El presidente de Ecuador, Jamil Mahuad, se comprometió ante la oposición a suprimir el estado de emergencia y a corregir a la baja el decretado aumento de los combustibles, para enfrentar la crisis y las movilizaciones de protesta.
Mahuad explicó este jueves que el acuerdo alcanzado es producto del diálogo y que el hecho de ceder posiciones apunta a "parar la amenaza de un enfrentamiento entre ecuatorianos, pues los niveles de violencia llegaron a límites inimaginables".
"Yo no quería causar problemas a nadie. Sólo buscaba una salida a la crisis fiscal que vive el país. Esperamos que con este acuerdo, volvamos a llevarnos unos con otros", dijo el presidente.
El gobierno, puesto en jaque por movilizaciones de protesta que paralizaron el país durante cuatro días, resolvió derogar parte de las medidas de ajuste decretadas la semana pasada.
Mahuad realizó su anuncio cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Coordinadora de Movimientos Sociales y el Frente Unitario de Trabajadores radicalizaban su movilización en todo el país.
Mientras, las Fuerzas Armadas aclararon en un comunicado que se oponían a incrementar la represión y que rechazan "cualquier salida que vaya contra el sistema democrático".
El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Leslie Alexander también dijo a Mahuad que su gobierno no apoyaría ninguna salida dictatorial y lo instó a que negocie con la oposición para salir de la crisis.
En ese escenario, legisladores oficialistas y opositores negociaron una resolución para compatibilizar el ataque al déficit fiscal con algunas aspiraciones de los sectores sociales.
El gobierno aceptó rebajar el precio de los combustibles, pero sin llegar al nivel previo a las medidas de ajuste. El incremento de los combustibles fue una de las principales causas de la reacción popular.
También se comprometió a flexibilizar el congelamiento de fondos bancarios, a retirar todos los proyectos de ley de privatización de activos del Estado y admitió las propuestas de la oposición en materia tributaria.
Se eliminan las exoneraciones al impuesto al valor agregado, con excepción de las previstas para alimentos y medicamentos, y se crean impuestos a las utilidades bancarias, a los vehículos de lujo y al patrimonio de las empresas.
"Hemos demostrado la fuerza que puede tener la unidad de las nacionalidades indígenas, junto a los campesinos, las organizaciones sindicales, y urbano-populares", señaló Ricardo Ulcuango, dirigente de la CONAIE
Las ciudades más importantes fueron paralizadas por la falta de transporte público, el bloqueo de calles con taxis y barricadas y la movilización de los ciudadanos.
En el medio rural, miles de indígenas y campesinos ocuparon carreteras y detuvieron a soldados del ejército que sólo fueron liberados en canje por manifestantes detenidos días atrás.
Los campesinos retuvieron producción y ya hay síntomas de desabastecimiento en los supermercados de las ciudades.
Los vehículos que transportan productos agropecuarios hacia los centros urbanos están detenidos en las carreteras y los alimentos perecederos comenzaron a perderse.
Los productores lecheros no pueden llegar a las plantas pasteurizadoras por lo que ya comienza a faltar leche en algunas ciudades.
Habitantes de los barrios de la populosa zona sur de Quito se enfrentaron con el ejército, incendiaron un vehículo blindado e impidieron que los soldados despejaran los obstáculos al tránsito.
Mientras, pobladores de barrios periféricos de la ciudad portuaria de Guayaquil, principal centro comercial del país, resistieron la intervención de la policía y del ejército y saquearon comercios.
En Cuenca, la tercera ciudad de país, más de 80.000 personas marcharon por las calles con pancartas exigiendo la eliminación del paquete de ajuste y la destitución de Mahuad.
A pesar del pacto entre la oposición y el gobierno, los indígenas mantienen sus medidas de resistencia "como una forma de garantizar que los acuerdos no se transformen en una componenda política y olviden a los sectores sociales".
Los transportistas también decidieron seguir con el paro. Exigen que el precio de la gasolina sea congelado y se conviertan a sucres las deudas que contrajeron en dólares al comprar sus automóviles.
"La movilización nacional en el campo y la ciudad hizo ceder al gobierno. Los posibles acuerdos sólo serán aceptados por el pueblo si reflejan su voluntad", advirtió Miguel Lluco, dirigente del opositor Movimiento Plurinacional.
Por su parte, el ex presidente Rodrigo Borja (1988-1992) aumentó la incertidumbre al aclarar que su partido, la opositora Izquierda Democrática (ID), no ha llegado a ningún entendimiento con el gobierno.
Borja exigió la rebaja de la gasolina al precio que presentaba antes de las medidas dictadas la semana última. De otro modo, agregó, los diputados de ID no votarán los impuestos proyectados y no habrá mayoría legislativa para aprobarlos. (FIN/IPS/kl/ff/ip/99
