Grupos ecologistas protestaron hoy por la acción de tribunales militares contra dos ancianas pehuenches en el sur de Chile y criticaron al gobierno por el contraste entre su defensa del ex dictador Augusto Pinochet y su despreocupación por los derechos humanos de los indígenas.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales calificó de inaceptable el proceso contra las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán, abierto por la Fiscalía Militar de Chillán, ciudad situada 403 kilómetros al sur de Santiago.
Las hermanas Quintremán forman parte del grupo de familias pehuenches residentes en el curso superior del río Bíobio que se oponen a la construcción de ese lugar de la central hidoeléctrica Ralco, a cargo de la empresa hispano-chilena Endesa.
«Resulta inaceptable que los tribunales militares, de tan triste historial durante la dictadura de Pinochet (1973-90), enjuicien a dos mujeres ancianas de más de 70 años de edad, pertenecientes al pueblo pehuenche, por el presunto delito de ‘maltrato de obra a Carabineros»‘, señaló la organización.
Los pehuenches, rama de la etnia mapuche, viven ancestralmente en las tierras altas del Bíobio, el mayor río del sur de Chile, a unos 500 kilómetros de la capital, donde abundan las aracucarias, una conífera autóctona llamada pehuén en lengua indígena.
La acción contra las hermanas Quintremán y otros pehuenches se basa en incidentes que tuvieron lugar en febrero, cuando indígenas y ecologistas bloquearon la ruta de acceso a Ralco, produciéndose choques con la policía de Carabineros.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales es parte del Grupo de Acción por el Bíobio (GABB), una red de organizaciones sociales y ecologistas que se opone a la construcción de Ralco, cuya represa inundará tierras pehuenches.
Los dirigentes Lucio Cuenca y Luis Mariano Rendón dijeron que la acusación de la justicia militar es «una nueva maniobra del gobierno», que «pretende deslegitimar la pacífica lucha en defensa del territorio indígena y del patrimonio ambiental de todos los chilenos».
El gobierno del presidente Eduardo Frei apoya la construcción de Ralco, aduciendo razones de desarrollo energético, en tanto los ambientalistas la rechazan porque a su juicio destruirá irreversiblemente un hábitat ecológico único en el mundo.
El GABB califica esta obra de etnocidio, porque a su juicio atenta contra la cultura ancestral de los pehuenches y acusa al gobierno de favorecer a los consorcios hidroeléctricos en lugar de buscar alternativas para el desarrollo energético del país.
«Nos parece preocupante que el gobierno de Chile hoy no sólo se limite a defender internacionalmente al dictador que violó los derechos humanos en nuestro país, sino que también ponga en práctica muchos de los mismos métodos represivos utilizados en el pasado por su defendido», señalaron Cuenca y Rendón.
Pinochet, actual senador vitalicio, está arrestado desde octubre de 1998 en Londres y su suerte está pendiente de lo que resuelva el ministro del Interior británico, Jack Straw, ante el pedido de España para que sea extraditado a ese país.
El gobierno de Frei asumió la defensa de Pinochet desde su detención, invocando principios de soberanía que le otorgarían inmunidad diplomática y de territorialidad de la justicia, para rechazar su enjuiciamiento fuera de Chile.
El ex dictador de 83 años otorgó durante su régimen amplias facultades a la justicia militar, que instruye todas las causas contra civiles acusados de «maltratos» de obra o de palabra a efectivos policiales.
Los ambientalistas sostuvieron que los tribunales militares «utilizados ayer para encarcelar a miles de chilenos» son hoy «el instrumento para perseguir al pueblo pehuenche y a las organizaciones ecologistas».
Cuenca y Rendón dijeron así mismo que el conflicto por Ralco se continúa agravando porque las autoridades permiten que Endesa siga ejecutando obras mayores de la represa «en una evidente política de hechos consumados».
Los trabajos, según afirman, deberían estar paralizados mientras no se resuelvan en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena los conflictos en torno al trueque de las tierras y el traslado de las familias pehuenches.
Ocho familias indígenas, de un total de 81, se oponen a abandonar sus tierras. De acuerdo al GABB, gran parte de los pehuenches que aceptaron entregar sus tierras a Endesa lo hicieron bajo engaños o diversas formas de extorsión.
El Observatorio de Conflictos Ambientales emplazó al gobierno a aclarar «si respetará o no la legislación que el propio Estado chileno se ha dado para proteger la tierra, la cultura y el patrimonio ambiental de los pueblos originarios». (FIN/IPS/ggr/dg/en-hd/99
