El gobierno de Chile podrá atender este año sólo un tercio de las reclamaciones de tierras de comunidades indígenas, según fuentes oficiales, mientras continúa la tensión entre grupos étnicos y compañías forestales en el sur del país.
La decisión de algunas empresas madereras de iniciar talas de bosques en propiedades reclamadas por comunidades mapuches, podría originar en los próximos días nuevos enfrentamientos, advirtió este miércoles el senador Roberto Muñoz Barra, del cogobernante Partido Por la Democracia (PPD).
La posibilidad de nuevos "levantamientos indígenas" fue analizada también el miércoles en una reunión del viceministro del Interior, Guillermo Pickering, con altos jefes de la policía de Carabineros.
Desde febrero se reactivaron focos de tensión étnica en las regiones octava del Biobío y novena de la Araucanía, entre 500 y 800 kilómetros al sur de Santiago, con continuos choques de indígenas con policías y personal de las madereras.
La situación más compleja se vive en Purén, Lumaco y Traiguén, unos 650 kilómetros al sur de la capital, donde las comunidades indígenas reclaman 1.200 hectáreas de bosques, entregadas a explotación a la compañía forestal Mininco.
Luis Henríquez, jefe de programas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), informó que las reivindicaciones de tierras en todo el país de las minorías étnicas ascienden en total a unas 20.00 hectáreas.
De acuerdo a sus recursos y planes presupuestarios, Conadi espera adquirir en 1999 alrededor de 7.000 hectáreas para asignar a las comunidades, es decir poco más de un tercio del total de la superficie reclamada.
Las demandas de tierras se extienden desde la norteña región de Atacama, 800 kilómetros al sur de Santiago, donde habitan comunidades aymaras, hasta las regiones octava, novena y décima, en el sur, que concentran a la población rural mapuche.
Las minorías étnicas comprenden alrededor de 1,2 millones de la población de Chile, de 15 millones, con los mapuches como el pueblo más numeroso, con un millón de personas distribuidas en esas tres regiones y en áreas urbanas marginales de Santiago.
En las reivindicaciones de tierras están involucradas 1.582 familias reunidas en 47 comunidades, y sus demandas afectan a 66 predios, en su mayoría fundos (haciendas) forestales, de acuerdo al informe de Henríquez.
Conadi, creada por la Ley de Desarrollo Indígena expedida durante el gobierno del presidente Patricio Aylwin (1990-94), tiene entre sus funciones la compra de propiedades rurales a particulares para asignarlas a comunidades étnicas.
La corporación posee igualmente facultades para actuar como intermediaria para que el Ministerio de Bienes Nacionales asigne tierras fiscales a las comunidades, así como para subsidiar compras para ampliar predios indígenas.
Sergio Contreras, obispo de Temuco, capital de la región de la Araucanía, afirmó que el origen de los actuales conflictos está en un deficiente trabajo de la Conadi, que no ha satisfecho las expectativas de los pueblos indígenas.
La Conadi, creada por Aylwin como un organismo de representación paritaria del gobierno y los pueblos indígenas, fue virtualmente intervenida por el presidente Eduardo Frei durante 1998, quien cambió dos veces a su director.
El abogado socialista Rodrigo González, actual titular de Conadi, es el primer director no indígena de la entidad. La mayoría de las organizaciones mapuches se niegan a reconocerlo como un interlocutor válido.
El diario conservador El Mercurio calificó a la zona en conflicto de la Araucanía como "nuestro pequeño Chiapas", en referencia a ese estado mexicano y a la radicalización y autonomía de las organizaciones mapuches, alejadas de los partidos políticos tradicionales.
El gobierno de Frei, la prensa y sectores empresariales reconocen como base objetiva del descontento y las reivindicaciones indígenas la pobreza en que viven unos 300.000 mapuches en las regiones octava, novena y décima.
Pero a la vez insisten en que las comunidades son influidas por intereses ajenos a ellas, mediante el activismo de grupos ecologistas y anarquistas y apoyo internacional, incluso con "infiltrados extranjeros".
El gobierno insiste ante los tribunales en la expulsión del país de la española Patricia Ballesteros, el estadounidense Lee Pope y el francés Arnaud Fuentes, detenidos en incidentes indígenas, pese a que la Justicia acogió recursos de amparo en su favor.
El diputado Guido Girardi, del PPD, dijo que los actos de violencia han sido provocados por las empresas forestales, a las que acusó de contratar como supuestos guardabosques a guardias armados de seguridad.
La tensión étnica preocupa a Frei en términos de la imagen internacional de su gobierno, ya complicada por la detención en Londres desde octubre del ex dictador Augusto Pinochet (1973-90), acusado en España de crímenes contra la humanidad. (FIN/IPS/ggr/dg/hd-ip/99
