Gobiernos y grupos de presión se oponen a que un buque cargado de desechos nucleares atraviese el mar del Caribe por segunda vez, desafiando reiteradas denuncias e intercambios diplomáticos al respecto.
Los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom), reunidos la semana pasada en Suriname, condenaron enérgicamente la travesía del Pacific Swan, con bandera de Gran Bretaña, que cruzará la región y el Canal de Panamá rumbo a Japón con una carga de 1.067 toneladas de desechos nucleares reprocesados.
El buque, que zarpó de Francia el 25 de febrero, ingresará al Caribe poor el canal Mona que separa a República Dominicana de Puerto Rico.
Los líderes de Caricom instaron a los gobiernos de Francia, Gran Bretaña y Japón a "respetar la importancia económica y la fragilidad ecológica del mar Caribe, y el bienestar de los millones de personas que dependen de este recurso único para su existencia".
"Plenamente conscientes de las consecuencias catastróficas de cualquier accidente para los habitantes y los sistemas ecológicos del mar Caribe, rechazamos categóricamente el uso del mismo como zona de tránsito para transportar materiales nucleares", expresó un comunicado emitido tras la cumbre de Caricom.
En Puerto Rico, grupos ambientalistas se preparan para la batalla.
"Este embarque constituye un elemento de enorme peligro para los ecosistemas y la población de todo el Caribe", declaró Jorge Fernández, asesor ambiental del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
"El hecho de que la ruta y el itinerario del barco sean secretos, como si fueran ladrones que acechan en la noche, agrava el peligro potencial de estos embarques", agregó.
El año pasado, el Pacific Swan atravesó aguas del Caribe con una carga similar, pese a las acaloradas protestas de los gobiernos y grupos ambientales de la región.
El buque contiene 40 cilindros de desechos nucleares vitrificados. "Estos bloques de vidrio son tan radiactivos que cualquier persona que se encuentre a un metro de un dispositivo que no esté debidamente aislado podría recibir una dosis de radiación letal en menos de un minuto", explicó un comunicado de prensa de la organización ambientalista Greenpeace.
"Sumamos nuestras voces al llamamiento mundial contra el reprocesamiento y transporte de materiales radiactivos debido al peligro que representa para la salud pública y el ambiente marino", declaró Wanda Colon, coordinadora del Proyecto para la Justicia y la Paz en el Caribe, con sede en San Juan.
"Debemos ir eliminando paulatinamente la energía nuclear y darle una oportunidad real a las alternativas sustentables, como la energía solar, eólica y geotérmica", sostuvo Colon.
Sin embargo, las autoridades de Cuba no lo ven así.
En las sucesivas reuniones de la Asociación de Estados del Caribe, de la que Puerto Rico no es miembro pleno, La Havana sostuvo que aunque existe inquietud por los efectos ambientales del transporte de desechos nucleares, sería problemático imponer condiciones para prohibir su pasaje por el Caribe.
"Esto tendría un serio impacto sobre nuestro desarrollo", informó a IPS el embajador cubano en Puerto España, Guillermo Batista.
Cuba está analizando usar en forma más extensiva la energía nuclear con fines civiles. "Indudablemente no podemos prohibirla totalmente", aclaró Batista. "Pero debemos asegurarnos que se cumplan todas las medidas para proteger el ambiente".
"Cuba comparte la preocupación de nuestros vecinos del Caribe por los temas que surgen con respecto a la seguridad de estos cargamentos", agregó.
La posición de los opositores a los embarques se debilitó cuando a fines de febrero el juez federal de Estados Unidos Salvador Casellas desestimó una demanda presentada por una coalición de grupos de Puerto Rico.
Los demandantes, incluso grupos ambientales y asociaciones de pescadores puertorriqueños, buscaban prohibir el pasaje de buques con materiales radiactivos por el canal Mona.
En su dictamen de 20 páginas, el juez Casellas resolvió que el gobierno de Estados Unidos no tiene derecho a interferir con los embarques, excepto en el caso de que se produzca un accidente a bordo.
"El juez se equivocó en su decisión porque no consideró la naturaleza peligrosa del material y el riesgo que implicaba el traslado del mismo por el Canal Mona, conocido por sus fuertes corrientes", opinó Luis Silva, portavoz de los demandantes.
Los actores de la demanda presentaron una apelación a la decisión del juez Casellas en el Tribunal de Apelaciones de Boston.
El 26 de febrero, el senador Ruben Barrios del PIP presentó una resolución que expresa el repudio al pasaje del buque en nombre del pueblo de Puerto Rico.
El documento, que describe al buque como "un Chernobyl flotante", sostiene que la tecnología para transportar estos desechos nucleares no es segura.
También se refiere a un estudio de la Universidad de Princeton que concluyó que no existen métodos adecuados para asegurar que los contenedores del buque permanezcan herméticos en condiciones de viaje normales.
La resolución también menciona que la nave experimentó un incendio a bordo en 1990 durante un viaje por el océano Atlántico.
"Un accidente de tal naturaleza pero de proporciones mayores podría provocar una repetición de la tragedia de Chernobyl, esta vez en el Caribe", determinó la resolución.
Los líderes de Caricom expresaron su "estupor ante la creciente frecuencia y el volumen de los materiales nocivos que se transportan, y el hecho de que el mar Caribe se ha convertido en la ruta de tránsito preferida, pese a las reiteradas protestas de los estados de la región".
Los líderes instaron al gobierno del presidente Bill Clinton a "utilizar su autoridad para prohibir el pasaje de materiales nucleares peligrosos por esa ruta". (FIN/IPS/tra-en/cr/wg/cb/mvf/aq/en/99
