ganó la primera pulseada en noviembre cuando el juez federal Joseph Tauro determinó que la ley "infringe ilícitamente las facultades del gobierno central de regular asuntos de política exterior".
"Los intereses de los estados, independientemente de cuán nobles sean, no anulan las facultades exclusivas del gobierno federal en materia de política exterior", expresó el fallo, que fue inmediatamente apelado por el fiscal general de Massachusetts.
Algunos analistas creen que el caso finalmente tendrá que ser decidido en la Suprema Corte. Pero antes de la batalla en la corte de apelaciones, ambas partes han realizado denodados esfuerzos por conseguir apoyo bajo la forma de escritos "amicus curiae".
De acuerdo con el periódico Journal of Commerce, los informes que favorecen la posición del NFTC fueron presentados por dos senadores republicanos, varios ex funcionarios del gabinete republicano, la Cámara de Comercio estadounidense, la Asociación Nacional de Fabricantes, y la Industria Americana del Petróleo.
Del lado de Massachusetts se alinearon más de 24 miembros del Congreso de ambos partidos, una plétora de grupos sindicales y de derechos humanos, y 11 estados, incluso los tres de mayor tamaño (California, Nueva York y Texas), junto con más de una docena de ciudades.
La decisión del gobierno de no presentar un escrito judicial subrayó la sensibilidad política del tema, de acuerdo con Robert Stumberg, profesor de Derecho del Centro Legal de Georgetown, quien ayudó a elaborar el documento presentado por el Congreso.
"Esta decisión tiene implicancias políticas, legales y constitucionales muy serias", explicó Stumberg.
"Las agencias de gobierno tienen distintos intereses que proteger, y el resultado es lo que los psicólogos llaman 'indecisión defensiva', es decir, que evitan tomar una decisión", agregó.
Uno de los más grandes defensores de la globalización económica dentro del gobierno, el subsecretario de Asuntos Comerciales y Económicos Stuart Eizenstat, argumentó a favor de presentar un escrito que apoye al NFTC.
Pero la oficina del Representante de Comercio estadounidense se opuso enérgicamente a tal medida, argumentando que desencadenaría una reacción en el Congreso contra los futuros acuerdos comerciales que serían vinculantes para los estados.
De hecho, al aprobar la ley mediante la cual Estados Unidos accedió a la OMC, el Congreso, actuando a instancias de más de 40 fiscales generales de los estados, adoptó una prohibición sobre cualquier demanda judicial que "se relacione con" las obligaciones estadounidenses frente a la entidad comercial. (FIN/IPS/tra-en/jl/mk/mvf-dg/ip-if/99
