El gobierno de Chile convocó a indígenas y empresarios a instalar una mesa de diálogo este lunes ante el recrudecimiento de los conflictos por demandas de tierras entre comunidades mapuches y compañías forestales en el sur de este país.
Los enfrentamientos en la novena región de la Araucanía llegaron a su clímax este viernes, cuando unos 200 indígenas se enfrentaron con policías y operarios forestales en un campamento maderero de Traiguén, unos 650 kilómetros al sur de Santiago.
La refriega dejó un saldo de 11 indígenas detenidos y 14 heridos, incluyendo a seis mapuches y ocho policías, y la tensión continuó durante toda la jornada con escaramuzas aisladas que se prolongaron hasta horas de la noche.
Unos 15 dirigentes de la Federación Mapuche Urbana, ocuparon a su vez durante dos horas en Santiago la sede central de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y exigieron la renuncia de su director, el abogado Rodrigo González.
La acción se produjo también en la noche del viernes y los líderes mapuches difundieron una carta al Partido Socialista, en el cual milita González, con críticas a su gestión y a la política indígena del gobierno de Eduardo Frei.
Los dirigentes hicieron asimismo un llamado a los gobiernos de los países que importan maderas desde Chile para que se abstengan de comprar productos de las empresas forestales Arauco, Millalemu y Mininco, involucradas en los conflictos.
El violento enfrentamiento del viernes ocurrió en un campamento forestal de Mininco y, según medios de prensa, los mapuches fueron dirigidos por dos activistas no indígenas, uno de los cuales era llamado "comandante" por los indígenas.
El senador de la novena región, Roberto Muñoz Barra, del oficialista Partido Por la Democracia, había advertido sobre nuevos "levantamientos" mapuches si Mininco insistía en talar bosques en tierras reivincadas por las comunidades.
Según las organizaciones étnicas, el gobierno, los empresarios forestales y la prensa realizan una campaña para desacreditar sus luchas por la recuperación de tierras ancestrales que consideran usurpadas por empresas madereras.
Los roces en la región de la Araucanía se reactivaron desde febrero y su recrudecimiento se produce a una semana de que el presidente Frei inicie una gira de tres días a la República Checa y a Francia.
En París se esperan contramanifestaciones al mandatario de chilenos exiliados en Europa, por su actitud de defensa del ex dictador Augusto Pinochet, detenido en Londres desde octubre y enjuiciado en España por crímenes contra la humanidad.
La sensibilidad internacional hacia los conflictos indígenas se agrega como un nuevo elemento de preocupación para el gobierno, en tanto constituye otro factor que podría empañar el viaje de Frei a Europa.
El enfrentamiento en Traiguén motivó en la tarde del viernes una reunión en el palacio de gobierno de La Moneda de González, los ministros de Planificación, Germán Quintana, del Interior, Rául Troncoso, y el viceministro de esta última cartera, Guillermo Pickering.
Tras el encuentro, Quintana anunció una serie de medidas con las que el gobierno se propone atacar las causas profundas de los problemas indñugenas, en una actitud que el diario La Tercera calificó este sábado de "mea culpa".
La primera acción será constituir este lunes en Traiguén la mesa de diálogo tripartita entre la Conadi, en representación del gobierno, las organizaciones indígenas y ejecutivos de las compañías madereras.
El ministro sostuvo que la agitación no constituye un problema generalizado en la Araucanía, no obstante lo cual el gobierno se propone instalar progresivamente nuevas mesas de diálogo en toda la región, luego de Traiguén.
Conadi, indicó Quintana, anunciará la próxima semana un programa "destinado a combatir los problemas de desempleo, sequía, alimentación y las disputas de tierras que existen en la zona" en conflicto.
"En virtud de los acuerdos que se produzcan en las mesas de diálogo, el gobierno acudirá a la adquisición de más tierras y se aproyará a los indígenas en la producción de éstas", añadió el ministro de Planificación.
Las demandas étnicas de recuperación de tierras en todo el país abarcan unas 20.000 hecátreas y el presupuesto de que dispone Conadi este año para comprar terrenos y asignarlos a comunidades cubre solo 7.000 hectreas.
Quintana sugirió que las autoridades aumenten los fondos para que la corporación adquiera más tierras, pero no entregó especificaciones al respecto.
Las comunidades mapuches de Traiguén no se habían pronunciado hasta el mediodía de este sábado sobre su participación en la mesa de diálogo, en la cual podrían rechazar a la Conadi, a la cual consideran poco representativa. (FIN/IPS/ggr/mj/hd ip/99
